_
_
_
_
CONDENA A ESPAÑA

De Palacio y el abogado general de Luxemburgo, en entredicho

Carlos Yárnoz

La contundente sentencia de ayer pone punto final a una dura y agria batalla que durante casi cinco años se ha desarrollado en los frentes de Bruselas, Madrid y Luxemburgo, entre otros. La comisaria de Transportes y Energía y vicepresidenta de la Comisión, Loyola de Palacio, y el abogado general encargado del caso en el Tribunal de la UE, el también español Dámaso Ruiz-Jarabo, son las dos personas que ayer quedaron más en entredicho.

La primera, porque ha sido, frente a varios comisarios, la más ferviente defensora de la acción de oro. El segundo, porque en marzo pasado defendió la legalidad de la norma española y ahora el Tribunal sentencia lo contrario, algo que sólo ocurre en dos de cada diez casos. En el lado opuesto, los comisarios Frits Bolkestein, de Mercado Interior, y Mario Monti, de Competencia, defendieron criterios más restrictivos.

El interés general

En cuanto al abogado general (una especie de fiscal) Ruiz-Jarabo, sus conclusiones fueron vistas con recelo por tratarse de un español y porque su hermano, Ignacio, preside la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Para él, la acción de oro en España, es "compatible" con el Tratado de la UE y estaba justificada "por razones de interés general" y era "proporcionada" con el fin que perseguía. Para más casualidades, el magistrado que encabeza la firma de 14 jueces que han intervenido en la sentencia y presidente del Tribunal es el también español Gil Carlos Rodríguez Iglesias.

La batalla había comenzado el 26 de octubre de 1998, cuando la Comisión comunicó a España que la legislación podía infringir la libre circulación de capitales. Tras el correspondiente intercambio de pareceres, la Comisión denunció a España al Tribunal en 2000 por entender que eran contrarias al derecho comunitario la ley de marzo de 1995 (bajo Gobierno socialista) sobre el régimen jurídico de enajenación de participaciones públicas y cinco decretos, aprobados ya con Gobiernos del PP, por los que se regulaba en Repsol (1996), Telefónica (1997) y Argentaria, Tabacalera y Endesa (1998). La decisión de la Comisión de acudir al Tribunal contó con el voto a favor de Loyola de Palacio, quien ayer prefirió no pronunciarse. Sí lo hicieron fuentes próximas al comisario Bolkestein, que mostraron su satisfacción.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Carlos Yárnoz
Llegó a EL PAÍS en 1983 y ha sido jefe de Política, subdirector, corresponsal en Bruselas y París y Defensor del lector entre 2019 y 2023. El periodismo y Europa son sus prioridades. Como es periodista, siempre ha defendido a los lectores.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_