Puntualización
El diario EL PAÍS publicó en el suplemento Domingo del pasado día 27 de abril un artículo titulado Muerte en cárceles extrañas, dando cuenta de las difíciles condiciones en que se desarrolla la vida de los ciudadanos españoles presos o detenidos en cárceles en el extranjero, resaltando los fallecimientos producidos recientemente.
Dado que las muertes de estos compatriotas son el dato más dramático manejado en el artículo, debo indicarle que, desgraciadamente, las redes de narcotraficantes que captan a la inmensa mayoría de quienes integran este colectivo -a título de ejemplo, en el caso de Ecuador, de los 79 detenidos actualmente, 78 lo han sido por tráfico de estupefacientes- están recurriendo cada vez con más frecuencia a personas en situación de enfermedad terminal; de ahí el triste dato, señalado en el artículo, de los 15 presos españoles que han fallecido a lo largo de los últimos 16 meses en prisiones extranjeras.
Las oficinas consulares en ningún caso pueden sustituir a las autoridades penitenciarias correspondientes en el ejercicio de proporcionar a los enfermos la atención necesaria que puedan necesitar. Lo mismo puede decirse de la alimentación, higiene, condiciones de vida en general, etcétera. Lo más que pueden conseguir es que se proporcione al ciudadano español un trato no inferior al que recibe el nacional
del país en que se está cumpliendo la sentencia. Como, desgraciadamente, en algunos países las condiciones de las prisiones distan mucho de ser satisfactorias, los consulados hacen cuanto está en sus manos para paliar esas condiciones, pero en ningún caso pueden convertirse en un sistema penitenciario paralelo y similar al español.
Sin caer en la autocomplacencia, puedo asegurarle que ningún país ha desarrollado un sistema de asistencia y protección consular a sus detenidos en el extranjero como España, y ninguno tiene tampoco una red tan amplia de acuerdos bilaterales para permitir el traslado a nuestro país de detenidos en el extranjero, para que puedan acabar de cumplir su condena en prisiones españolas. Son datos objetivos y fácilmente comprobables.
No es descartable que el problema siga aumentando en el futuro por las razones que antes he señalado -en la actualidad, 1.559 ciudadanos españoles se encuentran detenidos en prisiones extranjeras-, y frente a ello, no por previsible menos lamentable, puedo asegurarle que las oficinas consulares españolas seguirán trabajando hasta el límite de su capacidad para conseguir que las condiciones de vida de estos ciudadanos se desarrollen dentro de los límites de lo admisible y, en los casos en que ello resulte posible, para acelerar su traslado a prisiones españolas.
