Populares y socialistas acuerdan urbanizar la playa de Torre la Sal

Los votos de los concejales del PSPV en el Ayuntamiento de Cabanes fueron ayer determinantes, al sumarse a los del PP, para la adjudicación de más de un millón de metros cuadrados de espacio virgen a la empresa Construcciones Castellón 2000, perteneciente al Grupo Marina d'Or. La urbanización planeada ocupará la zona conocida como Torre La Sal, un área ubicada entre el término municipal de Oropesa y el paraje natural de El Prat de Cabanes. La adjudicación ha estado precedida por informes y contrainformes, aunque ninguno de ellos fue redactado por los técnicos municipales.

El pleno municipal, convocado con una corporación que variará en apenas un mes, se celebró ante la expectación de un importante número de vecinos que aguantaron, estoicamente, las más de dos horas de la sesión. El pleno fue abandonado por dos de los seis ediles que conforman el equipo de gobierno del Partido Popular. Ambos, José Herrasti y Teresa Gual, con intereses particulares en la zona, abandonaron el salón de plenos, al que no entró otro de los representantes municipales de los populares en Cabanes, Vicente Luis Alcácer, y por lo tanto tampoco participó en la votación. Así, como era de esperar, los miembros del grupo socialista tuvieron la llave para la adjudicación o, en el caso de que así lo hubieran decidido, para aplazar la decisión hasta el próximo pleno municipal, una vez pasadas las elecciones y elegida la corporación que gobernará en el municipio durante los próximos cuatro años. Una concejal del PP, Lidón Vallés, se abstuvo en la votación.

Los concejales socialistas optaron por apoyar la propuesta presentada por el alcalde, el popular Artemio Siurana. La prolongación del pleno se debió a que el secretario leyó todo el expediente. Así, hizo referencia a cada una de las más de trescientas alegaciones que se presentaron durante el período de exposición pública, así como sus respuestas. Si hasta el día de celebración del pleno la mayor polémica se situaba en el número de alturas que proyectaba cada empresa, en los últimos días, las acusaciones se han centrado en el futuro del 10% que los urbanizadores han de ceder, por ley, al consistorio. Éste, ya ha anunciado su intención de vender a la adjudicataria los 120.000 metros cuadrados que obtendrá del aprovechamiento. Así, la adjudicación ha estado precedida por un cruce de acusaciones públicas entre las dos empresas que optaban: la que finalmente surgió como adjudicataria, Marina d'Or, y Medi Valencia, que también aspiraba al proyecto. Las acusaciones de Medi se centran en el precio que sus competidores pagarán al Ayuntamiento y que se limita a 50 euros cuando, según varios propietarios, se han llegado a pagar 150 euros por metro cuadrados. Medi también acusa a la ya adjudicataria de no haber tenido "las mismas oportunidades" que sus competidores y por ello, según ha anunciado ya, recurrirá la decisión plenaria.