El despido de profesores de religión católica vuelve al Constitucional

Hasta qué punto es "libre y no susceptible de control" un obispo católico para despedir a un profesor de religión de la escuela pública por la causa que sea? Se lo pregunta el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que acaba de plantear una nueva cuestión de inconstitucionalidad contra la legislación que permite a la Iglesia de Roma despedir a sus docentes en España por causas como casarse por lo civil, irse de copas, ser concejal de un partido de izquierdas o, simplemente, ejercer el derecho de huelga o a la libertad de expresión. El Tribunal Superior canario plantea al Constitucional que los acuerdos entre España y el Estado del Vaticano en materia de enseñanza religiosa, y la interpretación que los prelados dan a la Ley 50/1998 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, pactada entre la Conferencia Episcopal y el entonces ministro de Educación, Mariano Rajoy, pueden vulnerar los artículos 9, 14, 16, 20, 23, 24, 28 y 103 de la Constitución Española.

Margarita Pérez Eguiagaray, profesora de catolicismo desde 1980 en diversos centros públicos de enseñanza secundaria, mediante sucesivos nombramientos efectuados a propuesta del Obispado de Canarias, y secretaria de la Asociación de Profesores de Religión de Enseñanzas Medias, perdió su empleo en agosto de 2002 después de escribir tres artículos en la prensa canaria y de participar en una huelga legal convocada por la Intersindical Canaria durante el curso 2000-2001. El largo pleito iniciado por la docente en defensa de sus derechos se saldó con reiteradas sentencias a su favor, pero tanto el Gobierno como el Obispado canarios recurrieron en suplicación al Tribunal Superior, que ahora ha decidido trasladar al Constitucional un problema que, a su juicio, está lastrado de varias sospechas de inconstitucionalidad.

Es la segunda vez que el TSJC eleva una cuestión de este tipo al tribunal de Estado encargado de interpretar al Constitucional. Hasta la fecha, tanto el Obispado de Canarias como el Gobierno de esa comunidad han cosechado una docena de reproches judiciales por su trato laboral a los docentes de religión, y varios tribunales de instancia están tramitando todavía otras muchas demandas, de próxima resolución.

Derechos fundamentales

La tesis del Gobierno canario ante el Tribunal Superior de su comunidad es que la relación laboral discutida está sujeta a la propuesta del Ordinario (obispo)para su renovación, de tal forma que si se decide la no renovación se extinguirá la relación laboral. El recurso destaca, además, que esa decisión episcopal es absolutamente libre y no susceptible de control. La reforma de 1998, en la que el Gobierno del PP cedía a las tradicionales exigencias de la Iglesia, acordó que la Administración educativa se hacía cargo de los contratos y los salarios de los docentes de catolicismo, mientras cada obispo se reservaba cada año la decisión de qué profesores debían tener tales contratos y cuáles debían perder el empleo -independientemente del tiempo que llevaran trabajando para la Administración educativa-.

Los tribunales de Justicia de numerosas comunidades autónomas se han enfrentado a partir de entonces a una oleada de demandas por despidos sin causa -o argumentados en razones morales y de la vida privada-, con resultados desiguales, pero siempre muy polémicos. El mes pasado, la Generalitat de Cataluña se declaraba harta de esa situación después de perder otro pleito por despedir a uno de esos profesores. "Esta Administración no tiene por qué apechar con las consecuencias de una determinada conducta del Arzobispado de Barcelona", le dijo el Gobierno catalán al Tribunal Superior de su comunidad. En aquel caso, el docente despedido, Francesc Joan Viger Solé, lo fue por haber osado recurrir ante los tribunales contra una reducción de su jornada de trabajo. Todas las sentencias le fueron favorables porque, dijeron, no se puede despedir por ejercer el derecho fundamental a la tutela judicial, al margen de lo que digan los acuerdos de 1978 entre el Estado español y el de la Santa Sede.

El TSJC, en el caso de la profesora Pérez Eguiagaray, le dice al Constitucional que es dudoso que las tesis del obispo y el Gobierno canarios tengan "cobertura en la Constitución en la medida en que esa decisión [de despedir sin explicar la causa] puede suponer la consciente e intencionada vulneración de derechos fundamentales que, en principio, y sin excepción, reconoce la Constitución a los trabajadores por cuenta ajena". El ponente de la resolución es el presidente de la sala de lo social del TSJC, Humberto Guadalupe Hernández, formando sala con María Jesús García Hernández y Eduardo Jesús Ramos Real.