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ELECCIONES 25M | Los problemas ciudadanos

El suspenso de la justicia, la gran asignatura pendiente

PP y PSOE proyectan una ciudad judicial para acabar con la actual dispersión de sedes

La justicia sigue cosechando suspensos en Madrid. La dispersión de sedes y los endémicos retrasos que flagelan a casi todas las jurisdicciones destacan entre sus problemas. Para solucionar el actual lío de sedes judiciales (hay 17 en la capital), la propuesta del PP es crear una ciudad judicial en Chamartín para dentro de cinco o seis años. El PSOE también comparte el modelo de ciudad judicial, pero sostiene que Madrid requiere medidas urgentes mientras ésta se levanta. Afirman los socialistas que un proyecto de esa envergadura tardaría, al menos, unos 10 años en desarrollarse. Por eso, la apuesta inmediata del candidato socialista a la Comunidad, Rafael Simancas, es ampliar la plantilla de jueces y fiscales y levantar otros dos nuevos edificios en sendos solares públicos situados en los aledaños de la plaza de Castilla.

El juez decano cree que Madrid debe tener 20 juzgados más para que la justicia sea ágil

La asimetría judicial entre Madrid y Barcelona es patente. Mientras la capital del Estado genera al año unos 510.000 asuntos penales y tiene 50 juzgados de instrucción para una población algo superior a los tres millones de habitantes, la catalana dispone de 33 para 1,5 millones de habitantes, y, además, tramita la mitad de asuntos que Madrid.

El decano de los 224 juzgados de la capital, José Luis González Armengol, afirma que Madrid necesitaría otros 20 juzgados de instrucción (en total, 70) para lograr una justicia rápida, ágil y eficaz. A la luz de los nuevos juicios rápidos (que entraron en vigor el pasado 28 de abril), Madrid ha visto incrementados en cuatro sus juzgados de instrucción (al pasar de 46 a 50) y ha doblado su número de juzgados de guardia (de tres a seis). Los nuevos juicios rápidos, que constituyen una auténtica revolución de la justicia penal española, fueron pensados por y para Madrid, donde confluyen todos los males que con ellos se quieren evitar.

El principal objetivo de estas vistas es combatir el crecimiento de la delincuencia. Estos juicios ya tienen 11 días de vida y entre los juristas empiezan a aflorar las dudas respecto a su eficacia real. De momento, se están celebrando 16 juicios de faltas diarios y entre seis y 10 juicios por delitos. "Son cifras insignificantes en relación con el número de casos que llegan", señalan fuentes jurídicas.

Con todo, uno de los grandes quebraderos de cabeza de la justicia madrileña es la dispersión de sedes judiciales. Lo único unificado que hay es la jurisdicción de menores. La Comunidad de Madrid ha alquilado dos bloques de edificios en la calle de Julián Camarillo (en San Blas). Allí ha instalado, en un mismo bloque, los seis juzgados de menores, la fiscalía y el Grume (grupo policial de menores). En el otro bloque ha reubicado los 23 juzgados de lo penal, que antes estaban en la plaza de Castilla. El traslado persigue dejar huecos en los congestionados edificios de la plaza de Castilla para ubicar allí los cuatro nuevos juzgados de instrucción creados a raíz de los juicios rápidos y poder ampliar otros servicios. Pero esta iniciativa supone diseminar la jurisdicción penal, que ahora estaba unida. Los propios jueces han advertido que ello implicará la suspensión de unos 2.000 juicios anuales.

Los fiscales, por su lado, vienen pidiendo aumento de plantilla desde hace dos años, cuando entró en vigor la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, que amplía sus competencias. Por ejemplo, en los asuntos de familia. Precisamente, la jurisdicción de familia es ahora una de las más colapsadas. En la capital se producen anualmente en torno a 10.000 asuntos por divorcios y separaciones. Y sólo hay nueve juzgados para tramitarlos. Ahora mismo, separarse en la capital comporta un suplicio añadido si la pareja no se pone de acuerdo en las condiciones y tiene que acudir al juez para que éste adopte una medida provisional. La espera, sólo para esa medida provisional, alcanza los siete meses. Los juzgados de lo civil también están desbordados de trabajo. Una demanda tarda una media de un año en resolverse con sentencia. Y si alguna de las partes la recurre, a ese año hay que sumar, aproximadamente, otros dos años. La Sección Civil de la Audiencia tenía acumulados hace dos años 25.000 asuntos y sufría retrasos de hasta tres años. Justicia elaboró un plan de choque y creó 12 secciones bis para hacerse cargo de ellos. La bolsa de 25.000 asuntos hoy se ha reducido a la mitad, pero sigue estando ahí. Importantes son también los atascos que padecen, por ejemplo, los tres juzgados de vigilancia penitenciaria. Cada uno de ellos tiene a su cargo casi 2.500 presos, más del doble de internos por juzgado de los que establece como límite el Poder Judicial.

También existe un plan de choque desde hace tres años en la sala de lo contencioso del Tribunal Superior, que sigue siendo el órgano judicial más colapsado de España y en el que los retrasos superan los dos años.

"Sin teléfono y sin ordenadores"

Anteayer, la Fiscalía de Madrid dirigió un escrito al director general de Justicia de la Comunidad, José Luis López del Moral, quejándose de los problemas con que se está topando este departamento tras la entrada en funcionamiento de los juicios rápidos.

La fiscalía se queja de las deficiencias halladas en el nuevo edificio de la calle de Julián Camarillo, 11, y del incumplimiento de la promesa de que este edificio estaría "plenamente operativo el 28 de abril", primer día de juicios rápidos. "Esta semana", indica la fiscalía, "al iniciarse el traslado de los juzgados de lo penal, hemos podido comprobar cómo los locales destinados a los despachos de fiscales del uno al cinco estaban ocupados por los juzgados de lo penal 13, 19 y 11". Además, "la fiscalía carece de línea telefónica, de ordenadores, impresoras, servicio de fax, armarios y, en general, del más indispensable material de oficina. "Esta situación", añade la fiscalía, "impide el inicio de nuestras actividades en dicha sede. Pedimos que, con prontitud, sean restituidos los espacios arrebatados, y que se dote a la fiscalía del material necesario [para trabajar], que ya hemos solicitado reiteradamente. De prolongarse esta situación se produciría un grave quebranto de este servicio público". Este escrito es sólo un botón de muestra de la situación de la Fiscalía, cuyo jefe, Mariano Fernández Bermejo, ha sido expedientado por el fiscal general tras pedir más medios humanos y materiales para afrontar los juicios rápidos. Y es que Madrid necesita, al menos, otro medio centenar de fiscales. "No podemos partirnos en dos ni tenemos el don de la ubicuidad", señala un fiscal. Además, la agenda de juicios rápidos de los dos últimos días se ha borrado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 10 de mayo de 2003

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