Simancas: "Vamos a acabar con los especuladores urbanísticos"

La pugna por la presidencia del Gobierno regional se presenta como una de las más reñidas de estas elecciones. Al menos, eso es lo que apuntan las encuestas. Rafael Simancas conoce los datos y reconoce que empieza a pensar en cómo gobernará Madrid.

Pregunta. Desde que empezó a hablarse de elecciones hasta ahora, ha habido un claro remonte de las encuestas que le dan ganador.

Respuesta. Nosotros no vamos a reaccionar ante las encuestas que nos dan como ganadores, ni ante el clima que percibimos en Madrid, que es un clima de cambio, con un exceso de confianza o de suficiencia. Vamos a seguir trabajando con toda humildad para ganarnos día a día el respeto, la confianza, el apoyo, y el voto de la gente. Sí es verdad que detectamos que ya se ha producido un veredicto en la calle, en la Universidad, en los mercados, en los comercios, en los centros de mayores... Nosotros confiamos en que el veredicto que ya se ha producido en la calle se traslade a las urnas el 25 de mayo.

"La policía autonómica estará formada por los 9.000 agentes locales de la región"

"Confiamos en que el veredicto que ya se ha producido en la calle se traslade a las urnas"

"Vamos a quitar el impuesto de la gasolina que financia la Sanidad, es absurdo"

"Lo primero que haré, si gano, es abrir el edificio del Gobierno a los madrileños"

P. ¿Cree que ese veredicto que se ha producido se va a notar a nivel nacional?

R. Sí, porque buena parte de los cambios que los madrileños queremos en la política pasan también por la política nacional. Son cambios que tienen que ver con los objetivos de la política. Los ciudadanos quieren que la política se centre en las necesidades, en los problemas y en los retos de la gente. Yo quiero hablar de vivienda, de seguridad, de sanidad, de los mayores... Hace falta menos autoritarismo, menos crispación, menos avasallamiento, y más diálogo, más democracia y más talante participativo. Los ciudadanos desean este cambio tanto a nivel local como a nivel regional como a nivel nacional, porque el principal crispador de la política española y de la política madrileña es José María Aznar, precisamente el padrino que se ha buscado Esperanza Aguirre para esta campaña.

P. Habla de talantes y la semana pasada, en la fiesta del Día de la Comunidad, hablaba de gestos. ¿Cree que es importante que, además de su programa, la gente de la calle perciba ese tipo de complicidades, de nuevos los gestos?

R. Los ciudadanos han salido a la calle de forma muy masiva en estos últimos meses, no sólo para manifestar su voluntad contraria a la LOU, a la guerra de Irak... También han salido a la calle, se han manifestado de forma muy mayoritaria en contra de una determinada estrategia que ha puesto en marcha el Partido Popular: la estrategia de tomar los votos como rehenes para actuar en contra de la voluntad de la mayoría. Desde luego, se trata de una actitud poco democrática. El Partido Popular, cada vez que surge alguna dificultad, algún problema en el escenario político madrileño o español, siempre ha reaccionado de la misma manera: actuando contra la voluntad de la mayoría e incluso crispando la vida política y acusando, denigrando o criminalizando a aquellos que se han manifestado de una u otra manera en contra de lo que hacía el Partido Popular. Los ciudadanos madrileños quieren otra forma de hacer política, un talante más tolerante, más abierto, menos crispado, quieren políticos que fomenten el diálogo, el acuerdo, que escuchen a la gente, que no utilicen los votos para actuar contra la mayoría, sino a favor de la mayoría. Las ciudadanos no quieren políticos que piensen que la democracia consiste sólo en votar cada cuatro años y el resto del tiempo ver telediarios trucados y callar.

P. Ruiz-Gallardón intenta recabar mayores competencias en el Ayuntamiento de Madrid, en el momento en que él opta a ser alcalde. Pero si él pide más competencias, usted pierde competencias. ¿Apoya esa ley?

R. La Comunidad de Madrid tiene que hacer un esfuerzo de consolidación institucional. El gobierno regional del Partido Popular ha dejado algunos asuntos pendientes: uno es la ley de capitalidad. Está prevista en la propia Constitución y no se ha llevado a cabo. Hay pendiente una descentralización de funciones, de competencias y de recursos, pero en las autonomías, a los ayuntamientos, que todo el mundo da como necesaria pero que nadie acaba por aplicar en esta región. Está pendiente también la creación -nosotros lo hemos propuesto en la Comisión- del Defensor del Pueblo de la Comunidad de Madrid. Está pendiente la modificación del reglamento del Parlamento Regional y algunos desarrollos institucionales para consolidar definitivamente la Comunidad de Madrid. Está también la cuestión concreta de capitalidad. Y estoy convencido de que la ley de capitalidad debe llevarse a cabo: primero, porque lo establece el estatuto; y segundo, porque es necesaria. La ciudad de Madrid disfruta de algunas ventajas a raíz del hecho de la capitalidad, es el centro del debate político...

P. ¿No le da miedo que Alberto Ruiz-Gallardón se convierta en un alcalde modelo Nueva York y usted en el presidente de los pueblos?

R. No, no. Le voy a responder con claridad y concreción: creo que no sólo Madrid, sino el conjunto de los municipios de la región de Madrid tienen que asumir más funciones, más competencias y más recursos. No se trata de un simple intercambio de cromos, de cuotas de poder o de asignaciones presupuestarias. Se trata de prestar un buen servicio a los ciudadanos y ciudadanas de Madrid. Soy de los convencidos de que en determinadas cuestiones y en determinados ámbitos, los ayuntamientos tienen más conocimiento de causa, más capacidad de organizarse, más posibilidad de hacer una gestión eficaz y eficiente.

P. ¿Reclama más competencias en materia de seguridad ciudadana?

R. Por supuesto. En materia de seguridad; en materia de educación a nivel infantil y primario; en materia de sanidad pública; de prevención de la enfermedad; en materia de atención a mayores; incluso en materia de vivienda. Más competencias supone mejor servicio a los ciudadanos. La Comunidad de Madrid va a seguir gestionando la mayor parte del gasto público, y va a tener en sus manos las principales competencias: por ejemplo, la ordenación territorial, el gasto público y sanitario, la política de coordinación de seguridad...

P. La inseguridad ciudadana es uno de los problemas que más preocupan. ¿Cuál es su propuesta para combatirla?

R. Quiero una policía autonómica para Madrid que se va a conformar con el conjunto de las policías locales de la región. Voy a solicitar más competencias, más funciones, más recursos para las policías locales. Y voy a plasmar ese nuevo marco competencial en una ley de coordinación de policías locales que llevaremos al Parlamento regional durante este año, antes de terminar este 2003. La policía autonómica de Madrid será, por lo tanto, el conjunto de las policías locales. Quiero más competencias y más recursos, y una coordinación desde el gobierno regional. Quiero liderar desde el gobierno regional y desde la Puerta del Sol la lucha contra la criminalidad en Madrid. Los ayuntamientos y las policías locales tienen más capacidad para detectar dónde están los problemas más importantes de seguridad en cada momento, y saben dónde están los núcleos de marginalidad social que al final desembocan en problemas de delincuencia. Ellos saben dónde se producen las reyertas por la noche, saben alrededor de qué institutos de bachillerato hay bandas de jóvenes armados... Eso lo saben los policías locales.

P. ¿Necesitará entonces más agentes?

R. Las policías locales, en Madrid, no están mal dotadas. Conforme iba decreciendo la dotación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de Madrid, iban creciendo paralelamente las dotaciones de la policía local. En estos momentos hay 9.000 policías locales en la región.

P. Pero sin el respaldo de una justicia rápida, las medidas policiales se antojan insuficientes para erradicar la inseguridad...

R. Se están generando problemas graves en sectores amplios de la sociedad madrileña. Se están cambiando comportamientos sociales: los mayores, en determinados barrios de Madrid, no salen en momentos concretos del día. Se están cambiando comportamientos sociales y no podemos permitirlo. La lucha contra la criminalidad depende también de una justicia eficaz y rápida, y la administración de justicia en Madrid es lenta, ineficiente y cara. En Madrid se tarda entre seis y siete meses en dictaminar medidas provisionales para un caso de separación: siete meses, quién se queda con la casa, quién se queda con los niños... Esto es una barbaridad, porque hay muchas mujeres que están corriendo riesgos de ser víctima de maltrato durante ese tiempo. Aquí, desde luego, hay que dedicar recursos suficientes a la justicia. Hace falta revisar toda la planta judicial madrileña. Faltan juzgados, jueces, fiscales.... El Partido Popular lo ha fiado todo al proyecto de la ciudad de la Justicia. Al final, ni hay una ubicación clara, ni hay suelo decidido al respecto, ni nada.Por eso, hemos hablado de crear unos nuevos espacios para la administración de Justicia en torno a la plaza de Castilla, adquiriendo unos nuevos suelos que ya tenemos localizados, que están en manos de Patrimonio y de la propia Comunidad.

P. Otro de los grandes problemas es el acceso a una vivienda.

R. La vivienda es el ejemplo más patente de las políticas antisociales del Partido Popular. En los últimos cuatro años el precio de la vivienda se ha elevado un 88% y en los últimos siete años más de un 120%.

P. ¿ Cuál es su solución?

R. Vamos a modificar la Ley del Suelo, y vamos a frenar las estrategias especulativas, vamos a desarrollar y gestionar los desarrollos urbanísticos mediante consorcios públicos, y no mediante juntas de compensación. Vamos a acabar con los especuladores urbanísticos. La junta de compensación significa sentar a los dueños del suelo y decirles: 'Ahí tienen ustedes el suelo, hagan ustedes lo que quieran, pongan los precios que les de la gana...'. El consorcio supone control: distribuir usos del suelo, fijar plazos, incluso determinar el precio de las viviendas. En la Ley del Suelo vamos a promover y dar facilidades a los consorcios y vamos a penalizar fiscalmente la creación de juntas de compensación. Y desde luego, vamos a garantizar que el 50% del suelo público se destine a la construcción de vivienda protegida...

P. Es decir, fomentar los consorcios.

R. Eso lo vamos a plantear en la ley. La junta de compensación tiene muchos más costes. Vamos a actuar de tal manera que a todo el mundo, al ayuntamiento y a los constructores privados, le convenga más participar en un consorcio. De cualquier manera, todos los desarrollos urbanísticos en los que participe la Comunidad se van a hacer a través de consorcios, no a través de juntas de compensación. Lo primero que haremos será reformar la Ley del Suelo para garantizar que el 50% se dedique a vivienda protegida. Para que la gente lo entienda: para nosotros debe prevalecer el interés general sobre el particular de los constructores. Queremos construir 50.000 viviendas protegidas en propiedad y otras 50.000 para alquiler. Vamos a fomentar la salida al mercado de alquiler de las viviendas vacías de Madrid (casi 200.000) con un plan de incentivos fiscales y de avales públicos contra el deterioro y el impago. También vamos a promover la rehabilitación de 10.000 viviendas al año.

P. Dice que su política va a huir de las grandes infraestructuras y va a centrarse en los asuntos que afectan de cerca a los ciudadanos. Por ejemplo, la sanidad y la educación ¿no?

R. Eso lo expresaba muy bien Esperanza Aguirre cuando, hace unos días, unos ciudadanos le preguntaron por su hospital, y ella les dijo: "Bueno, haremos todos los hospitales que hagan falta. Pero que conste que todos, cuando tenemos un problema grave, nos vamos a Houston". No sé en qué ambiente se mueve Esperanza Aguirre, pero estoy convencido de que la mayoría de los ciudadanos de Madrid no se pueden ir a Houston [Estados Unidos]. Nosotros vamos renegociar las transferencias sanitarias que llegaron a Madrid con un desfase de casi 200.000 millones de pesetas. Queremos hacer un esfuerzo llevando al Parlamento una ley que plantee tiempos máximos de espera en intervenciones quirúrgicas y en pruebas de diagnóstico.

P. ¿Eliminará el impuesto autonómico que hoy grava la gasolina para financiar la sanidad?

R. Sí, vamos a quitarlo. Es un impuesto absurdo. No puedo convencer a mi madre de que para que no tenga lista de espera tenga que darse antes unas vueltas a la M-40.

P. ¿Qué es lo primero que hará si llega a la presidencia?

R. Abrir el edificio de la Casa de Correos a los madrileños y una oficina de atención para los ciudadanos. Después me reuniría con todos los agentes sociales para acordar un gran pacto por la vivienda.