Arias Cañete apoya extender la prueba de las 'vacas locas' a 300.000 reses españolas

La Comisión Europea pretende lavarse las manos frente a posibles demandas asegurando que la responsabilidad del control de la situación es de los Estados miembros, y que éstos no han sido diligentes a la hora de aplicar las medidas en vigor. España tenía previsto hacer 5.000 pruebas de detección del prión que origina la encefalopatía espongiforme bovina, o mal de las vacas locas, a partir del 1 de enero, fecha en la que entra en vigor una directiva comunitaria sobre este asunto. "Nosotros ya hemos decidido multiplicar por seis el número de pruebas, haciendo 30.000, pero si el lunes la UE decide extenderlas a todas las vacas a partir de cierta edad, lo apoyaremos elevando el número a 300.000", dijo Arias Cañete. El político español no especificó si España cuenta con medios suficientes para hacer este exhaustivo control, pero sí aseguró que se hará "cualquiera que sea el coste" si de esa forma se garantiza la seguridad al consumidor. España está igualmente abierta a la posibilidad de prohibir, como ha hecho Francia, las harinas animales también para cerdos, aves de corral y peces de factoría. A pesar de que la Comisión insiste en que no hay pruebas científicas que confirmen la peligrosidad de su uso en estas especies, España es partidaria de extender la medida porque entiende que el mayor número de casos en Francia demuestra que las harinas se han usado en las granjas para todos los animales, incluidos los rumiantes. Pese a ello, Arias Cañete añadió que en España se tiene la ventaja de contar con una harina de soja más sana y más barata gracias a los acuerdos con Estados Unidos, que es la que se utiliza tradicionalmente para alimentar al ganado vacuno. "Además, en España no hay tantas explotaciones mixtas [de rumiantes y no rumiantes] como para terminar dando la misma harina a todos", explicó.

Byrne sorprende

El día de ayer fue intenso para los ministros de Agricultura de los Quince, reunidos en Bruselas con motivo del Consejo de Pesca, y los comisarios David Byrne, de Protección del Consumidor, y Franz Fischler, de Agricultura. Byrne sorprendió a todos anunciando el envío de una carta a todos los ministros europeos pidiéndoles que el próximo lunes, en el Consejo de Agricultura, manifiesten oralmente o por escrito si están satisfechos de sus propios controles. Byrne, a través de su portavoz, Beate Gminder, insistió también en que la Comisión Europea no tiene ninguna responsabilidad en el seguimiento de los controles, si bien Bruselas dispone de un centenar de inspectores. La delegación española tachó de "impropia de un comisario" esta iniciativa. Byrne ya exaltó los ánimos de los países miembros esta semana en el Parlamento Europeo al señalar deficiencias en el control ejercido por los Estados. La Comisión Europea, requerida por la prensa para especificar a qué países se refiere Byrne, invitó a los periodistas y a los ciudadanos a leer los informes en Internet. "Son públicos y periódicos, y la Comisión ha abierto diversos procedimientos de infracción en estos años", aseguró Gminder. Para Arias Cañete, la acusación de Byrne es "una actuación prematura y carente de rigor técnico". La crisis de las vacas locas ha dividido a Europa en dos bandos. En uno se sitúan los partidarios de extremar las medidas: Francia, España, Reino Unido y Portugal. En el otro están Alemania, Austria, Suecia, Dinamarca y Holanda, que opinan que las medidas son demagógicas y se niegan a aplicarlas. El próximo lunes, el Consejo de Ministros de Agricultura abordará de forma intensa este asunto. Para ese día se espera que se fije la edad a partir de la cual las vacas sacrificadas deben ser sometidas al test. Se barajan los 24 meses, porque antes se considera improbable que la vaca desarrolle la enfermedad. De seguir esa recomendación habría que hacer en toda Europa unos seis millones de pruebas cada año. Cada una cuesta 5.000 pesetas. Los Estados están pidiendo la cofinanciación de las pruebas. La prohibición de las harinas animales generaría, además, un problema de almacenamiento y de contaminación, pues su incineración libera dioxinas tóxicas. Para Arias Cañete ahora resulta obvio que "la UE no ha legislado lo suficiente en este tema". Bruselas también decidió ayer liberar ayudas por un valor estimado entre 50 y 60 millones de euros (entre 8.000 y 10.000 millones de pesetas) para los almacenes que retengan carne de vacuno durante los próximos seis meses. La medida está destinada a reducir la oferta para evitar que los precios de la carne se desplomen.