Sin rumiarlo

Esta vez, los ministros de Agricultura de la UE han obrado de forma expeditiva al aprobar medidas radicales que habían rechazado hace sólo dos semanas contra el llamado mal de las vacas locas. Extremando las precauciones ante la alarma generada, decidieron ayer aceptar la propuesta de la Comisión Europea de prohibir el uso de harinas animales -exceptuadas las de pescado- a partir del 1º de enero, y al menos durante seis meses, para alimentar no sólo al ganado bovino, sino a pollos, cerdos y peces. Sensatamente se ha adoptado una solución europea a un problema europeo, que se ha cobrado ya 80 muertos en el Reino Unido y dos en Francia. Pero Europa no acaba en la UE. Ayer mismo hubo una señal de alarma con un caso dudoso detectado en Rusia. Es de esperar que el resto de los países del Viejo Continente adopten medidas similares, que, dado su alto coste, exigirían ayudas de la UE. Afortunadamente, los Quince también han prohibido todo comercio de estas harinas para evitar justamente la diseminación del mal fuera de sus fronteras. Ahora hay que exigir a la UE y a los Gobiernos de los Estados miembros que procedan rápidamente a la destrucción de los productos prohibidos con el menor daño posible para el medio ambiente. Para ello habrá que crear la infraestructura adecuada, ya que las incineradoras existentes no alcanzan para una operación de esta envergadura. La decisión comunitaria sobre las harinas fue tomada con el voto en contra de Alemania, que considera insuficiente la medida, y de Finlandia, que las estima inútiles y demasiado costosas. El presupuesto de la UE permite afrontar el billón de pesetas anuales -la cifra crece día a día- que supondrán durante un trienio estas medidas, junto con la decisión política de prohibir a partir de enero próximo la comercialización de la carne de toda res de más de 30 meses que no haya superado la prueba de detección de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB). Sólo así se recuperará la confianza de los consumidores en unos mercados que se han parcelado con medidas unilaterales de protección, como el embargo español a la importación de carne francesa. Si desde un principio los intereses de la salud de los ciudadanos hubieran prevalecido sobre los de los productores de ganado, todos habríamos salido ganando.