Otras direcciones

El Gobierno y el Partido Popular han convertido las elecciones autonómicas y municipales del 25 de mayo en algo más que la renovación ordinaria de las corporaciones locales y las asambleas legislativas autonómicas.

La inseguridad creciente en todos los órdenes; el deterioro de las prestaciones y servicios básicos de la salud a la educación o los servicios sociales; la precariedad del empleo; el encarecimiento asombroso de bienes imprescindibles como la vivienda; el ahogo de la economía productiva, en especial la más dinámica, la de las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, constituyen los fracasos más clamorosos de una política económica y social que ni siquiera la bonanza internacional de los últimos años ha podido paliar.

La secuencia de privatizaciones, endeudamiento, favores amistosos y economía especulativa, incluida la inmobiliaria, se ha dado la mano con la gestión de crisis más desafortunada de la historia reciente del país. Del Prestige al Decretazo, de Gescartera a la participación en la ilegal, injusta e inmoral guerra de Irak.

A ello se ha unido una forma anacrónica, antigua, y autoritaria de gobernar. Con desprecio a las instituciones parlamentarias en todos sus ámbitos, de las Cortes Generales a las Asambleas autonómicas allá donde el Partido Popular tuvo y tiene la mayoría.

A la inseguridad que todo ello provoca ha respondido la ciudadanía con movilizaciones crecientes, que nada ni nadie ha podido conjurar y menos aún paralizar. De ahí que Aznar y sus secuaces se apresten a una suerte de plebiscito ante lo que son unas elecciones de renovación y nuevo impulso al proceso de construcción del estado y de recuperación del espacio urbano para la propia ciudadanía.

Los nervios y el genio desabrido del presidente del gobierno y de sus candidatos son el anuncio de un cambio que exige la mayoría social del país. Porque la inseguridad es recorte de libertades, como lo es la imposibilidad del acceso a una vivienda digna y a un trabajo estable. Y todos podemos comprobar, en experiencia propia, lo que significa el abandono de los servicios esenciales en salud o en educación. Ciertamente, no han clausurado el sistema público, pero han permitido su deterioro, en clara transferencia a los sistema privados que han estimulado no como servicio sino como negocio. Incluso en la seguridad ciudadana, que vuelve a ser patrimonio de quienes pueden pagarla, fomentando la aparición de bolsas crecientes de exclusión en nuestras ciudades y pueblos. Con grave desprecio a la herencia colectiva que supone la sostenibilidad de un medio ambiente sometido a la presión urbanística salvaje, y un patrimonio cultural e histórico amenazado en Sagunto y en tantas otras partes.

A la hora de establecer el necesario balance que todo elector o electora debe hacerse antes de emitir su voto, conviene tener en cuenta estos y otros elementos. Los que venimos aduciendo como tarea objetiva e ineludible, pues los cuadros macroeconómicos, por cierto del pasado, y las realizaciones virtuales poco o nada tienen que ver con la realidad tangible, cotidiana, de jóvenes desempleados o con empleo precario y mal retribuido, con las dificultades de acceso de la mujer al trabajo en condiciones de conciliación de vida laboral y vida familiar por la ausencia de servicios tan evidentes como las guarderías infantiles o la asistencia social a los mayores dependientes. Y, además, como otros elementos no menos relevantes, la manera de gobernar: frente al despotismo nada ilustrado, la complicidad de la ciudadanía en la formulación de los objetivos colectivos, la proximidad a los ciudadanos sin el aparato de tráfico de influencias y reparto de todos los botines del saqueo.

Pequeños comerciantes amenazados por libertades horarias que no comparten trabajadores y usuarios; autónomos y profesionales sometidos a las leyes no escritas de la influencia del poder; empresarios con iniciativa y capacidad sometidos al dictado de oligopolios vinculados a una capa parásita y especuladora que convierte la capacidad y la eficiencia en subcontratista de los "bien vistos y relacionados". Amenazados, incluso, de cualquier represalia -como las que han ejercido- si se atreven a la contestación. Esto es, un sistema de miedo y temor incompatible con una democracia madura, con el ejercicio democrático del poder. La amenaza es el peor de los instrumentos para reclamar el voto de los ciudadanos, y se está prodigando de manera obscena desde los más elevados representantes del Partido Popular, en Madrid o en la Comunidad Valenciana.

A todo ello se hace frente en las elecciones del 25 de mayo. Volveremos en más ocasiones en estas semanas, en la medida que las propuestas y las alternativas de los socialistas vienen avaladas por una profunda renovación que une experiencia y juventud, con la complicidad de los ciudadanos para demostrar que es posible otra forma de gobernar. Y no cabrá aquello de que estaba por ver el centrismo del PP: los ciudadanos y las ciudadanas ya han tenido ocasión de comprobarlo en la guerra, en las catástrofes, y en la gestión cotidiana de sus intereses, los de ellos.

Ricard Pérez Casado es diputado socialista por Valencia en las Cortes Generales.