Los municipios deberán modificar sus planes urbanísticos para adaptarlos a la nueva ley

Las nuevas corporaciones andaluzas que se constituyan tras las elecciones del próximo día 25 tendrán que someter a revisión los planes de desarrollo urbanístico de los municipios para adaptarlos a la nueva Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía que entró en vigor el pasado mes de enero y que determina para ello un plazo de cuatro años. La norma, que el PP pretende recurrir ante el Tribunal Constitucional por entender que invade la autonomía municipal, determina que el 30% de los nuevos suelos residenciales que se programen deberán destinarse para viviendas de promoción pública.

La revisión de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), del que deben estar dotados todos los municipios de más de 20.000 habitantes y aquellos ubicados en el litoral, será así uno de los principales retos de las corporaciones que se constituyan tras las elecciones municipales, ya que la ley no permitirá que a partir de 2007, año en el que expirará el mandato de éstas, puedan tramitarse modificaciones a los planes actualmente en vigor ni poner en marcha los instrumentos de desarrollo (planes parciales, especiales o de detalle) que no tuvieran ya aprobación inicial. Según la secretaria general de Urbanismo de la Junta, Josefina Cruz, la ley ha evitado marcar un antes y un después de forma brusca, pero era necesario fijar un horizonte para que los ayuntamientos evitaran su entrada en vigor introduciendo modificaciones a sus actuales planes.

Con la nueva ley, los ayuntamientos ya no ejercerán competencias urbanísticas delegadas de la Junta. Sin embargo, la atribución de facultades a cada administración no convence al PP que entiende que la Junta se reserva competencias que invaden la autonomía municipal, por lo que los ayuntamientos que gobierna este partido tratan de promover un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Una de las principales novedades que deberán atender los nuevos ayuntamientos por imperativo legal es la reserva de un 30% de los nuevos suelos residenciales para la construcción de viviendas protegidas, lo que según la consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, permitirá atender las necesidades de un amplio sector de población que no tiene acceso al mercado libre. La Junta ha consensuado ya con los ayuntamientos las directrices del IV Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, que concretará mediante convenios con los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes una vez que se constituyan las nuevas corporaciones. El plan contempla medidas específicas para familias con menos recursos, hasta cuatro veces el salario mínimo, menores de 35 años, mayores de 65, familias numerosas y monoparentales y personas con especiales problemas sociales.