Enemigos de la democracia
La comparecencia de Magdalena Álvarez, consejera de Economía, en el Parlamento andaluz para informar sobre las retribuciones del equipo directivo de Cajasur, aunque fue a puerta cerrada, ha trascendido a la opinión pública. Su contenido, en lo sustancial, era ya conocido, ampliamente difundido y comentado por escandaloso, por tanto la póliza de Castillejo de 2,9 millones de euros, su retribución anual de 474.000, las sustanciosas dietas de 240 euros por asistir al cine, al teatro, a conciertos y hasta a misa, que cobran algunos canónigos miembros del consejo de administración, y todo lo demás, con la comparecencia de la consejera ha pasado a ser una información de carácter oficial. La respuesta de los empleados de Castillejo, antes, cuando se hizo público en los medios de comunicación, y ahora en el Parlamento, ha sido poner en duda la legalidad de la inspección llevada a cabo por el Gobierno andaluz, pero no han negado la veracidad de la información con datos y documentación, luego es verdad todo lo que se ha dicho, incluido el oscurantismo y el uso clientelar que rodea la gestión de la obra social. Esta es la primera conclusión que conviene dejar clara para no perdernos en el barullo. También conviene dejar claro que todas estas, llamémosle, irregularidades están siendo investigadas por la Fiscalía Anticorrupción.
En un sistema de libertades, la información es uno de los pilares fundamentales, de ahí que las instituciones y entidades de carácter público deban ser transparentes para los ciudadanos, y las administraciones públicas deben velar para que sea así. Pero Castillejo, sus canónigos y sus directivos, se empeñan en aparecer como enemigos de la democracia, seguramente porque saben que en una situación en la que hubiese una mayor participación social en la gestión, no podrían hacer lo que están haciendo. "Una caja es más eficaz cuanto más alejada esté del intervencionismo público", decía hace unos días el director general de Cajasur. Cabe preguntarse para quién es más eficaz, por lo que hemos conocido parece ser que es para los que la gestionan. La prueba más evidente de su animadversión a la participación institucional y social está en los nuevos estatutos que han aprobado y el inicio del proceso de aplicación que han llevado a cabo con una inusitada celeridad. Los datos hablan por sí solos: el cabildo catedralicio aumenta su presencia del 35% al 46,6%, los municipios pasan de un 27,5% a un 16,6%. En el consejo de administración el cabildo se garantiza el 50% de los miembros, la Diputación pierde su derecho como entidad fundadora. Se acaba así de un plumazo con la aparente pluralidad que existía y se establece un control más férreo de Castillejo y sus canónigos. Han descubierto su verdadero rostro, el del autoritarismo, el único que les permite hacer lo que quieran sin que nadie les incordie.
En esta maniobra contra la democracia en Cajasur, el PP es un cómplice necesario y ha pactado con Castillejo la introducción en la Ley Financiera de contenidos específicos para posibilitar lo que se ha hecho. "Nos hemos acogido con quien nos quiere", ha dicho el sacerdote-presidente; al parecer los dirigentes del PP comparten con él los mismos criterios contra el principio democrático que debe presidir la constitución de los órganos de gobierno y de paso le dan la enésima bofetada a la autonomía de Andalucía, quitándole parte de sus competencias sobre Cajasur. En la estrategia que ha montado el tándem Castillejo-PP todo vale, la confrontación con Ayuntamientos, Diputación y Junta, el menosprecio al Parlamento, la justificación de los casos escandalosos que han quedado al descubierto. Cuesta trabajo creerlo, pero esto está pasando.
Es de agradecer que se haya descorrido un poco el tupido velo y hayamos tenido la oportunidad de conocer las nefastas consecuencias que trae el ejercicio de un poder incontrolado. De ahí vienen las prisas para huir del control de la Junta y no se descubran más detalles escandalosos. Pero con lo que ya sabemos nos hacemos una idea de lo que puede esconderse, aunque también es seguro que Cajasur seguirá dando sorpresas.
El PSOE ha adoptado una postura clara: ajustar a la legalidad el funcionamiento de la entidad y luchar porque no se le sustraigan competencias. El PP también tiene una postura clara: proteger a Castillejo y hacer depender Cajasur de Madrid. Las demás fuerzas políticas, especialmente en Córdoba, también deberían adoptar una postura sin ambigüedades. En este caso las orillas están muy definidas: o se está con la defensa del funcionamiento democrático y la transparencia en la gestión de Cajasur o se está con Castillejo y el PP.
Herminio Trigo fue alcalde de Córdoba y es miembro de la ejecutiva regional del PSOE.
