Las urnas miden el conflicto del subsidio agrario

Cuando los jornaleros depositen su voto en las urnas el próximo 25 de mayo para elegir al alcalde de su pueblo habrá pasado exactamente un año desde que el presidente del Gobierno central, José María Aznar, aprobó el decretazo que dio lugar al mayor conflicto social desde que el PP accedió a La Moncloa, en 1996. Un conflicto, que en el caso de la reforma del subsidio agrario que cobran esos mismos jornaleros, se prolongó hasta febrero de este año. Y que, en Andalucía, originó la mayor movilización del medio rural de los últimos años para echar abajo el proyecto inicial de reforma de los populares.

En las últimas semanas, el análisis electoral se ha centrado en la influencia que tendrá en los comicios municipales la posición del Gobierno central en la guerra de Irak. Pero los partidos andaluces coinciden en que, en las localidades rurales, y sobre todo en aquellas con poblaciones inferiores a 5.000 habitantes, va a pesar más el recuerdo de cómo se desarrolló el conflicto del subsidio agrario y cómo se ha resuelto. Es un asunto que ha calado en la ciudadanía: tres de cada cuatro andaluces (el 74%) dijeron estar al corriente del conflicto en la encuesta publicada por este periódico con motivo del Día de Andalucía. Una proporción inusitada: en ese mismo sondeo, apenas el 30% había oído hablar del sempiterno enfrentamiento entre la Junta y el Gobierno central.

Los populares arriesgan plazas fuertes como El Ejido, Lucena, Arcos de la Frontera o Pilas

La movilización puede jugar a favor de IU para sobrepasar al PSOE en algunas localidades

Según los datos del Inem, en 2002 pidieron el subsidio agrario más de 300.000 jornaleros andaluces, que durante un año se enfrentaron a la zozobra de saber si su única posibilidad de cobrar un subsidio cuando se quedan en paro iba a ser eliminada. En estas municipales, la teoría decía que los populares debían acortar su desfase electoral entre campo y ciudad, y aumentar su presencia en el medio rural. Ahora, la incógnita está en comprobar si el PP podrá mantener las conquistas de pasadas elecciones.

"Somos el único partido que ha diseñado un programa específico para los municipios con menos de 5.000 habitantes", esgrime el secretario regional del PP, Antonio Sanz. Los populares se remiten a la presentación de este programa, prevista para hoy en Granada, para explicar sus propuestas. Pero el peso del voto jornalero no sólo será determinante en pequeñas localidades. En algunas plazas fuertes de los populares, como El Ejido (Almería), Lucena (Córdoba), Arcos de la Frontera (Cádiz), Moguer (Huelva), Andújar (Jaén) o Pilas (Sevilla), la mayor parte de los desempleados son jornaleros que dependen del subsidio agrario.

2002 fue un año muy duro para los ediles populares en el campo andaluz. La presión se incrementó cuando el Gobierno cedió en septiembre a casi todas las exigencias sindicales sobre el decretazo, salvo las que hacían referencia al subsidio agrario, lo que facilitó el mensaje al resto de partidos: "el PP castiga a Andalucía [la única comunidad junto a Extremadura con subsidio]". Se sucedieron las críticas a Madrid y alguna renuncia sonada ante una medida que muchos no compartían. "La reforma es una imbecilidad", dijo el alcalde de Hinojares (Jaén), Jesús Martínez. El primer edil de Aroche (Huelva), Antonio Cuaresma, decidió no presentarse a la reelección. "No puedo ir con las siglas de un partido que perjudica a mi gente", argumentó. El portavoz popular en Lebrija (Sevilla), Pedro Alcón, fue destituido por votar junto al resto de partidos en defensa del subsidio. Y María Castillo, una de las dos concejales del PP en Paradas (Sevilla), dejó el partido para ingresar en el Sindicato de Obreros del Campo.

Los populares se encomiendan ahora a la renta agraria, la nueva prestación para los jornaleros a los que el decretazo dejó sin subsidio agrario con la que el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, logró en febrero el placet de los sindicatos para cerrar el conflicto. Zaplana hizo un ejercicio de funambulismo que le permitió presentar una prestación muy similar al subsidio sin que pareciera una cesión a los sindicatos: en algunos aspectos mejor (prioridad en las políticas activas de empleo y más prestación para los que más trabajen); en otros peor (deja fuera a la mayoría de jornaleros inmigrantes).

"No creo que la renta agraria, apenas ha entrado en vigor, no ha llegado a la gente, que sabe que el PP en este tema no tiene credibilidad", asegura Fernando Rodríguez Villalobos, secretario regional de Desarrollo Rural del PSOE. Da por hecho que la defensa de este sistema "tendrá una repercusión positiva en el voto para las fuerzas progresistas". El dirigente socialista mantiene que en los pueblos jornaleros el PP ha tenido que recurrir "en puestos muy altos" a personas de otras localidades para hacer las listas, una muestra de su debilidad.

El responsable del PSOE cree seguro que los populares desaparecerán en pueblos en los que habían conseguido uno o dos ediles en las últimas municipales. Y que esos votos irán al "espacio de centro" que representan socialistas, andalucistas o independientes. A pesar de todo, Rodríguez Villalobos se muestra cauto sobre la repercusión de un hipotético descalabro popular en el campo. "Las encuestas nos dicen que en el medio rural subiremos ligeramente, el mayor crecimiento estará en las zonas urbanas". Y explica el motivo: "en el campo, ya estamos casi en nuestro techo electoral". Hay otra razón. Si el PSOE prevé que recibirá votos de los desencantados por el PP, también cree probable alguna pérdida en su flanco izquierdo. "IU puede salir fortalecida", concede Rodríguez Villalobos.

Las perspectivas en la federación de izquierdas han cambiado radicalmente en apenas unos meses. "Hace dos años, estábamos hablando de sobrevivir", recuerda Willy Meyer, coordinador de la campaña electoral de IU. "Ahora podemos mantener nuestra hegemonía en muchos pueblos y ser determinante en más gobiernos locales", asegura.

Las movilizaciones han resucitado al Sindicato de Obreros de Campo (SOC), vinculado a través de la CUT con la federación. El asalto del PSOE a los pueblos jornaleros (El Coronil, Marinaleda, Jodar, Padul, Humilladero, Puerto Serrano) se antoja casi imposible. En multitud de pueblos de Sevilla, Córdoba y Cadiz, el conflicto del subsidio puede jugar a favor de IU para sobrepasar a los socialistas como lista más votada. Aunque Meyer descarta esta vez pactos antinatura. "El acuerdo de la dirección andaluza es clarísimo: impedir la participación del PP en gobiernos locales".