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El Consell pide tiempo para ejecutar el auto de Sagunto

La consejería presenta un recurso de súplica porque considera insuficientes los seis meses

El consejero de Cultura, Manuel Tarancón, anunció ayer la presentación en el ultimo día de plazo de un recurso de súplica al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana con el fin de pedir más tiempo para ejecutar la sentencia del Teatro Romano de Sagunto que un auto del citado tribunal fijó en seis meses. Tarancón explicó que los "servicios técnico-jurídicos" han dado a conocer al TSJ "cuáles son los plazos mínimos, que en total son 18 meses". La Generalitat vuelve a ganar tiempo antes de una actuación tan drástica e incluso sugiere nuevas catas.

Tarancón insistió a los informadores, en la inauguración de la Fira del Llibre de València, en que el recurso de súplica "no se ejerce contra el fondo de la cuestión, sino contra una de las cuatro determinaciones del auto". Esta es: la que establece a la Generalitat seis meses para la ejecución de la sentencia del TSJ, ratificada por el Tribunal Supremo, que considera ilegales las obras arquitectónicas diseñadas por Giorgio Grassi y Manuel Portaceli. Las otras tres partes son las relativas al mandato de levantar las placas de mármol del graderío y de derribar el muro de cierre del escenario hasta una altura de 1,20 metros, además de la asunción por parte de la consejería del cumplimiento del auto.

El consejero detalló sus cuentas en virtud de los informes preparados por la consejería que estuvieron listos "ayer [por el martes] a última hora de la tarde": se necesita un mes para establecer las determinaciones previas a la actuación, como "las catas" en el monumento; posteriormente se dispondrá de cinco meses para la redacción de proyectos técnicos y un mes para la aprobación técnica y jurídica de la consejería; son necesarios otros tres meses para la contratación del proyecto, mientras la Generalitat solicita premiso al Ministerio de Cultura, propietario del monumento, y la licencia de obras al Ayuntamiento; finalmente, el recurso de súplica establece un período de ocho meses para las obras de demolición y reversión. "En total, 18 meses", concluyó Tarancón.

Llama la atención que el consejero volviera a aludir a la realización de otras catas en el teatro. Desde 1995, cuando el PP accedió al gobierno de la Generalitat, con un programa electoral que incluía la demolición de la intervención en el teatro, se han venido haciendo catas y estudios para garantizar la reversibilidad del teatro. Tampoco la Consejería de Cultura, de acuerdo con lo dicho por su titular, tiene preparado un proyecto de reversión, pese a que hace un año la subsecretaria de Cultura, Camina Nácher, anunció la creación de una comisión técnica precisamente para elaborar el proyecto. La Generalitat también ha presentado diversos recursos para dilatar el pronunciamiento, tal y como la sala del contencioso-administrativo del TSJ señaló en un auto.

Con el trasfondo de las próximas elecciones autonómicas y municipales del 25 de mayo, se vuelve a poner de manifiesto que la Generalitat ha intentado demorar un ligio cuya drástica resolución, la demolición, acarreará un coste político. Con toda probabilidad, las imágenes de la piqueta destrozando gran parte de la obra arquitectónica traspasarían fronteras. Incluso arquitectos y vecinos de Sagunto que se han manifestado en contra de la intervención ya consolidada de Grassi y Portaceli se oponen a una reversión que supondría nuevos riesgos y problemas y una fuerte inversión, posiblemente superior al coste de la de restauración. Tarancón dijo desconocer cuánto costará ejecutar el auto.

Sobre la posibilidad de que el Ayuntamiento de Sagunto, ahora gobernado por el PP con el apoyo del Bloc (que se ha manifestado en contra del derribo), no dé la licencia de obras o que el ministerio deniegue el permiso, el consejero indicó que la Generalitat pondría en conocimiento al TSJ esa "incidencia en el proceso, porque no se puede actuar en el edificio sin la autorización".

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Por lo demás, el recurso de la Generalitat viene a refrendar la opinión de los técnicos del Ministerio de Cultura y del propio Portaceli sobre la imposibilidad de la reversión en seis meses.

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