Imputado el edil de Urbanismo por una polémica recalificación

El juez que investiga supuestas irregularidades urbanísticas en Arroyo del Fresno, Fernando Grande-Marlaska, ha citado como imputados para el próximo 17 de junio al concejal de Urbanismo de Madrid, Ignacio del Río, y al gerente municipal de Urbanismo, Luis Armada. Este juez, recientemente incorporado al Juzgado 36, también ha citado como imputado en esta operación al ex presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz.

Ignacio del Río, segundo teniente de alcalde, y Luis Armada firmaron un convenio urbanístico en 1997 con el también imputado en esta causa Carlos Pinilla, y presidente de la Junta de Compensación de Arroyo del Fresno. Mediante ese convenio, los responsables de Urbanismo recalificaban como suelo residencial una zona destinada en el Plan General de Ordenación Urbana a equipamientos. Además, se aumentó la edificabilidad de la zona con 539 nuevas viviendas. Varios informes de la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, que obra en poder del juez, revelan que en esta operación se infringió el ordenamiento urbanístico, ya que se obvió el procedimiento legal adecuado: la modificación puntual del plan general.

En relación con estos informes, el juez también ha citado a declarar, el 9 de junio, en calidad de testigos, a Íñigo Sáenz de Pipaón, director General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, así como a los funcionarios de su departamento Beatriz Lobón y Ángel Dolla, autores de los informes antes citados. Éstos declararán el 19 de mayo como testigos. También ha sido citado a declarar un mes más tarde, el 19 de junio, y es la segunda vez, pero ahora en calidad de imputado, el promotor inmobiliario y ex presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz. En su primera declaración, en octubre de 2002, Sanz manifestó que la ganancia en un solo día de 1,08 millones de euros en la compraventa de una parcela destinada inicialmente a construir 64 vivienda sociales "era producto de la especulación" del suelo.

Según fuentes jurídicas, Sanz y Pinilla tenían firmado entre ellos un acuerdo, anterior al convenio que suscribieron Del Río, Armada y Pinilla, mediante el cual ambos convinieron en repartirse tres de las citadas seis parcelas. Pinilla edificó 231 viviendas en una de ellas y Sanz levantó 140 en otra. En la tercera, una cooperativa presidida por Pinilla construyó 64 viviendas de protección oficial. Esta parcela se la compró a Sanz la cooperativa que gestionaba Pinilla, por 1,08 millones más de lo que el Ayuntamiento había recibido por ella al venderla a la cooperativa. Las licencias de estas seis parcelas recalificadas las otorgó el gerente de Urbanismo mediante un decreto que anteponía las estipulaciones del citado convenio al planeamiento urbanístico.

Incumplimiento

Los informes de la Comunidad de Madrid indican que ese decreto del gerente "incumple lo dispuesto en el Plan General de Ordenación Urbana. Tres de las seis parcelas recalificadas por el convenio eran de propiedad municipal y estaban destinadas a equipamientos. El gobierno municipal las cedió por adjudicación directa, sin concurso ni subasta, a los promotores de la Junta de Compensación", según fuentes de las partes. La acusación particular en este proceso sostiene, además, que los responsables de Urbanismo fijaron para las parcelas un precio muy inferior a su precio de mercado, lo que generó un beneficio especulativo para las sociedades de Pinilla y Sanz superior a los 8,1millones de euros (1.350 millones de pesetas). También figura como imputada en estas diligencias la directora de Servicios para la Gestión Privada de Gerencia, Ana Perpiñá Carrera, que declarará el 10 de junio.

Perpiñá avaló supuestamente con varios informes el convenio y las licencias. En esta operación figura también como sexto imputado el funcionario de Gerencia de Urbanismo Julio César Santos. Éste firmó la licencia de ocupación de una de las parcelas, la número 42, en la que se levantó un edificio y él adquirió uno de los pisos a una sociedad de Pinilla por un precio supuestamente inferior al del mercado.

La citación del concejal de Urbanismo como imputado por las supuestas irregularidades habidas en la recalificación de terrenos en Arroyo del Fresno se produce en un momento especialmente delicado para Ignacio del Río: una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado 28 desarrollos urbanos previstos en el Plan General sobre suelo protegido. Pero el edil de Urbanismo, que ha recurrido la sentencia ante el Supremo, tiene previsto presentar hoy en el pleno municipal un decreto, firmado por Luis Armada, para consolidar esos desarrollos urbanos antes de que se pronuncie el Supremo. Una actuación por la que que, según PSOE e IU, podría incurrir en responsabilidades penales. Del Río rechazó ayer que la decisión del titular del Juzgado número 36 suponga un nuevo revés para su departamento. "Estoy tranquilo. Hay informes técnicos que avalan la recali-ficación de las parcelas en Arroyo del Fresno", argumentó.