Guerra, ayuda humanitaria y legalidad
La invasión de Irak ha causado muchos muertos y heridos, no sólo entre la población civil y los militares, sino también en las relaciones políticas entre estados y dentro de los mismos y en los organismos internacionales. Podemos afirmar que Naciones Unidas ha resultado herida, y también la Unión Europea y el Parlamento español.
Cuando una organización como Naciones Unidas es ignorada y se toman decisiones de esta importancia sin ni siquiera atreverse a plantear una votación, está claro que su importancia como foro mundial para la resolución de conflictos queda seriamente dañada.
Cuando la Unión Europea no es sólo incapaz de hablar con una sola voz (habitualmente se limita a no hablar), sino que habla explícitamente con dos voces, está claro que hay una rotura seria que será difícil recomponer.
Cuando las manifestaciones masivas y las mismas encuestas demuestran una actitud clara de la población española a favor de la paz y el partido en el Gobierno la desoye y utiliza su mayoría absoluta para bloquear cualquier resolución en el Parlamento, es el propio Parlamento el que ve debilitada su función de dar alternativas políticas a los deseos de la población.
La confusión que se ha generado en estos días es considerable. Se han mezclado intereses económicos y geoestratégicos con la defensa de las libertades y la expulsión de los dictadores (no todos, sólo los que nos molestan). Se ha comparado el asistir a manifestaciones con actos de terrorismo. Se ha dado más importancia al lanzamiento de huevos que al lanzamiento de bombas. Se han discutido criterios políticos, morales y legales, estableciendo preferencias por lo que a cada uno le interesaba.
La última muestra de esta confusión parte de considerar el apoyo logístico como ayuda humanitaria y cuál debe ser el papel de la ONU en la asistencia a las víctimas.
La civilización actual se basa en la legalidad, ésta es la que marca las relaciones entre los estados y dentro de los mismos, todo lo que sea recurrir a criterios morales para determinar las relaciones internacionales es una vuelta al pasado que nos lleva al caos o al dominio del más fuerte. Nadie discute la inmoralidad del régimen de Sadam, lo que se discute es la legalidad de la guerra.
La legalidad internacional nos dice que un ejército invasor es el responsable de garantizar el suministro de alimentos, agua potable y medicinas a la población del país invadido, mientras dure la presencia del ejército invasor en el territorio. En consecuencia, la ayuda internacional a las víctimas debería limitarse a la población refugiada en los países vecinos. Por ello no puede pedirse a la ONU que asuma el bienestar de la población en el interior de Irak y menos asumiendo su coste y bajo la supervisión de un ejército; eso sería asumir una vez más el papel de comparsa, que acabaría de desprestigiarla.
O la ONU asume el papel de gobernar Irak, tras la retirada de los ejércitos de Estados Unidos y del Reino Unido, con la perspectiva de unas elecciones democráticas (algo a lo que ahora nadie se atrevería a poner plazo) o los ejércitos invasores asumen sus responsabilidades legales y el coste de la reconstrucción.
Han sido demasiado graves las heridas infligidas a la legalidad internacional y los retrocesos que se están produciendo en el respeto a los derechos humanos como para que podamos seguir complacientes ante una nueva deformación del derecho con el supuesto argumento de la necesaria ayuda humanitaria.
Los derechos humanos han sido violados en Guantánamo, en nuestras calles cuando la policía ha intervenido con una fuerza desproporcionada, en Israel con las muertes que salen cada día en letra pequeña en los medios de comunicación, claramente en los bombardeos a la población civil y a los periodistas. También se produce una violación grave de los derechos humanos económicos, sociales y culturales en esta guerra cuando se destruyen viviendas, falta el suministro de agua potable durante 15 días a una población de 1,5 millones de habitantes, se destruyen centros de trabajo y se humilla a la población haciendo reparto de víveres de cara a la galería.
La ONU ha sido herida en la medida en que no se ha respetado su voluntad, pero hemos de considerar muy positivo que no haya cedido a las fuertes presiones que se han ejercido sobre ella para obtener un voto favorable a la guerra. En este sentido, podemos afirmar que se ha visto fortalecida y que sigue siendo un referente central para un nuevo orden mundial (con todas las limitaciones que conocemos y sin olvidar la necesidad de avanzar hacia una mayor democratización). No sería positivo para Naciones Unidas que el papel que desempeñase en el posconflicto legitimase la guerra.
Es importante que las ONG de ayuda humanitaria sean en estos momentos cuidadosas a la hora de pedir apoyo a las instituciones y a la sociedad, y especifiquen claramente en qué condiciones van a repartir su ayuda. El afán de ayudar a las víctimas no puede hacernos perder de vista qué responsabilidades tiene cada uno en el desastre actual y hemos de insistir en el respeto a las leyes internacionales.
La Coordinadora Española de ONG para el Desarrollo ha solicitado a todos sus miembros que no acepten dinero, para las víctimas del conflicto, del Gobierno español, en la medida en que éste es corresponsable de la guerra. Por su parte, la Federación Catalana de ONGD también ha hecho suyo este comunicado.
Las leyes internacionales marcan claramente las obligaciones con la población de un ejército que, con la pretensión de salvarnos a todos de unas armas de destrucción masiva que no aparecen, ha invadido un territorio y ha causado multitud de muertos, heridos y destrucción. Que los ejércitos cumplan con sus obligaciones y las ONG con las suyas.
Tono Albareda es presidente de la ONG Cooperacció.
