La clase dirigente afronta el desafío de superar una histórica fragmentación política

sLa atomización es la nota predominante en la Argentina que le tocará gobernar al próximo presidente. La histórica rivalidad política ha llegado a su punto culminante al fracturar los dos partidos (peronistas y radicales) que protagonizaron la vida política de los últimos 50 años. La división de la clase dirigente ha tenido un efecto cascada en el conjunto de la sociedad, huérfana como nunca de un proyecto integrador de país. Convencer a los argentinos de que la verdadera unión es su fuerza será el mayor desafío que deberá afrontar el ganador de las elecciones.

La fractura ha provocado un hecho sin precedentes. Por primera vez, el Partido Justicialista (PJ o peronista), referente de la política argentina, acude a unas elecciones con tres candidaturas, ante la incapacidad de elegir a un único candidato. Lo impidió la lucha por el poder entre los dos principales caudillos del peronismo, Carlos Menem y Eduardo Duhalde. La pelea fue de tal calibre que llegó hasta la Justicia, la que acabó prohibiendo a los tres candidatos peronistas el uso de siglas y símbolos del partido, ante la falta de acuerdo. Todo un ejemplo de tolerancia y convivencia para el electorado. Hay que recordar que el enfrentamiento en las filas del justicialismo viene de lejos, y que en el pasado las diferencias se dirimieron a balazos, como en los años que precedieron el golpe militar de 1976.

El otro gran partido argentino, la Unión Cívica Radical (UCR o radicalismo) ha quedado agujereado como un queso gruyere después del fracaso de la primera tentativa integradora del Gobierno de la Alianza que presidió durante dos años Fernando de la Rúa. Ya antes de la crisis de diciembre del 2001 dos nombres destacados del radicalismo abandonaron las filas del partido: el ex ministro Ricardo López Murphy y la diputada Elisa Carrió, que fundaron sendas fuerzas políticas que debutaron en los comicios de ayer. La UCR celebró elecciones internas para designar un candidato, cuyo resultado tardó en darse a conocer por las mutuas acusaciones de fraude entre los dos aspirantes, Rodolfo Terragno y Leopoldo Moreau. Este último fue el elegido, con el apoyo del aparato del veterano Raúl Alfonsín.

Tres peronistas y tres políticos de pasado radical ilustran la división en estas elecciones. En las otras opciones, la situación no es mejor. La izquierda minoritaria presentó cuatro candidatos y hasta la ultraderecha acudió fraccionada con tres candidaturas testimoniales encabezadas por antiguos militares golpistas. Así hasta sumar un total de 18 aspirantes a la presidencia.

El futuro presidente tendrá que lidiar con un Congreso muy atomizado que no se renovará hasta dentro de seis meses. El PJ tiene mayoría en el Senado y una amplia representación en la Cámara de Diputados (119 escaños), pero dividido en tres facciones que responden a los candidatos presidenciales. Distintos cálculos atribuyen 70 diputados al candidato oficialista Néstor Kirchner, una treintena a Carlos Menem y no más de ocho a Adolfo Rodríguez Saá. López Murphy y Elisa Carrió no tendrán más opción que buscar el respaldo parlamentario en los desperdigados legisladores radicales o en algunos diputados de partidos provinciales que en ningún caso conforman mayoría. Concientes de que enfrentarán un Parlamento difícil de disciplinar, los candidatos advirtieron durante la campaña su predisposición a gobernar por decreto o a convocar consultas populares.

Fuera de la política, la atomización se traslada a los sindicatos, donde la Confederación General del Trabajo (CGT), la CGT disidente y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), todas ellas surgidas del peronismo, compiten por la representación de los trabajadores.

La división de los parados

En un escalón más abajo, los miles de desocupados pusieron en pie en los últimos años las llamadas organizaciones piqueteras, que han adquirido notoriedad por su constante presencia en acciones callejeras y por el corte de carreteras como principal forma de protesta. También en este sector la división es moneda común entre los grupos conectados a partidos y sindicatos y los más radicales sin vínculos con las instituciones.

En los primeros meses del Gobierno de transición de Eduardo Duhalde, la jerarquía de la Iglesia católica y la oficina de las Naciones Unidas en Buenos Aires patrocinaron el Diálogo Argentino, una ambiciosa iniciativa que logró sentar en una misma mesa a representantes de los más diversos sectores políticos, económicos y sociales. Fueron numerosas las reuniones de los grupos de trabajo que se crearon con el objetivo de sentar las bases de un consenso nacional sobre las grandes cuestiones pendientes en Argentina.

Este diálogo, que algunos llegaron a comparar con los Pactos de la Moncloa, quedó finalmente en una declaración pública respaldada por el presidente y un extenso trabajo escrito de todo lo que se discutió aquellos meses. El gran pacto nacional para iniciar la ansiada reformapolítica quedó para más adelante. Quién sabe cuando. En la campaña electoral nadie habló de estas cuestiones.