Por la paz y el empleo

La celebración, esta semana, del Día Internacional del Trabajo bajo el lema "Por la Paz y el Empleo" servirá para poner en evidencia, una vez más, el grado de entendimiento mutuo existente entre las grandes centrales sindicales, como son UGT y CC OO, en Andalucía. Ambos sindicatos llegan a este 1º de Mayo dejando atrás importantes movilizaciones de protesta y después de haber librado sonadas batallas en Andalucía en favor de los intereses de los jornaleros del campo, y para reclamar, también, el traspaso de las Políticas Activas de Empleo.

En ambos casos la unidad de acción sindical ha sido clave para que se haya salido airoso del trance. Sin embargo, fue en lo relativo al PER y al proyecto alternativo del Gobierno central en donde el riesgo de ruptura fue mayor. Algún día los secretarios generales de UGT y CC OO de Andalucía, Manuel Pastrana y Julio Ruiz, respectivamente, deberían explicar cómo se tuvieron que emplear a fondo para que en sus propias organizaciones asumieran sus tesis en torno a un asunto, como era el mantenimiento de las garantías sociales de los trabajadores del campo, que no llegaban a entender debidamente en Madrid.

La Junta reclamará el traspaso de 24 competencias aún pendientes

Tal vez aquí fuera el propio Ruiz quien lo tuviera más difícil ante su secretario general, José María Fidalgo, dada la inclinación de éste a firmar acuerdos con el Gobierno central al margen de la UGT. Si hubiera actuado en esta ocasión de igual manera su organización en Andalucía, habría quedado a los pies de los caballos. El error hubiese sido histórico y sólo la firmeza de los hombres de Ruiz situó las cosas en sus justos términos, manteniéndose una posición coherente con la trayectoria social de esta fuerza en nuestra comunidad y obligando, junto con los ugetistas, al Ejecutivo a llevar a cabo una clara rectificación ante el fuerte rechazo que ocasionó su primera anunciada reforma laboral. Eso de puertas para adentro, pero de cara al exterior, esta lucha ha puesto al descubierto el poder de influencia política que tienen los sindicatos. Ya sus dirigentes no se limitan a moverse en el ámbito estrictamente sindical, sino que dan un paso adelante y proponen abiertamente que no se vote en las próximas elecciones municipales al PP por considerar que resulta lesivo para los intereses de los trabajadores en particular y para Andalucía en general. O sea, no se quedan en no pedir expresamente el voto hacia una fuerza determinada, sino que, al menos, indican a quién no se debe apoyar con la papeleta el 25 de mayo.

Así las cosas, se comprende el malestar del PP con estos sindicatos. Pero no siempre fue así. Años atrás, determinados dirigentes populares no tenían remilgos, incluso, en participar en las manifestaciones del Primero de Mayo. Desde luego que eran tiempos mejores, ya superados, y en los que se mostraba un PP que contaba con una fluida interlocución con las distintas organizaciones sociales, sindicales y políticas. Ahora, en cambio, su soledad en esta legislatura es permanente, tal y como puede que suceda, este martes, con la esperada comparecencia en el Parlamento andaluz de la consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez. En sesión secreta, deberá dar cuenta de las retribuciones de los responsables de Cajasur. En esta entidad, después del último pronunciamiento del TSJA, advierten de que no tiene sentido que se aporte detalle alguno sobre este aspecto al considerar que la resolución judicial consagra definitivamente la situación de Cajasur bajo el amparo de la Administración central. Está claro que al PP no le gusta nada este gesto de Álvarez, de modo que está por ver qué va a ocurrir.

Y para que la fiesta no decaiga, la Junta volverá a la carga y se dirigirá al Ministerio de Administraciones Públicas para reclamar el traspaso de 24 competencias aún pendientes. Pero hemos de estar atentos, igualmente, por lo que importa a Andalucía, a la visita del delegado del Gobierno para la Inmigración y la Extranjería, Ignacio González, a Rabat. Viaja con el objetivo de reactivar con el ministro del Interior de Marruecos, Mustafa Sahel, el Acuerdo de Readmisión sobre personas en situación irregular que ambos países firmaron en 1992. En reiteradas ocasiones el Gobierno español ha anunciado que este asunto había sido desbloqueado, pero lo cierto es que el vecino país no ha cambiado su posición, de ahí que España se haya limitado a cambiar de sitio a los inmigrantes, tal y como viene denunciando el Defensor del Pueblo, José Chamizo, desvelando esos indignantes traslados desde Huelva hasta Algeciras.