El coste de una justicia más rápida

Llevamos meses hablando de la velocidad de la Justicia: juicios rápidos, juicios inmediatos, instrucción concentrada, coordinación de personas y medios que permitan que la Administración de Justicia no se dilate. La Justicia, en sus múltiples facetas, sigue siendo noticia, perseguida con interés y a veces con morbo. El 28 de abril los focos y las cámaras estarán encendidos, los micrófonos a punto, para dar cuenta de lo que pase en los juzgados al iniciarse los juicios rápidos. Creo, pues, que es el momento de hacer una reflexión desde mi posición de responsable de una parte de ese complejo mundo al que llamamos Justicia.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite los juicios rápidos se tramitó y aprobó por acuerdo parlamentario en el marco del Pacto de Estado para la reforma de la Justicia. Esto, que tiene de bueno el consenso, tuvo de malo la omisión de algunos trámites necesarios cuando los proyectos de ley parten del Gobierno. En este caso, no se redactó memoria económica del coste de la reforma, ni se diseñaron sistemas de financiación acordes con los nuevos gastos, previendo la dotación de nuevos recursos a todas las administraciones gestoras. Así, una parte del Pacto se cumplió, y otra no, y de este incumplimiento derivan graves perjuicios para la implantación de esa ley con todos los medios que han de ponerse a su servicio. El Gobierno, que actualmente gestiona en esta materia sólo alrededor del 35% del territorio -algo menos en cuanto a número de órganos judiciales- y que paga menos del 20% del gasto de cada juzgado, no ha previsto destinar ninguna financiación para las Comunidades Autónomas. Y eso que el propio Pacto de Estado lo reclamaba, con razón, dadas las históricas carencias de la Justicia traspasadas, junto con las competencias, a las Comunidades.

El Gobierno, que paga menos del 20% del gasto de cada juzgado, no ha previsto financiación para las CC AA

Por su parte, el Gobierno ha hecho una amplia campaña que sitúa en el sistema judicial la solución de los problemas de seguridad ciudadana, mediante la ejecución de los juicios rápidos. Con ello, nos coloca en una difícil situación: cualquier tropiezo simple de funcionamiento, o cualquier queja sobre los problemas financieros que comporta la ley, puede ser interpretada como un intento de boicot a los planes del Gobierno en un tema tan sensible como éste y que además ha sido tan aireado de forma interesada. Sinceramente, no creo que el incremento de la delincuencia se solucione de esta forma, como no se resuelve modificando el Código Penal o endureciendo las penas y su cumplimiento. La delincuencia es una expresión de que hay muchas cosas en nuestra sociedad que no funcionan, y su incidencia se reduce a medio y largo plazo con políticas públicas tendentes a la igualdad y a la consecución de los derechos constitucionales de los ciudadanos: educación, empleo, vivienda, salud, calidad en la vida urbana, eliminación de guetos, integración, etc. Para ello se requiere también en el corto plazo de una presencia adecuada de la policía en las calles y la debida coordinación entre todos los que deben velar por el orden en ellas.

No quiero hablar sólo de dinero, pero creo que la Junta de Andalucía está más que legitimada para reclamar la financiación excepcional pactada. Los hechos nos avalan: nuestro presupuesto en Justicia se ha duplicado en cinco años, estamos ejecutando un Plan de Infraestructuras que dotará a Andalucía de edificios dignos y modernos para la Justicia, y hemos puesto en funcionamiento el plan informático Adriano, del que podemos decir con orgullo que es modelo en España y no se queda atrás en el entorno europeo. Además, estamos dotando a la Administración de Justicia andaluza de elementos diferenciales que sitúan al ciudadano como protagonista y destinatario del servicio público que se presta. Solamente esto, que desde luego no es lo único, es más que suficiente para poder exigir abiertamente al Gobierno que cumpla sus compromisos, como nosotros cumplimos los nuestros.

Si gobernar es elegir, en este caso, al Gobierno Andaluz le queda poca elección: ha de proporcionar los medios para que los juicios rápidos puedan producirse, pues así lo ordena la ley estatal. Esto les va a costar a los andaluces más de cuatro millones de euros, que, hablando claro, no podrán dedicarse al cumplimiento de otros compromisos presupuestarios que atendían a objetivos elegidos por esta comunidad en el ejercicio de su autogobierno. Pero no teman los ciudadanos, ni quienes intervienen en la Administración de Justicia: cumpliremos nuestro compromiso en cuanto a la dotación de medios, como esperamos que todos cumplan los suyos, incluyendo en ellos la financiación prevista en el Pacto de Estado para la reforma de la Justicia, que seguimos exigiendo del Gobierno.

Carmen Hermosín Bono es consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.