Informes policiales prueban que FARA desvió más del 10% de las ayudas y destinó una parte a créditos
Recursos para la inserción se emplearon en la compra de un Mercedes y una parcela de olivos
Informes policiales en poder del juzgado número 7 que instruye el caso FARA -en el que se investiga si la Federación de Asociaciones Romaníes de Andalucía malversó ayudas públicas- prueban documentalmente que la organización desvió más del 10% de las subvenciones y que recursos concedidos para la inserción del pueblo gitano en realidad fueron destinados a actividades prestamistas, a asistir a un homenaje a Camarón, a comprar un Mercedes o una parcela de olivos, o bien se retiraron con tarjeta o en efectivo sin que se sepa con qué fines.
Aunque cuando estalló el caso en noviembre de 2001, el desvío se estimó en un tercio de los seis millones de euros recibidos en ayudas entre 1997 y 2001, los agentes sólo han podido demostrar con documentos la presunta malversación de 198.000 euros. El perito contable, en cambio, ha detectado errores en las cuentas por unos 600.000 euros.
En los últimos informes, se da cuenta al juzgado de que el dinero desviado supuestamente se destinó a conceder préstamos que oscilaban entre los 120 y los 2.500 euros, que salió en forma de talones mensuales de 600 euros a nombre de los trabajadores que éstos nunca cobraron e incluso mediante cheques que se ingresaron en cuentas de un hijo y de la mujer del presidente de FARA, Vicente Rodríguez, tres de los 16 imputados en la causa. Los investigadores ven en estas prácticas un supuesto delito de blanqueo de dinero.
Los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la comisaría malagueña recogen una "mezcla de patrimonio" entre los negocios particulares de Rodríguez y las cuentas de FARA. Así, siguen la pista a un talón de 6.000 euros que sale de la federación para el pago de parte de un Mercedes, dinero que se completa con idéntica cantidad en efectivo. La operación al final no se hace y cuando el presidente de FARA sale de la cárcel, dos meses después de su detención, el concesionario le devuelve 10.818 euros de los 12.000 que recibió porque le descuenta 1.200 de una reparación. El dinero no vuelve a la federación.
Los informes también reflejan otros gastos que no encajan en la finalidad de las subvenciones: 150 euros para una caseta de feria, 811 euros para acudir a un homenaje a Camarón o 4.808 euros para la compra de una finca de olivos en Sevilla puesta a nombre de la compañera sentimental de Rodríguez.
Justificantes desmontados
Las pesquisas policiales han desmontado parte de los comprobantes que FARA presentó a las administraciones para justificar gastos. Por ejemplo, la federación presentó precontratos de seguros para actividades de verano como si finalmente se hubieran pagado cuando la federación no gastó el dinero porque al final no los contrató. La aseguradora era justamente en la que trabajaba la mujer del asesor fiscal de FARA, Valeriano G. G., también imputado. Los informes también destapan una decena de "contrataciones fantasmas" de personas que prestaron su nombre para trabajos que en realidad no hacían. A cambio, la federación les cotizaba la Seguridad Social, les daba algo de dinero y se quedaba con el resto del sueldo. Informes policiales anteriores ya habían descubierto que de las nóminas de los trabajadores que sí estaban empleados en FARA, la federación descontaba unos 30 euros mensuales.
En subvenciones otorgadas por el Ministerio de Trabajo, la investigación detectó tres facturas falsas por 26.444 euros de la empresa Oldkraft. En el registro a la sede de la federación fueron hallados talonarios de tickets de gasolina en blanco con el sello de un establecimiento de Sevilla. La gasolinera confirmó a los agentes que le faltaban varios talonarios. En una ayuda concedida por la Consejería de Empleo para unos cursos de formación, los informes policiales confirman que el responsable de las actividades cobró la mitad de lo que constaba en la factura emitida a FARA. También llaman la atención sobre un justificante de dos botellas de vino por 60 euros con cargo a las ayudas de mantenimiento de la sede, facturas que son rechazadas por la Consejería de Asuntos Sociales, que luego acepta en su lugar otras dos de comida. De acuerdo a los informes, los justificantes para estas subvenciones están inflados en algunos casos o bien no responden al concepto para el que fueron otorgadas.
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