"Las cárceles de Guatemala vivían en un Estado aparte"

El fiscal general de la República de Guatemala, Carlos David de León Argueta (Qetzaltenango, Guatemala, 1957), admite que su país sigue de alguna forma en guerra, "pero ahora contra los grandes poderes, como el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado". Junto a la corrupción, De León los llama "los cuatro jinetes del Apocalipsis". "Hay estructuras paralelas que no se eliminan con una firma de la paz", añade. En los 10 meses que lleva en el cargo, este máster en Administración Pública de Harvard presume de haber encarcelado a policías y a militares, de tener bajo investigación al propio presidente de la República (Alfonso Portillo) y al vicepresidente, y procesados a dos ministros.

Pregunta. ¿Qué libertad tiene la Justicia en Guatemala?

Respuesta. Hay que reconocer obstáculos. Por ejemplo, Guatemala tiene graves problemas criminales, pero un presupuesto de apenas 40 millones de dólares. No es suficiente. Además, en Guatemala se habla de una democracia, de un Estado de derecho, de una legalidad, pero eso no es real, porque el ministerio público sólo está presente en un 10% de los municipios del país. No se puede hablar de un régimen de legalidad; si no hay una oficina, la gente no puede acudir a hacer sus denuncias. Estamos pidiendo a los gobiernos locales que nos faciliten oficinas para llevar a nuestro personal.

P. ¿Se ha comprometido el Gobierno a ayudar en ese sentido?

R. Cada vez hay un mayor compromiso no sólo en eso, sino en la colaboración contra el terrorismo, el narcotráfico y la corrupción. Nos sentimos orgullosos de poder decir que somos el único país que tiene procesados a dos ministros. Pero no del anterior régimen, sino de la Administración actual. El de Finanzas [por desviar más de 250 millones de dólares] y el de Gobernación [por desvío de 12 millones de dólares]. Tenemos a más de 20 alcaldes del partido gobernante sometidos a juicio, varios en la cárcel, y viceministros en la cárcel. Hemos enfrentado la corrupción de una manera frontal. Hace unos días, nuestra fiscalía especial de Derechos Humanos logró la primera sentencia de 25 años para 16 miembros de la policía secreta contra el narcotráfico. Aprovechando su poder, mantuvieron una aldea entera secuestrada y asesinaron a dos personas.

P. Un informe reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacaba la impunidad en Guatemala.

R. El espacio de discrecionalidad se va reduciendo. No quiero sonar presuntuoso, pero en estos 10 meses hemos hecho valer el imperio de la ley. Las fuerzas de seguridad están sujetas al poder del fiscal general. Hemos exigido total independencia para el fiscal general y autonomía para la institución. Así, tenemos bajo investigación al mismo presidente de la República, al vicepresidente y a otros por la Conexión Panamá [desvío de fondos a bancos de este país]. La Fiscalía General ya no es una institución que se pueda manipular.

P. Tras los recientes motines, ¿cuál es la situación de las cárceles?

R. El problema del sistema penitenciario es que sus leyes vienen de principios de siglo y no están adaptadas. Es un estado aparte. No había control ni siquiera del número de internos. Ahora hemos reubicado a los presos responsables de la última matanza, en la que murieron 14 personas, 3 de ellas decapitadas.

P. Esta misma semana un preso denunció que le obligaron a comerse a un compañero.

R. Así fue. Las bandas de esa prisión mataban a sus enemigos, los despiezaban como reses, y hacían fogatas prácticamente como quien hace un churrasco. Se los estaban comiendo.

P. ¿Se han dejado de juzgar crímenes de la guerra civil (1960-1996)?

R. En 1996 se crearon algunos instrumentos legales para que hubiera una reconciliación. Dentro de estos instrumentos están normas de amnistía. En ese aspecto ya no se investiga ni hay persecución penal. Hay como un manto que permite construir algo nuevo. Pero eso no quiere decir que no se continúe con el proceso de descubrir la verdad para que sirva como liberación.

P. ¿Ningún suceso tendrá consecuencias penales?

R. Los tribunales deciden a qué casos se aplica la ley de amnistía y a cuáles no. En caso de que queden fuera de estas normas, la fiscalía iniciaría actuaciones.