La ley de Garner

El mismo secretismo que ha envuelto la concesión de contratos a empresas privadas para la reconstrucción de Irak esconde ahora los detalles sobre el funcionamiento práctico de la Administración que EE UU empieza a poner en marcha en ese país. Se conoce a la cabeza visible del Gobierno temporal, el militar retirado Jay Garner, y a algunos de sus colaboradores o ideólogos, pero apenas ha trascendido información sobre los pormenores de la nueva estructura civil o su método de trabajo.

Del organigrama impuesto en el nuevo Gobierno se conoce sólo lo justo. Se sabe que Garner, al frente de la Oficina de Reconstrucción y Asistencia Humanitaria, no sólo depende del Departamento de Defensa, sino que tiene en el general Tommy Franks a su superior inmediato. Garner sólo despacha con Franks, que es el vínculo con el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld; el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, Richard Myers, y el presidente George W. Bush.

Garner ha escogido a una mujer para el segundo escalón de su Oficina, Barbara Bodine, antigua embajadora de EE UU en Yemen, a quien nadie otorga un cargo concreto. Hace una semana, fuentes del Pentágono se referían a ella como "alcaldesa de Bagdad"; después se habló de Bodine como "coordinadora" para la zona central de Irak (los generales retirados Bruce Moore y Buck Walter se reparten el norte y el sur) y ahora parece elevada al cargo de seudogobernadora. Este ascenso intenta eclipsar de algún modo a Mohammed Mohsen al-Zubaidi, autoproclamado gobernador de la capital.

De Garner y Bodine dependerán los ministerios provisionales, que serán en torno a una veintena. A lo largo de los próximos días, 450 estadounidenses irán llegando a Bagdad para repartirse los cargos administrativos de cada departamento. El funcionamiento inicial del Gobierno saltará por encima de legalismos y reglamentaciones locales para avanzar a través de un sistema de normativas y decretos que sólo necesitarán la firma de los altos cargos de la Oficina de Reconstrucción.

En un plazo no definido, EE UU irá cediendo el poder de manera paulatina. Algunos cargos podrán ser relevados por representantes iraquíes dentro de algunos meses, pero otros despachos pueden tardar años en ser transferidos. La transición será más lenta en las instituciones más comprometidas, como las que se encargan de la economía, la justicia o el petróleo. Otros departamentos, como sanidad y educación, pueden ser los primeros en asistir a una "retirada política" de los administradores estadounidenses.

Falta también por saber si la composición del nuevo Gobierno se ajusta a la lista de nombres que ha circulado en las últimas semanas. Se habla de Michael Mobbs como posible elegido para un cargo que podría equipararse al de un "vicegobernador", al frente quizá de la mitad de los ministerios. Mobbs, abogado del Pentágono, es uno de los ideólogos de la política de detenciones indefinidas que EE UU aplica desde el 11-S.

Otro nombre que aparece en todas las quinielas es el de James Woolsey, ex director de la CIA con conexiones reconocidas al lobby israelí en Washington. Woolsey asustó incluso a sus compañeros conservadores al abogar en público por futuras invasiones de Siria e Irán. Además, Woolsey ha mantenido impertérrito su teoría de que Sadam Husein y su Gobierno, y no fundamentalistas islámicos, organizaron el primer atentado contra las Torres Gemelas en 1993.

A ellos dos se suma Zalmay Khalilzad, que ha trabajado para el Pentágono y para el Departamento de Estado en la creación de una red de contactos con los grupos políticos iraquíes en el exilio. Khalilzad publicó un artículo en un número del Weekly Standard de 1997 en el que pedía un bombardeo continuado sobre Bagdad para conseguir el objetivo con el que titulaba esa crónica de opinión sobre Sadam: "Acabar con él".

El artículo en cuestión tenía otra firma como coautor: Paul Wolfowitz, el número dos del Departamento de Defensa, un halcón que, según muchos, es el auténtico arquitecto del proyecto de reconstrucción política de Irak.