Michavila: "Con los juicios rápidos no habrá más presos, sino menos delitos"
Una comisión del Poder Judicial valorará la marcha del nuevo modelo
El ministro de Justicia, José María Michavila, explicó ayer que el modelo de juicios rápidos que se va a implantar a partir del próximo lunes va a suponer un "profundo cambio en la cultura judicial", pero no supondrá una merma en las garantías de los acusados ni provocará el desconcierto de las víctimas. Michavila advirtió de que el nuevo modelo no trata de conseguir "que haya más gente en las cárceles, sino que haya menos delitos".
El ministro de Justicia reconoció que que habrá que pasar un "periodo de rodaje" para asimilar las novedades, aunque está convencido de que la reforma funcionará y repercutirá "en una Justicia más ágil en beneficio de los ciudadanos". Para valorar la marcha del nuevo sistema una comisión de seguimiento integrada por cuatro vocales del Consejo General del Poder Judicial, fiscales, abogados, policías y representantes del ministerio y de las comunidades autónomas se reunirá en las primeras semanas.
Los juicios rápidos se aplicarán principalmente a delitos castigados con penas de hasta cinco años, como robos, hurtos, sustracciones de vehículo, seguridad en el tráfico, violencia doméstica y delitos flagrantes. Junto a ellos se juzgarán de forma inmediata las faltas de hurto y las cometidas en el entorno familiar. Los delitos se juzgarán en 15 días y las faltas en 72 horas.
El cambio esencial en un modelo que data de 1881 reside, según explicó Michavila, en el cambio de función del juez de guardia, que hasta ahora se dedicaba a pedir el atestado policial, testimonios de la víctima, informes al fiscal y dictámenes a peritos y forenses. "A partir de ahora, el juez no pide informes a los demás, sino que los recibe de los demás y toma decisiones."
Los juicios se coordinarán por la policía judicial a través de una "agenda electrónica de citaciones" para que todas las partes conozcan exactamente los días que se dedican a la celebración de los juicios. Una agenda que duplicará los servicios de guardia de los jueces y multiplicará por 3,7 las guardias de los fiscales.
Según Michavila, en los últimos tres años se han creado 234 plazas de jueces penales y 247 plazas de fiscales, "una planta judicial que va permitir que se atiendan juicios penales todas las tardes, los días de diario y los sábados y domingos".
El presupuesto que este año se destinará a juicios rápidos será de 98 millones de euros, de los que 43 millones han sido para la ampliación de plantillas y otros 45 millones de euros para las retribuciones adicionales y para financiar el coste de las guardias y equipos informáticos.
El director general de Modernización de la Justicia, Alberto Dorrego, explicó sobre una presentación de ordenador el sistema de citaciones mediante la agenda electrónica de citaciones, un sistema telemático a través de la cual, la policía, en coordinación con el juzgado de guardia, cita al acusado, a la víctima, peritos y testigos en las franjas horarias que tenga disponibles el juzgado de guardia para celebrar los juicios.
Según Dorrego, la instrucción de los delitos que ahora se prolonga entre 4 y 7 meses, se reducirán a un día en las diez grandes ciudades donde hay servicio de guardia de 24 horas. "Ése es el cambio fundamental", aseguró Dorrego, "que habrá un potente servicio de guardia trabajando permanentemente en la averiguación e instrucción de los delitos". El tiempo de 3 a 5 meses en espera de juicio se concentrará en un plazo máximo de 15 días.
Los juicios por faltas de hurto de pequeña cuantía y las del ámbito de violencia doméstica, que ahora tardan en torno a las 4 a 8 semanas, pasarán a ser enjuiciadas en las grandes ciudades inmediatamente, en 24 horas, por el propio juez de guardia, y en 7 días en otros partidos judiciales.
Michavila aseguró que la celeridad con la que a partir de ahora se instruirán los asuntos penales no supondrá una merma de las garantías de defensa de los detenidos. Recordó que ahora el 22% de la población reclusa está en prisión preventiva: "Saber antes si uno va a ser condenado o absuelto es la mejor garantía", dijo.
Preguntado por las críticas al nuevo sistema del fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, quien ha vaticinado el "fracaso" de los juicios rápidos, el ministro no se recató en enviarle un recado: "Si cobra su sueldo del erario público y no se siente capaz de ejercer una responsabilidad, a lo mejor es que tiene que tomar una decisión personal", sugirió Michavila. "Ningun diputado o senador votó en contra de esta ley y de los 1.762 fiscales sólo uno se ha pronunciado en rebelión. No me preocupa lo más mínimo", agregó.
Reducción de condena
El director general de Modernización de la Justicia, Alberto Dorrego, destacó la importancia del "principio de conformidad reforzada", que permitirá que a los acusados que en el juzgado de guardia se conformen con la pena más grave pedida por el fiscal se les reduzca la condena en un tercio.
La conformidad está prevista sólo para los delitos castigados con penas de hasta 3 años de prisión, lo que en la práctica supondrá que los que se conformen no llegarán a entrar en la cárcel, ya que un condenado a menos de dos años de prisión que no tenga antecedentes no va a prisión.
Las críticas a las sentencias de conformidad fueron rechazadas por el ministro de Justicia, quien aseguró que las víctimas van a estar mucho más informadas y protegidas que antes. El ministro admitió que no tienen previsiones sobre eventuales incrementos en la población penitenciaria derivada de los juicios rápidos.
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