Controversia sobre una OPA

La importancia de la acción empresarial acometida por Gas Natural sobre Iberdrola, encaminada a crear una compañía energética global, operadora en los mercados eléctrico y gasista españoles, ha quedado claramente puesta de manifiesto al comprobar cómo el hecho se ha convertido en uno de los principales temas de debate en los ámbitos políticos, empresariales y financieros en las últimas semanas y al constatar cuán elevada ha sido la repercusión que ese debate ha tenido en los medios de comunicación.

La empresa promotora de la oferta, Gas Natural, se ha esforzado en resaltar las excelencias de la operación ante políticos y financieros, porque, seguramente, ha considerado que de las opiniones y decisiones de estos colectivos va a depender el éxito o fracaso de la operación. Pero ha actuado con una cierta falta de transparencia a la hora de presentar la iniciativa ante las empresas eléctricas y gasistas, lo que comporta un cierto menosprecio hacia la competencia y un marcado desdén por la preservación de los intereses y derechos de los consumidores de gas y de energía eléctrica.

Las inversiones propias de las actividades no reguladas quedarán adicionalmente relegadas

Es a la Comisión Nacional de la Energía, al Tribunal de Defensa de la Competencia y al Gobierno a quienes compete velar por los intereses de los consumidores. Y son estas instituciones las que van a identificar y establecer el conjunto de condiciones que garanticen, sin el menor asomo de duda, que el desenvolvimiento de las actividades reguladas en los mercados eléctrico y gasista no se va a ver afectado por la disminución de las inversiones necesarias para su adecuado funcionamiento; que el ritmo de coordinación de las actividades no reguladas va a mantenerse sin retrasos y que el traslado al consumidor de una parte de las ganancias de eficiencia en la gestión de las empresas eléctricas y gasistas, va a continuar realizándose vía adecuación de los precios pagados por los consumidores.

Pero la operación, tal como se plantea por los promotores, no sólo comporta riesgos para los consumidores, sino también para las empresas del sector y, en particular, para la nueva compañía a constituir. En efecto:

- Una oferta suficientemente interesante para los accionistas de Iberdrola pondrá en peligro la solidez financiera de la nueva empresa, pues cuanto mayor sea el grado de atracción de la propuesta más aumentará el nivel de endeudamiento de la nueva sociedad. Ello, además va a traer consigo decisiones de reducción de inversiones, especialmente en actividades reguladas, con el consiguiente perjuicio adicional para los intereses de los consumidores, que se verán afectados no sólo por riesgos de desabastecimiento, sino también por los que comporta la disminución de la calidad del servicio.

- Un mayor endeudamiento sólo podrá compensarse directamente con mayores niveles tarifarios, que serán tanto más fáciles de lograr cuanto mayores sean las tentaciones de recurrir a pactos con otras empresas para la defensa de intereses mutuos. Estos pactos no tardarían en traducirse en reparto de áreas controladas por cada una de las compañías en los mercados específicos de gas y electricidad.

- Una modificación de los planes de inversión de las empresas energéticas generará una reducción del número de proyectos nuevos a realizar. La prioridad inversora de las compañías compradoras de activos se centrará en la compra de centrales hidráulicas y de bombeo y en la adquisición de infraestructuras de distribución, cuotas de mercado y contratos de suministro de gas natural, para asegurar un mejor posicionamiento en los mercados mayoristas de generación eléctrica y de distribución de gas hasta alcanzar, en estos últimos, la condición de operadores globales. Así la realización de inversiones propias de las actividades no reguladas quedará adicionalmente relegada.

- Una venta de contratos de suministro de gas natural ya en vigor, favorecerá sin duda a las empresas que los adquieran, pero reducirá el esfuerzo a realizar por éstas para la búsqueda de nuevos abastecimientos en países y proveedores distintos de los actualmente existentes. Tal forma de proceder elevará el riesgo de desabastecimiento de los usuarios domésticos e industriales de gas natural e incrementará los precios a pagar por esta fuente energética indispensable.

- Un aumento del grado de independencia del gestor técnico del sistema gasista, Enagas, aunque vaya acompañado de una reducción de los contratos de suministro y de la cuota de mercado de Gas Natural, en los mercados liberalizados y sujetos a tarifa, no constituye una aportación sustantiva del promotor al cuidado de los intereses generales cuya defensa, así como la de la competencia, exigirá antes o después que tales hechos se produzcan.

- Un reforzamiento de las empresas eléctricas que actualmente operan en España, con una menor dimensión, sólo vendrá aconsejado cuando el principio de reciprocidad en el grado de cumplimiento de la liberalización energética en la Unión Europea sea una realidad incontrovertible.

Por todas las razones aquí expuestas y por otras que podrían ser aducidas, las instituciones encargadas de velar por la liberalización adecuada de los mercados eléctrico y gasista, así como por los intereses de los consumidores, procederán con su mejor hacer, para garantizar tanto el suministro energético a medio y largo plazo como sus mejores condiciones de precio y calidad en beneficio de todos los ciudadanos.

Luis César Gaya Goya es doctor ingeniero industrial.