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Entrevista:DIEGO CAÑAMERO | Secretario general del SOC

"Las multas al SOC son una persecución a un sindicalismo real"

Luis Barbero

Diego Cañamero, histórico dirigente jornalero, asegura en esta entrevista telefónica que no va a pagar ni un céntimo de la fianza de 19.000 euros que una juez le ha impuesto por una supuesta agresión al empresario Manuel Vargas Sevillano durante una protesta ocurrida en mayo de 2001. Entonces, el empresario disolvió a tiros un piquete informativo, motivo por el que fue juzgado y posteriormente absuelto. Ahora un juzgado ha ordenado abrir juicio oral contra Cañamero por la supuesta agresión al empresario. El secretario general del Sindicato Obreros del Campo (SOC) afirma que es "mentira" que lesionase al empresario. Cañamero critica las multas que el Gobierno ha impuesto a jornaleros del SOC en los últimos tiempos (más de 40.000 euros), sobre todo por las movilizaciones contra el decretazo.

"Aceptar el acuerdo sobre la renta agraria fue un error de cálculo de UGT y CC OO"

Pregunta. ¿Qué hay de cierto en el procedimiento judicial iniciado por la supuesta agresión al empresario?

Respuesta. Todo es mentira, a ese hombre no me he acercado siquiera. Se lo ha inventado y la juez, sin conocer nada, simplemente por una acusación particular, determina que soy presunto culpable y me pide 19.000 euros y que me presente los 1 y 15 de cada mes en el juzgado. Es una humillación.

P. ¿Se va a presentar en los juzgados para cumplir la medida cautelar?

R. No me voy a presentar ni a pagar la fianza, entre otras cosas porque no tengo dinero.

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P. ¿Qué ocurrió el día de la protesta?

R. Ese día había un piquete de unas 300 personas que se acercó adonde estaba la empresa de Vargas Sevillano. Cuando llegó el piquete, ellos empuñaron hierros y tablas con puntillas y empezaron a agredir a la gente de una manera bárbara. Cuando vio que la gente se acercaba cada vez más y ellos eran cuatro o cinco, este hombre

se fue a por una escopeta recortada y sacó una pistola. Empezaron a pegar tiros. Yo estaba a unos 20 metros de todo aquello. Cuando pegaron los tiros, se llamó a la Guardia Civil, que lo detuvo. Ahora este hombre me acusa a mí de que yo le hice daño, cuando yo ni me acerqué a él ni por supuesto le agredí. Es una calumnia y contra la actitud de la juez, las mentiras y las injusticias me rebelo. Cuando te acusan de un corte de carreteras o de la ocupación de una finca y has estado, vale, pero yo a este hombre no me he acercado. ¿Cómo me iba a acercar si tenía una pistola y una escopeta y empezó a dar tiros? Me van a tener que llevar esposado.

P. Si dice que no se acercó al empresario, ¿por qué cree que la juez ha tomado esta decisión?

R. Por una represalia. Cuando estuve declarando me hizo un gesto muy partidista: me dijo que las heridas que este hombre traía no se las habría hecho él queriendo. No sé cómo se las había hecho, pero tengo 300 testigos de que no me acerqué a él. Cuando empezó a pegar tiros, todo el mundo empezó a correr y yo me quedé solo a 20 metros de él. Y me empuñó con la escopeta diciendo que me iba a matar.

P. El Gobierno ha impuesto numerosas multas a militantes del SOC por las movilizaciones contra el decretazo. ¿Había ocurrido algo parecido en ocasiones anteriores?

R. Cuando hemos hecho cortes de carretera en otras épocas, ha habido juicios con multas, pero esta persecución de ahora, con más de 40.000 euros, nunca había ocurrido.

P. ¿A qué achaca esta situación de las multas?

R. Es una manera de persecución sobre un sindicalismo real, auténtico, en el medio rural y que está contestando al Gobierno a todas las injusticias que quiere cometer. Hay mucha gente a la que no le gusta este tipo de sindicalismo, sobre todo a los grandes empresarios. No les gusta que les impongamos el convenio, que denunciemos cuando contratan inmigrantes sin papeles o con papeles a los que tienen hacinados en viviendas. Hay una serie de grandes empresarios que parece que están presionando a la Delegación del Gobierno. Cuando Torres Hurtado era delegado del Gobierno me llamó por teléfono para decirme que dejara quietos a los inmigrantes y a los empresarios, que si no iba a por mi sindicato y a por mí. Palabras textuales, que no creo que las niegue.

P. ¿Cuándo empezaron las multas a aumentar?

R. Empezaron en 2001, con el convenio del campo de la provincia de Sevilla. Hay un dato curioso: en los piquetes por el convenio, íbamos coches de UGT, Comisiones Obreras y el SOC. Se multó a gente de los tres sindicatos y luego se las quitaron a UGT y CC OO y a nosotros nos las dejaron.

P. El SOC se opuso al acuerdo final entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CC OO sobre la renta agraria. ¿Qué aspectos ve más negativos del acuerdo?

R. Sobre todo la incertidumbre de que cuando pasen seis años, lo quitan, pero hay otros puntos graves. Por ejemplo, fijar 10 años de empadronamiento en Andalucía y Extremadura para percibir la renta agraria es una actitud xenófoba y racista. Eso está pensado para los inmigrantes y los andaluces retornados, gente que se ha ido a Barcelona o al País Vasco, que vuelve, no tiene trabajo y no se puede acoger a esta renta. Después, las peonadas del PER, que no valen para solicitar la renta agraria y eso le afecta a muchas mujeres de pueblos de secano y de la sierra.

P. Entonces, ¿qué cree que puede ocurrir cuando el sistema vigente se exitinga?

R. Espero que la gente vuelva a salir a la calle. En Andalucía y Extremadura el asunto es complicado porque somos 500.000 jornaleros sin trabajo fijo ni perspectivas, de los que 320.000 cobran el subsidio agrario. No creo que en seis años haya las suficientes industrias y el desarrollo de nuestros pueblos para que no necesitemos la renta agraria. Por eso nosotros planteábamos que no se pusiera fin a la renta agraria, sino análisis de los planes y estudios. El Gobierno ha puesto en marcha unos planes de inserción en el trabajo y lo que se tenía que haber acordado es analizar, cada cierto tiempo, estos planes. Esto es aplicarnos el decreto por la puerta falsa.

P. ¿Se tenía que haber negociado más con el Ministerio de Trabajo?

R. Fue un error de cálculo. Es como si estás corriendo un maratón y cuando faltan 100 metros, porque te falta la fuerza, tiras la toalla. Eso fue lo que le pasó a Comisiones y UGT. Había una huelga convocada para el 20 de febrero, unas movilizaciones pendientes y el Gobierno mandó el borrador un sábado por la mañana a las 12. El ministro me dijo que aquello era un borrador y que había flecos que se podían tratar. Pero el hecho de que CC OO y UGT dijesen que se habían restituido los derechos del subsidio agrario lo cambió todo. Cuando la semana siguiente hicimos una movilización cortando las carreteras, nos quería comer la policía. En esas últimas movilizaciones, hemos recibido muchas multas de 300 euros.

P. ¿Por qué cree que aceptaron CC OO y UGT?

R. UGT y CC OO no confiaban en la lucha de los trabajadores. Después de que el Gobierno diese el 90% de lo que estábamos pidiendo, por el 10% el Gobierno no soportaba una nueva movilización. El Gobierno estaba dispuesto a ceder. Incluso en la redacción del tema de los seis años me dijeron que estaban dispuestos a rectificar. Lo que ocurre es que cuando se desmoviliza todo el mundo, la Junta empieza a decir que se restituye el subsidio y el Gobierno que la renta agraria es una realidad y que los jóvenes no se tienen que ir de los pueblos, la verdad es que a los demás nos dejaron solos ante el peligro. La realidad es que hemos perdido una oportunidad de resolver esos flecos ya que al Gobierno lo teníamos contra las cuerdas.

P. ¿Está seguro de que el Gobierno iba a ceder en el tramo final?

R. Estoy completamente seguro. El Gobierno no podía soportar una nueva movilización el 20 de febrero, pero claro al aceptar todos, a nosotros nos dejaron sin espacio y con la policía y las porras.

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Sobre la firma

Luis Barbero
Es subdirector de Actualidad de EL PAÍS, donde ha desarrollado toda su carrera profesional. Ha sido delegado en Andalucía, corresponsal en Miami, redactor jefe de Edición y ha tenido puestos de responsabilidad en distintas secciones del periódico.

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