Mandato inexcusable
Primero fue Afganistán. Después ha sido Irak. No sabemos si habrá un tercer o cuarto o quinto país al que se acabará extendiendo la guerra, pero del discurso del presidente Bush, del secretario de Defensa y del portavoz de la Casa Blanca desde los días finales de la invasión de Irak cabe deducir que es probable que así sea. Ya veremos.
En todo caso, sería bueno que en España nos fuéramos preparando para una eventualidad de esta naturaleza. Puesto que no es descartable que en un futuro más o menos próximo podamos encontrarnos ante una acción bélica similar a la que ha supuesto la invasión de Irak, sería de suma importancia que los ciudadanos españoles decidiéramos cuál sería la posición que debería tomar España en el caso de que esto sucediera.
No se debería volver a repetir lo que ha ocurrido este año. Es verdad que el Gobierno del PP dispone de una mayoría absoluta obtenida en las últimas elecciones generales y que ha podido, en consecuencia, actuar de la forma en que lo ha hecho. Pero no lo es menos, que el Gobierno no obtuvo un mandato claro de los electores para actuar de la manera en que lo ha hecho y más cuando no se ha contado con la cobertura de Naciones Unidas y cuando se ha tomado la decisión con el conocimiento de que la opinión pública estaba de manera prácticamente unánime en contra de la invasión de Irak y de la participación de España en la misma, por mínima que fuera.
La crisis de legitimidad que ha provocado la guerra de Irak en el sistema político español ha sido de una magnitud considerable. Gregorio Peces-Barba ha llegado a hablar de "golpe de Estado" y Miguel Herrero, sin llegar tan lejos, también se ha pronunciado en unos términos similares. La tensión entre la legalidad y la legitimidad de la acción gubernamental ha sido muy visible.
Porque aquí es donde ha estado el núcleo del problema. El origen de la crisis ha estado en que el Gobierno de España ha puesto en práctica una política en nombre de los ciudadanos españoles con la que estos ciudadanos estaban abrumadoramente en desacuerdo. De ahí el "no en nuestro nombre" que ha estado presente en todas las manifestaciones contra la guerra.
Puesto que no es descartable que en los próximos años nos volvamos a encontrar en una situación similar, sería de suma importancia que en las próximas elecciones generales hubiera un pronunciamiento de los ciudadanos en torno a lo que tendría que ser la posición del Gobierno español ante una eventualidad de este tipo. En las elecciones de 2000 nadie podía prever que nos podríamos encontrar en 2003 en donde nos hemos encontrado. Pero en 2004 sí se puede prever que, a lo largo de la legislatura, nos encontremos de nuevo en la tesitura de que el Gobierno tenga que decidir entre la guerra y la paz. Un mandato claro del cuerpo electoral para una eventualidad de esta naturaleza es una exigencia inexcusable.
No es sobre la conducta del Gobierno en esta guerra sobre la que tendríamos que pronunciarnos. Ese debate me parece que sería bastante estéril. Por eso estoy en desacuerdo con las propuestas que se han hecho de que José María Aznar se volviera a presentar como candidato a la presidencia del Gobierno. Es sobre la posición de España en el futuro que parece haberse abierto con la guerra preventiva sin mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la que los ciudadanos españoles tendrían que pronunciarse. No es un ajuste de cuentas con el pasado lo que necesitamos, sino una orientación de cómo tendríamos que actuar en el futuro. Porque el futuro ya está aquí.
En el programa de cada uno de los partidos tendría que figurar un compromiso de cuál sería la posición que adoptaría, en el caso de ocupar el Gobierno, ante una eventual guerra como la de Irak. A la vista del discurso del presidente de Estados Unidos no se puede dejar fuera del debate electoral una cuestión como esta. No deberíamos volver a pasar por un crisis de legitimidad como la que estamos viviendo desde hace meses.
