El Pacto de Toledo pide reforzar los planes de pensiones pese a sus pérdidas

Los sistemas de pensiones privados han tenido hasta ahora un desarrollo muy insuficiente en España. Así lo cree la Comisión del Pacto de Toledo, encargada de velar por el futuro del sistema público de pensiones, que anima a impulsar estos seguros privados. Tal recomendación, recogida en un informe que ha elaborado la presidencia de ese órgano y que ha sido enviado a los partidos políticos, se produce pese a que la rentabilidad de los planes de pensiones cae un 4,57% en el último año. Los partidos han acordado aparcar este debate hasta después de las elecciones de mayo.

El informe de la Comisión del Pacto de Toledo -de 83 páginas más un anexo estadístico- plantea una serie de medidas sobre el futuro de las pensiones en general continuistas con respecto al anterior acuerdo de 1995. Mantiene lo esencial, es decir, que las pensiones se revisen cada año según la inflación y que no pierdan, por tanto, poder adquisitivo. Si el IPC resulta más bajo de lo previsto, se propone que los pensionistas no tengan que devolver el exceso.

Las principales novedades consisten en recomendar que se revisen las pensiones de viudedad, que se frenen las continuas prejubilaciones en las empresas y que se estudie el creciente fenómeno de la dependencia, es decir, la protección de las personas que requieren cuidados y la de aquellas que se los prestan.

El texto, enviado por el presidente de la comisión, Jesús Merino, a los grupos políticos del Congreso, va poco más allá de una descripción de los problemas. Los grupos deberán afinar ahora sus propuestas concretas para un documento definitivo, que podría estar listo en septiembre. Los partidos han decidido aparcar estas iniciativas hasta después de las elecciones municipales y autonómicas del 25 de mayo para evitar que se enturbie el ánimo general de consenso que existe. Éstos son los principales aspectos que incluye el documento conocido ayer:

- Pensiones privadas. El texto señala que es necesario reforzar la previsión complementaria en España -es decir, los planes de pensiones privados-, dado el "insuficiente grado de desarrollo" que ha experimentado hasta ahora. Fomentar el recurso de los trabajadores a las pensiones privadas es una recomendación europea que el Pacto de Toledo ha mencionado otras veces. Sin embargo, la insistencia de ahora coincide con el momento especialmente bajo que atraviesa este sistema privado, muy lastrado por la mala evolución de los mercados.

Inverco, la patronal de las instituciones que gestionan fondos, difundió, ayer que la rentabilidad de los planes individuales -se nutren con las aportaciones de los particulares- ha caído un 4,57% de media en los últimos 12 meses. Los que invierten exclusivamente en renta variable fueron los más perjudicados, con descensos del 34,7%. La propia OCDE, organización que aglutina a los países más desarrollados del mundo, mostró hace unos días su preocupación por el impacto del desplome bursátil en los planes de pensiones.

- Cambios en la viudedad. La comisión cree que las circunstancias que justifican esta pensión se están eliminando poco a poco y, por tanto, esta prestación "se ha desvinculado de la existencia de una situación de necesidad merecedora de protección", según el texto. La creciente incorporación de la mujer al trabajo permite que pueda cobrar su propia pensión cuando se jubila, sin depender de la del marido en caso de enviudar. En sentido contrario a la que parece ser la recomendación del documento, el Gobierno aprobó recientemente que una persona viuda pudiera volver a casarse sin perder su derecho a la prestación.

- Limitar las prejubilaciones. Es conveniente, según la comisión, fomentar la prolongación de la vida laboral y limitar las prejubilaciones, la expulsión del mercado laboral antes de los 60 años. Las empresas recurren cada vez más a esta fórmula para aligerar sus costes laborales. No existen datos precisos sobre este colectivo, aunque el Ministerio de Trabajo cifra en 1,2 millones los jubilados anticipadamente, de forma voluntaria o involuntaria.

- Pensiones según la cotización. Éste es uno de los factores más polémicos de la reforma de las pensiones. El Pacto de Toledo estima necesario equiparar cada vez más los años que se toman como base en el cálculo de la pensión (ahora, los 15 últimos) para fijar cuánto cobrará el trabajador al final de su vida laboral. Sin embargo, el texto alude a los más perjudicados por la ampliación de ese periodo: aquellos que en los últimos años de su carrera han tenido peores cotizaciones. Aun así, el informe se muestra partidario de tener en cuenta toda la carrera profesional para calcular la pensión.

Este aspecto no contará con el apoyo automático de todos los grupos. De momento, el PSOE va a exigir algo que ya lleva tiempo demandando al Ministerio de Trabajo: un estudio sobre el impacto económico que ha producido en la Seguridad Social aumentar de 8 a 15 años el periodo de cálculo de la pensión desde 1997.

- Mujeres en el mundo laboral. La tasa de actividad de la mujer española es una de las más bajas de la Unión Europea (el 42,3%). Precisamente de este colectivo y de los inmigrantes se espera que suplan el progresivo envejecimiento de la población, una de las principales preocupaciones de los expertos. Por eso, la comisión sugiere aplicar más medidas, como la ya existente de eximir a los empresarios de las cotizaciones a la Seguridad Social cuando contratan a una mujer tras la maternidad.

- Complementos de pensión. Es una vieja petición del Pacto de Toledo, aunque aún no se ha culminado el objetivo previsto. Este órgano ha recomendado desde siempre que las cotizaciones sociales se utilicen para pagar las pensiones contributivas -las que cobra un trabajador después de haber aportado su parte a la Seguridad Social- y que las prestaciones no contributivas se financien con impuestos. Sin embargo, los complementos a mínimos, los que permiten elevar hasta un nivel digno las pensiones de quienes no han cotizado lo suficiente, aún se financian en parte con cotizaciones.