Tributar sin ánimo de lucro

El presupuesto no importa. Por pequeñas que sean, por poco dinero que muevan, aunque sea menos de 1.000 euros anuales, todas las entidades, asociaciones y clubes sin ánimo de lucro deberán formalizar el próximo mes de julio su declaración del impuesto de sociedades correspondiente al año 2002. No es una cuestión banal, porque la declaración deberá realizarse con los mismos formularios que utilizan empresas con beneficios multimillonarios, y para rellenarlos deberán manejarse conceptos incomprensibles para muchos dirigentes de pequeñas asociaciones que, además, se verán obligadas a llevar una contabilidad de acuerdo con el código de comercio. La mayor parte del tejido asociativo catalán se siente amenazado.

Muchos de los 35.000 clubes de Cataluña tienen presupestos de menos de 1.000 euros

"Es un disparate y un atentado a la subsistencia de muchas asociaciones". La frase fue pronunciada por el diputado de CiU Jordi Jané, en una conferencia que realizó junto a Jordi Baiget, experto en temas fiscales del mismo partido. Hasta este año, la mayor parte de asociaciones sin ánimo de lucro no realizaban declaración del impuesto de sociedades, porque sólo tenían la obligación de declarar las rentas no exentas, es decir, los ingresos que no provenían del cumplimiento de su fin social.

La mayoría de estas entidades dedican el 100% de sus ingresos a la realización de su objetivo fundacional y, por tanto, quedaban exentas de presentar la declaración. Sin embargo, la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2002 incluyó en su artículo 49 (que modifica el 142.3 de la Ley del Impuesto de Sociedades) la obligación de que este tipo de entidades declaren "la totalidad de sus rentas, exentas y no exentas". O sea, las obliga a presentar la declaración.

"Es una legislación realizada con una mentalidad propia de Madrid, no de Cataluña", agregó Jané. "Supone un quebradero de cabeza para muchas asociaciones que apenas tienen presupuesto, pero que se verán obligadas a acudir a asesores fiscales o a gestores para poder cumplir con sus nuevas obligaciones fiscales. Es una amenaza para su supervivencia". Sin embargo, la medida no afecta solamente a estas pequeñas asociaciones. También deberán declarar por este concepto partidos políticos, asociaciones de vecinos, cámaras de comercio, sindicatos, asociaciones de deporte escolar, clubes grandes y pequeños de fútbol y de otros deportes, asociaciones de padres de alumnos, agrupaciones sardanistas y de castellets, grupos de gigantes y cabezudos, etcétera.

Sólo en Cataluña, la medida afecta a más de 35.000 entidades. Pero también en el resto de España el impacto será importante. En Andalucía, otra sociedad muy rica en asociacionismo, existen 56.236 entidades y 11.900 clubes deportivos sin ánimo de lucro, según fuentes del Gobierno autonómico. En Euskadi, la consulta arrojó estos números: 13.794 asociaciones o federaciones y 5.038 clubes o federaciones deportivas. Sin embargo los números se disparan a nivel nacional. Fuentes del Ministerio del Interior desvelaron que tienen registradas 200.000 entidades de este tipo y que las cifras pueden ser similares en Sanidad y en Cultura.

"La medida intenta controlar el tercer sector, que se encuentra entre el Estado y el mercado y está formado por instituciones con una organización formal, de carácter privado, que no reparten beneficios, con un autogobierno y una participación voluntaria de tiempo y dinero", explica Roberto Malo Sanz, economista de la empresa Croal, de consultoría, investigación y organización asociativa. "Este sector constituiría la octava fuerza económica del mundo con una facturación de 1,1 billones de dólares, dando trabajo remunerado a unos 18,8 millones de personas y a otros 10,4 millones de trabajadores voluntarios. En España tiene a medio millón de asalariados, un millón de voluntarios y mueve alrededor de 22.237 billones de euros, aproximadamente el 5,3% del PIB".

Jané y Baiget están de acuerdo en que la medida no fue tomada para perjudicar a nadie en concreto. "El pasado mes de febrero, nuestro grupo realizó una pregunta sobre este asunto en el Congreso al ministro Cristóbal Montoro, que respondió negativamente, pero dejó una puerta entreabierta", indicó Jané. "Nuestra esperanza es que en la próxima ley de acompañamiento se incluya nuestra propuesta de que no deban declarar el impuesto de sociedades aquellas entidades con rentas inferiores a los 6.000 euros. Sin embargo, en esta cuestión no recibimos el apoyo de ningún otro grupo parlamentario".

Teóricamente, al final, toda esta gran movida no debería suponer un ingreso importante para la hacienda pública española, puesto que las entidades declarantes no tienen ánimo de lucro y, por tanto, su beneficio debe ser cero. La mayor parte de las declaraciones no deberían tributar. Pero la obligación de realizarlas tendrá consecuencias devastadoras, no sólo porque la responsabilidad fiscal recaerá subsidiariamente sobre el presidente, sino porque modificará todo el comportamiento económico interno de las entidades sin ánimo de lucro y dejará su futuro, en muchos casos, a expensas de los inspectores de Hacienda.