La Audiencia ve los recursos contra la imputación a Botín por las cesiones de crédito

El fiscal, el abogado del Estado y la defensa del Banco de Santander, representada por los abogados Horacio Oliva y Gonzalo Rodríguez Mourullo, se opusieron ayer a que el presidente del Banco Santander Central Hispano, Emilio Botín, se siente en el banquillo para ser juzgado por el caso de las cesiones de crédito, en el que se encuentra inculpado junto a tres antiguos directivos del Santander y 138 clientes por otros tantos delitos contra la Hacienda Pública. La imputación de Botín fue decidida por la juez central de instrucción número 3, Teresa Palacios, en junio de 2002, y ratificada un mes después. Ahora, la Sección Segunda Penal de la Audiencia Nacional revisará la decisión de la juez y decidirá si se abre juicio oral contra los imputados o archiva la causa.

El fiscal sostuvo que no hay indicios de culpabilidad de los directivos y que éstos y la entidad bancaria no pueden ser acusados de delito contra la Hacienda Pública del que, en todo caso, sólo responderían los clientes. También argumentó la "inviabilidad" de un proceso contra 149 acusados. La defensa de Botín alegó que no puede abrirse un proceso en el que sólo acusan dos acciones populares.

Las acusaciones populares de Iniciativa per Catalunya y la Asociación para la Defensa de los Inversores apoyaron la decisión de la juez, que consideró que las cesiones de crédito comercializadas por el Santander entre 1987 y 1991 permitieron a los clientes eludir el pago de entre el 20% y el 25% de retenciones sobre el capital depositado.

[Un juzgado de Madrid ha desestimado la demanda presentada por el ex consejero de Banesto Rafael Pérez Escolar, contra la directiva del SCH, a quien acusó de "actuación negligente" en la compra del Banco Río de la Plata en Argentina en 2001].