La Audiencia Nacional juzgará a Botín por cooperación necesaria en 38 delitos fiscales
En 1989 el grupo Banco de Santander ofreció a sus clientes un producto financiero que pudo utilizarse para dar "cobertura al dinero negro de los clientes"
Junto a Botín serán juzgados por los mismos delitos otros tres antiguos miembros de la cúpula del banco. En un principio, la juez había imputado a Botín 138 delitos fiscales que se han reducido a 38 y otros tantos delitos de falsedad continuada que también han sido reducidos hasta 38, tras estimar la Sala los recursos interpuestos por el fiscal, Emilio Botín, Rodrigo Echenique Gordillo, José Ignacio Uclés Romero, Ricardi Alonso Clavel y el BSCH contra el auto de la juez Teresa Palacios, de julio de 2002, que daba el primer paso para juzgarles por 138 delitos fiscales.
Por otro lado, la Audiencia Nacional ha declarado que no es competente para perseguir los delitos fiscales de los inversores correspondientes al ejercicio de 1988, por lo que ordena el desglose en piezas separadas de esos casos y su remisión al juzgado correspondiente.
Las cesiones de nula propiedad de crédito
El grupo Banco Santander ofreció a sus clientes en 1988 y 1989 un producto financiero denominado cesiones de nula propiedad de crédito por el que captaba fondos fiscalmente opacos y, según la juez Teresa Palacios, daba "cobertura al dinero negro de los clientes".
Según el auto de transformación de diligencias previas que la juez dictó en junio de 2002, el banco se resistió a identificar a los clientes. Además, Teresa Palacios utilizó las comunicaciones internas entre los directivos para inferir que todos ellos estaban al corriente de las operaciones y que incluso de ellos partían las instrucciones que luego se cumplían, tanto para facilitar datos a la Unidad Central de Información (UCI) como a Hacienda, y para avisar a los clientes de que debían regularizar su situación con el fisco.
En el mismo auto de 2002 se imputaba a los responsables del banco el haber cambiado la titularidad de gran parte de los contratos ocultando los verdaderos titulares y proporcionando testaferros a algunos clientes. La cuantía del perjuicio a Hacienda asciende a 145.120 millones de pesetas (872.188.765 euros).
