Maldición

Hay algo que pesa sobre nuestro futuro como si fuera una maldición gitana: tener que encarar el siglo XXI con unos mapas provinciales y locales concebidos en el siglo XIX. En Andalucía, además, sucede que existen unas diputaciones provinciales que han seguido creciendo presupuestariamente, a pesar de que sus funciones mermaban y eran apartadas de lo que el Estatuto preveía para ellas: convertirse en la administración periférica de la Junta.

Las diputaciones andaluzas destinan la mayor parte de su presupuesto a mantener su burocracia. Su presencia ha ido aumentando en las capitales de provincia, que es donde está el escaparate político, mientras la asistencia a los pequeños municipios -que sería su función principal- se hace con las sobras presupuestarias.

Además, como los diputados no son elegidos directamente por los ciudadanos, sino por los partidos políticos, las diputaciones se convierten en influyentes viveros de clientelismo, en los que encuentran refugio -en un curioso sistema de selección negativa- los alcaldes y concejales que han ido perdiendo las elecciones en sus pueblos.

El borrador de los expertos de la segunda modernización prevé limitar la labor de las diputaciones y, hace una semana, el consejero de Gobernación, Alfonso Perales, decía en estas páginas que "su papel primordial debe dirigirse a atender los municipios de menos de 20.000 habitantes" y que "es evidente que la ley va a obligar a un reequilibrio de responsabilidades".

La ley a la que se refiere Perales es la ley de Cooperación Territorial, que, con la parsimonia que es habitual en los gobiernos de Chaves, salió del Consejo de Gobierno hace diez meses y aún no ha llegado al Parlamento. La ley es tímida y no traza un mapa comarcal de la región, sino que propone tres grados de compromiso entre los que, si lo desean, pueden elegir los ayuntamientos: áreas metropolitanas, comarcas y entidades sectoriales. En ninguna de las tres opciones los responsables saldrían de las urnas, por lo que su peso político sería mínimo y se reproduciría el sistema clientelar de las diputaciones.

La Junta no se atreve a elaborar un mapa comarcal, y no será por falta de mapas: muchas empresas -desde el SAS hasta los distribuidores de bebidas- han organizado sus tareas según su buen entender, improvisando mapas comarcales que rara vez coinciden entre una empresa y otra.

Una ley de este tipo merece ser aprobada por consenso de todos los partidos políticos. Pero el PP propone justo lo contrario: aumentar el papel de las diputaciones y traspasar a los ayuntamientos algunas de las responsabilidades de la Junta. La propuesta del PP parece más bien fruto de la coyuntura política que de la reflexión y, además, cae en grandes contradicciones. Por ejemplo, hacer depender de los ayuntamientos las políticas activas de empleo, lo que va en contra de la movilidad laboral pregonada por el Gobierno del PP, ya que los que buscan empleo tendrían que recurrir a sus ayuntamientos y difícilmente podrían obtenerlo fuera de los límites de su municipio. La propuesta del PP va a contramano: si algo nos sobra en Andalucía son precisamente los localismos.