La juez de Gescartera acuerda la libertad de Camacho previa fianza de tres millones

La juez Teresa Palacios, que instruye el caso Gescartera, acordó ayer la libertad bajo fianza de tres millones de euros del propietario de la agencia de valores y principal implicado en el caso, Antonio Camacho, que se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real (Madrid) desde el 17 de julio de 2001. La juez ha asumido por completo la petición del fiscal Vicente González Mota, quien además había instado la libertad bajo fianza de 1,5 millones de euros del otro preso por este asunto, Aníbal Sardón, que lleva en la cárcel desde el 11 de noviembre de 2002.

Los abogados de ambos presos han asegurado que sus clientes no disponen de tanto dinero para hacer frente a las fianzas, por lo que no es previsible que queden en libertad en breve. Los letrados han anunciado que recurrirán la cuantía de la fianza impuesta.

No obstante, y como según la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional nadie debe permanecer en prisión preventiva por no poder satisfacer la fianza, previsiblemente será finalmente reducida. En cualquier caso, Camacho deberá salir en libertad -haya o no depositado fianza- el 17 de julio de este año, cuando se cumplen los dos años de prisión preventiva. La Ley de Enjuiciamiento Criminal es muy clara en ese aspecto, y en su artículo 504 establece que la prisión provisional no durará más de un año cuando la pena sea de prisión menor (hasta seis años de cárcel), o de dos años, cuando la pena sea superior.

De forma excepcional la prisión preventiva puede prorrogarse hasta los cuatro años, pero únicamente para aquellos imputados para los que se solicite una pena muy elevada, como en casos de terrorismo, narcotráfico o asesinatos.

El supuesto no se cumple

Este supuesto no se cumple en el caso Gescartera, en el que se investiga un delito de estafa o de apropiación indebida (resultaron defraudados 1.800 inversores) y la pena que correspondería en caso de sentencia condenatoria no debería exceder de los seis años de prisión. Por todo ello, la prórroga en cuestión no estaría justificada.

La magistrada, en su auto, recoge los argumentos expresados previamente por el fiscal y destaca que la instrucción de la causa se encuentra ya en estado avanzado y que la elaboración de los informes periciales constituye un avance cualitativo que, a su entender, disminuye la posibilidad de alteración u obstrucción de la tarea de recopilar elementos probatorios.

Para pasar de la prisión preventiva a la libertad bajo fianza la magistrada ha valorado que se ha reducido el riesgo de fuga de Camacho y de Sardón y que se ha aminorado la posibilidad de que ellos puedan alterar, confeccionar o presentar documentos no veraces o manipulados que dificulten la instrucción de la causa.

La juez, como el fiscal, ha entendido que la posibilidad de que los acusados interfieran en la obtención de documentos de prueba no ha desaparecido, pero considera que el avance de la instrucción determina que esa posibilidad quede muy reducida ya que "existe aportado en la causa un abundante material probatorio", entre el que cabe destacar los informe periciales que han sido unidos recientemente.

Teresa Palacios ha asumido la postura del fiscal, que consideraba que tres millones de euros de fianza para Camacho y 1,5 millones para Sardón son cantidades "proporcionadas y disuasorias" para que los imputados no traten de eludir la acción de la justicia.

La inmensa mayoría de las acusaciones no recibieron ayer la notificación de la resolución de la magistrada, si bien tuvieron conocimiento de la misma a través de los periodistas.

Varios han anunciado que recurrirán la decisión de la juez Palacios.

Recurso de reforma

Así, la asociación de usuarios de banca Adicae presentará un recurso de reforma por entender que Camacho puede todavía entorpecer la instrucción, puesto que aún faltan muchas personas por declarar, entre ellos los responsables de La Caixa o Bankinter o los altos cargos de la CNMV en los periodos en los que se investigó Gescartera y los imputados podrían llegar a acuerdos con los declarantes.

Además, Adicae se opone a la libertad de Camacho por entender que tres millones de euros de fianza en un caso en el que se bajara un agujero de más de 100 millones puede resultar muy rentable.

Otros letrados, sin embargo, consideraron que un eventual recurso no paralizaría la puesta en libertad de Antonio Camacho porque es muy improbable que un tribunal ordene el reingreso en prisión de un imputado que ha depositado la fianza.