El Gobierno pide al Supremo que disuelva los grupos parlamentarios herederos de Batasuna

La Fiscalía General y la Abogacía del Estado pidieron ayer al Tribunal Supremo la ejecución de la sentencia que ha declarado ilegal a HB-EH-Batasuna y la disolución de sus grupos parlamentarios, pero en escritos distintos y con distinto alcance. Mientras el fiscal pide la disolución de los grupos que "figuren bajo la denominación HB, EH y Batasuna", la Abogacía del Estado, que actúa en representación del Gobierno, reclama que la disolución se extienda al actual grupo Sozialista Abertzaleak del Parlamento vasco, dada su "identidad" con las tres formaciones disueltas.

La representación del Gobierno reclama que los efectos de la disolución se extiendan al actual grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA), antes Grupo Batasuna, "integrado por Joseba Álvarez, Jone Goiricelia, Anttón Morcillo, Arnaldo Otegi, Jon Salaberria, Josu Urrutikoetxea y Araitz Zubimendi".

Según la Abogacía del Estado, la disolución de los grupos parlamentarios presentados por los partidos disueltos es una "consecuencia natural" de la disolución. "No puede, en buena lógica, continuar existiendo un grupo parlamentario cuyos miembros se han elegido precisamente por haber sido presentados como candidatos de un partido que haya sido disuelto", sostiene el abogado del Estado.

El representante del Ejecutivo asegura que existe un "paralelismo entre grupo parlamentario y partido", que, a su entender, se desprende de los reglamentos de las cámaras -y normas análogas de los Parlamentos del País Vasco y Navarra- que impiden constituir grupos parlamentarios separados por diputados que pertenecen a un mismo partido, o que senadores que han concurrido a las elecciones por un mismo partido formen más de un grupo parlamentario.

La Abogacía del Estado concluye que dada esa "identidad" entre partido político y grupo parlamentario, la disolución de aquel debe llevar como consecuencia necesaria la de sus grupos parlamentarios y el paso de los parlamentarios al Grupo Mixto.

Esta "identidad" entre partido político y grupo parlamentario subrayada en el escrito del abogado del Estado contrasta con la mantenida hasta ahora por la Fiscalía General del Estado, que sostuvo todo lo contrario cuando, el pasado verano, el juez Baltasar Garzón ordenó la suspensión del grupo parlamentario de Batasuna. El Parlamento vasco se negó y la Fiscalía General del Estado hizo un dictamen dándole la razón. En aquel dictamen se traía a colación "la falta de identidad jurídica entre partido político y grupo parlamentario, pues, sin perjuicio de reconocer la estrecha relación que media entre ambos, lo cierto es que se trata de dos entidades jurídicamente diferentes".

Aquel dictamen, firmado por el fiscal general, Jesús Cardenal, añadía que la constitución de un grupo parlamentario "es un derecho que pertenece, no a los partidos políticos, sino exclusivamente a quienes ostentan el correspondiente escaño". El dictamen finalizaba invocando el principio de autonomía parlamentaria y decía: "La suspensión judicialmente decretada de HB-EH y Batasuna no implica automáticamente la de los grupos parlamentarios o junteros relacionados con tales partidos, pues esta última exige una decisión propia de cada Cámara."

Nota a la Junta Electoral

Ahora, el abogado del Estado pide que se notifique a los Parlamentos vasco y de Navarra que los grupos en cuestión, los de Sozialista Abertzaleak, "han quedado disueltos". También propone que el Supremo comunique su sentencia a la Junta Electoral Central, a las de las provinciales vascas y Navarra y a las de zona, para impedir que los partidos disueltos o sus parlamentarios se presenten a los procesos electorales que se celebren a partir de ahora.

El ministerio fiscal, por su parte, pide asimismo que se proceda a la cancelación de la ciberpágina de Batasuna y que se acuerde la apertura del proceso de liquidación patrimonial y se designen por el Supremo los tres liquidadores previstos en la Ley de Partidos.

También pide al Tribunal Supremo que se dirija a las entidades bancarias y registros de la propiedad del País Vasco y Navarra para que investiguen los bienes y se clausuren "inmediata y definitivamente las herriko tabernas" de Batasuna.