Los profesores denuncian los perjuicios que genera el retraso en la aprobación de la LAU

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad de Sevilla (Adius), asociación integrada en la coordinadora andaluza de docentes universitarios, ha denunciado que la tardanza de la Junta en aprobar la Ley Andaluza de Universidades (LAU) está generando un "perjuicio grave" a las universidades de la comunidad. El anteproyecto de esta ley se presentó a la Conferencia Andaluza de Rectores el pasado mes de octubre y en noviembre recibió el visto bueno del Consejo de Gobierno de la Junta para que se iniciasen los trámites para su aprobación.

David Saldaña, profesor y miembro de Adius, asegura que "la falta de una ley o de un decreto propio" que regule los diferentes aspectos que la Ley Orgánica de Universidades (LOU) pone en manos del Gobierno andaluz "está causando un perjuicio serio" en estas instituciones académicas en aspectos "tan importantes" como la existencia de una Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad, conocer la fórmula de acceso de los estudiantes a la enseñanza superior, la regulación de las nuevas figuras contractuales del profesorado universitario o la composición y funcionamiento de los Consejos Sociales, entre otros. "Las universidades se están viendo obligadas, en virtud a este retraso, a elaborar sus estatutos sin conocer cuál será el marco regulador en el que serán aprobados", señala Saldaña, que añade: "La incorporación de nuevo profesorado y personal investigador se encuentran también afectados y dificultan el funcionamiento diario de las universidades. Del mismo modo, el futuro de gran parte del profesorado que venía desarrollando su labor bajo la Ley de Reforma Universitaria (LRU) se encuentra aún sin definir".

Este último asunto, el de la contratación y acreditación del profesorado, centra gran parte de las críticas de Adius, que denuncia la "incertidumbre" que vive este estamento desde hace meses. "Mientras no haya una agencia de evaluación autonómica, el profesorado andaluz tendrá que someterse a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), cuyos criterios no están nada claros. Tenemos conocimiento de que este órgano ha rechazado las solicitudes de varios docentes de prestigio con cuatro o cinco años de trabajo posdoctoral", indica este docente.

Medidas provisionales

"Que empiece a funcionar la agencia andaluza no es un capricho; obedece a que este órgano será el que vele por los intereses del profesorado andaluz. No recibe el mismo trato un profesor de la Complutense que pasa por la Aneca a un profesor de Jaén recién ingresado en un departamento", razona Saldaña, que demanda a la Junta que establezca medidas transitorias en este sentido hasta que se apruebe la LAU.

"En otras comunidades, incluso gobernadas por el PP, ya se han aprobado convenios o desarrollado decretos. En Madrid, por ejemplo, han firmado un convenio que permite a un profesor asociado ya acreditado su paso a la figura de contratado-doctor", explica Saldaña.

Estas críticas de Adius no son compartidas por el secretario general de Universidades de la Junta, Francisco Gracia, que asegura que la aprobación de la LAU no se está demorando, sino que "sigue el ritmo habitual" que requiere estos asuntos. Gracia, que indicó que la LAU podría estar lista para ser sometida a la aprobación del Parlamento a finales de este año, aseguró que ya están en marcha algunas de las medidas que demanda esta asociación, como las condiciones generales de trabajo y contratación de profesorado, "que acordamos en el Consejo de Universidades junto con la subida salarial para los docentes pactada con los sindicatos".

Gracia explicó que Educación "no tiene prisas" en acometer el desarrollo normativo de esta ley, cuyo espíritu, aseguró, responde al del anteproyecto que ya conocen y respaldan los rectores: "Preferimos hacerlo contando con el consenso de las 10 universidades y no mediante la imposición de estructuras y normativas".