Deterioro de la carrera docente

En los últimos tiempos se vienen aprobando las normas que desarrollan la LOU. Entre otras, las relativas a la Agencia Nacional de Acreditación, a la "habilitación" al profesorado. En este último sentido, se crea la figura del contratado doctor. La pregunta surge inmediatamente: ¿no estaba ya lo suficientemente estratificada la carrera docente que es necesario profundizar en esta dinámica aún más? Contestar a esta pregunta remite a los orígenes de este proceso que se remontan a finales de los sesenta. Desde entonces, han proliferado sin cesar figuras de profesorado. Con la LRU, que preveía formalmente la disposición de profesores en formación -ayudantes- y profesores que aportan su experiencia profesional -asociados-, parecía que esta proliferación había acabado. Una consecuencia inmediata ha sido el mantenimiento de una parte del empleo precario que existía hasta entonces, especialmente bajo la fórmula de asociados. Otra, observable en el tiempo, ha sido que el proceso de la carrera "docente" ha sido incompleto e inconsecuente pero comenzando a menudo cada vez más bajo, haciéndolo cada vez más difícil. Dos razones lo explican: La insuficiente provisión de fondos por parte de las administraciones y la estructura piramidal de los departamentos.

Todo apunta que la LOU prosigue y alarga la situación permitiendo la precarización de las etapas posteriores de la carrera. Normativamente, se crean nuevas figuras (contratados doctores), y se permite que hasta la mitad del profesorado sea contratado laboral. No hace falta ser un analista sagaz para prever que las universidades usarán y abusarán de los contratos; entre otras razones, porque el funcionamiento del mercado laboral revela que los malos contratos sustituyen a los buenos, siempre que la legislación no lo impida. Más aún, es previsible que en los próximos años habrá muchos contratos y pocas "habilitaciones", la otra innovación de la LOU en el ámbito docente, destinada a evitar la "endogamia", un pretexto banal pero mediáticamente eficaz para reformas que poco resuelven. Con este fin, se establece que para optar a una plaza de funcionario debe superarse un concurso estatal -habilitación-. Esto es, se articula un proceso de selección antes de opositar propiamente a la plaza.

La experiencia de estos pocos meses de vigencia de la "habilitación" pone de manifiesto que las universidades sacan pocas plazas de funcionario. Ahora bien, si no convocan estas plazas, no hay posibilidad de habilitarse pero las universidades no las van a convocar si no tienen habilitados propios para cubrirlas. Por tanto, uno de los posibles horizontes es dedicar parte del dinero a mejorar los contratos en lugar de dotar plazas de funcionario. En ello reside un espejismo inmediato para muchos ayudantes y asociados que pueden ver una posibilidad de mejorar sin oposición, siempre que sean los elegidos para los contratos posteriores. Así, la carrera del profesorado se alarga; frecuentemente, en situaciones de fuerte precariedad. Y mientras se mantengan estas situaciones, es previsible que aumente el poder y prestigio de los numerarios, configurándose un entorno que favorece la docilidad. Es un fenómeno nada extraño al funcionamiento del mercado laboral.

De todos modos, este horizonte dibujado debe percibirse no sólo como resultado del deseo de estatus del personal plenamente integrado en la institución, sino también de las presiones no controladas que surgen de la organización universitaria en un entorno de fuerte involución democrática y restricciones presupuestarias. Una buena muestra de ello se halla en los procesos de contratación de asociados, considerados en las instancias universitarias como figuras precarias pero finalmente aceptadas por todas bajo argumentaciones dispares -creación de un nuevo puesto de trabajo, primer paso para algunos en la docencia-. Más aún, en una mirada menos prosaica, habrá quienes interrogándose sobre si las universidades pueden ser una excepción en el funcionamiento del mercado laboral y contratar sólo funcionarios vitalicios con altos sueldos, se posicionarán en contra de que sean una excepción. Pero la primera parte del interrogante no está bien enunciada porque hay pocas instituciones del Estado en las que los funcionarios o los contratados interinos tengan retribuciones que no llegan a la mitad de lo que cobran los funcionarios de carrera ejerciendo la misma función. Es obvio que no se toman como referencia instituciones egregias como el Ejército o la Judicatura, sino las dedicadas a la misma actividad, la educativa. Por ello, la respuesta a esa pregunta debiera ser que las universidades deben contratar funcionarios con sueldos dignos. La referencia inmediata e irrenunciable es Enseñanza Media: nadie debiera dar clase en la universidad por debajo de lo que cobra un profesor en ese nivel. Además, esa integración a la función docente debiera evitar las falsas vías de acceso abiertas por la confusión de becarios, ayudantes y asociados. Al respecto, la entrada debe ser clara, lo que implica que se produzca en condiciones de dignidad y de igualdad a través de un procedimiento único, en lugar de ser la coronación final de un proceso largo y penoso regido por la discrecionalidad y el particularismo. Todo lo cual requiere fondos suficientes para y por las universidades.

Miguel Á. García Calavia es profesor de la Universitat de València.