Cuatro años de prisión para un ex edil de Navas por prevaricación

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al que fuera concejal delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Navas del Rey, Alfonso Tarancón, a 4 años y medio de prisión y a 11 años de inhabilitación por prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es) y por un delito continuado de falsedad en documento público. Así lo acuerda la Sección Decimosexta de la Audiencia en una sentencia que también condena al ex edil, del Partido Independiente Español (PIE), de 72 años, al pago de una multa de 2.700 euros.

Según explica la sentencia, contra la que cabe recurso, Tarancón emitió y firmó un certificado el 10 de abril de 1999 en el que se hacía constar que "el proyecto de electrificación Cuesta Vieja, aprobado definitivamente por el Ayuntamiento por pleno de 18 de diciembre de 1998, contempla la construcción de dos centros de transformación dentro del apartado de Red de Distribución de Energía Eléctrica" y que ejecutaría las obras la asociación Cuesta Vieja.

Sin embargo, tal proyecto no existía, tampoco había sido aprobado por el pleno y "no se había tramitado el oportuno expediente administrativo". Asimismo, el citado documento fue sellado con un sello distinto del oficial, estampándose también en el mismo un sello de registro general del Ayuntamiento, tampoco oficial, asignándole un número de registro, sin que quedara reflejado en el libro-registro del Consistorio. Con la misma fecha emitió y firmó una licencia municipal de actividad para el funcionamiento de la industria o actividad a favor de Iberdrola para el centro de transformación de energía eléctrica Cuesta Vieja basado en un decreto por el que concedía la licencia.

La sala argumenta que el acusado carecía de competencia, tanto para emitir certificaciones como para conceder la licencia de actividad, y agrega que "no se había tramitado expediente alguno ni para la aprobación del proyecto de electrificación ni para la concesión de la citada licencia". El tribunal concluye que el acusado confeccionó unos documentos cuyo contenido "nada tenían que ver con la realidad".