El grupo Cultura contra la Guerra denuncia a Aznar ante el Supremo

La plataforma Cultura contra la Guerra y la Asociación Libre de Abogados presentaron ayer conjuntamente ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo una querella criminal contra el presidente del Gobierno, José María Aznar, por las decisiones que ha tomado en las últimas semanas en relación con la participación de España en la guerra contra Irak y su posición en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

"Hemos formulado esta acción penal sin ánimo de estigmatizar al presidente. Pensamos que él ya lo está con las fotografías que muestran los rastros que va dejando esta guerra que se han encargado de impulsar y propiciar desde todas las instancias diplomáticas e institucionales", afirmó en conferencia de prensa Fernando Laria, miembro de la Asociación Libre de Abogados (ALA).

"Contemplamos la posibilidad de que se adhieran a esta querella ciudadanos y las asociaciones en contra de la guerra. De hecho, estamos en contacto con algunas de ellas", explicó Laria.

Además firmarán la querella contra el presidente del Gobierno 675 lesionados durante los enfrentamientos entre la policía y algunos manifestantes en los incidentes de la semana pasada y que se han constituido en plataforma.

Lo afirmó ante la prensa Rafael García Bernal, uno de los heridos, que para andar tiene que ayudarse de una muleta, y que viajará por España para reunir certificados médicos de otros lesionados para presentar una querella contra el gobierno por lesiones.

La posición de la fiscalía

La Asociación Libre de Abogados confía en que la querella contra José María Aznar se tramite. "Las fiscalías de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo se vienen oponiendo a hacer justicia en las violaciones flagrantes de los Derechos Humanos desde hace muchos años. Fungairiño se opuso a la querella presentada en el caso de Guatemala y cinco años después estamos con una sentencia del Tribunal Supremo que ha dicho que hay cabida para el caso de tortura a españoles en Guatemala. Lo mismo ocurre en el asunto de Chile y en el de Argentina", apuntó el presidente de ALA, Antonio Segura. "¿Por qué no lo van a hacer en este momento? Orgánicamente son un poder politico que depende del Gobierno, pero nosotros accionamos la justicia, ellos se oponen y el juez es quien tiene que decidir si abre o no actuaciones. Es independiente de la valoración que dé el fiscal. Máxime cuando esa oposición tiene que ser jurídica y hoy por hoy no conocemos los argumentos del Gobierno que justifiquen que esta guerra es legal".

El Código Penal establece en su artículo 588 que "incurrirán en la pena de prisión de quince a veinte años los miembros del Gobierno que, sin cumplir con lo dispuesto en la Constitución, declararan la guerra o firmaran la paz". El artículo 63.3 de la Constitución establece que "al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz".