El fiscal del 'caso Ardystil' pide 26 años de cárcel para diez empresarios

El fiscal del caso Ardystil elevó ayer a definitivas sus conclusiones sin modificar la acusación inicial. El ministerio público pide un total de 26 años de cárcel a los diez empresarios imputados y que las industrias químicas y las compañías aseguradoras indemnicen a los afectados. Las acusaciones particulares ampliaron al Estado la responsabilidad civil subsidiaria por el síndrome que causó la muerte de seis trabajadores y afectó a un centenar más.

El macrojuicio que se celebra en la Audiencia de Alicante contra 10 empresarios, un inspector de trabajo, tres firmas químicas y cinco aseguradoras [éstas como responsables civiles subsidiarias] por el síndrome laboral descubierto a principios de los noventa en ocho fábricas de aerografía textil de L'Alcoià entró ayer en su recta final, con las conclusiones definitivas de las partes.

En los dos últimos meses, han declarado ante el tribunal, la sección tercera de la Audiencia de Alicante, más de un centenar de testigos, la mayoría ex trabajadores afectados por la enfermedad profesional. Todos coincidieron al denunciar las deficientes condiciones de salubridad de los centros de trabajo, la falta de medidas de protección y las abusivas jornadas de trabajo.

Las partes elevaron a definitivas sus conclusiones sin apenas modificaciones, salvo en el caso de las acusaciones particulares. Los letrados coincidieron a la hora de solicitar la ampliación de la responsabilidad civil subsidiaria al Estado y a la Generalitat, además de sumarse a la petición del fiscal quien incluye en este apartado a las tres empresas químicas que suministraban los productos, entre ellas la firma Bayer, y cinco compañías aseguradoras. Estas partes también mantuvieron la acusación contra Alfredo Ortolá, inspector de trabajo, que se enfrenta a dos 2 años de cárcel por un delito de imprudencia.

Las defensas, que unánimemente rechazaron las imputaciones y, por tanto, piden la absolución, presentaron una serie de alegaciones a los escritos de conclusiones definitivas de las acusaciones particulares al entender que vulneran la normativa procesal y les deja en situación de indefensión. La sala da a conocer hoy la resolución a las alegaciones.

Mientras, el fiscal del caso, Ricard Cabedo, apenas introdujo variaciones en sus conclusiones definitivas. Así, el ministerio público mantiene la acusación contra los 10 empresarios, a los que pide penas que suman 26 años de cárcel. La principal acusada es Juana Llácer, propietaria de Ardystil, fábrica que dio nombre al síndrome, y donde se registraron cinco de los seis fallecimientos. Llácer se enfrenta a seis años de cárcel.

La acusación pública solicita una indemnización global de uno 5 millones de euros. Para los familiares de las víctimas, pide 120.000 euros y para los afectados una media de 60 euros por día de baja. En este apartado, el fiscal hace una mención especial para Susana Javaloyes, ex operaria de Ardystil, sometida a un transplante bipulmonar. Aparte de las cantidades por baja, el fiscal pide la constitución de un fondo que permita una renta vitalicia de 240 euros al mes. Las acusaciones particulares solicitan una indemnización global que duplica la del fiscal. Estas partes piden una media de 110 euros por día de incapacidad.

En sus conclusiones definitivas, el fiscal mantiene que la causa del síndrome fue la prolongada exposición a gases tóxicos derivados de la mezcla de productos químicos.