Cajasur comienza con urgencia la renovación de sus órganos para reforzar a la Iglesia

Un Consejo de Administración extraordinario tras la inscripción de los estatutos de Cajasur en el Registro Mercantil de Córdoba dio luz verde ayer al proceso de renovación de órganos de la caja. Según los nuevos estatutos, la entidad presidida por el sacerdote Miguel Castillejo contará con una mayor representación de la Iglesia católica, que pasa del 35% al 46%. Sin embargo, la representación de las administraciones públicas, correspondiente a la Diputación y a los ayuntamientos, se reduce en los órganos de Gobierno y pasa del 32% al 21%.

Desde hoy, Cajasur dispone de seis meses para culminar el nuevo organigrama. La asamblea general reducirá su aforo de 160 a 120 vocales, de los que 56 serán designados por el cabildo. El Consejo de Administración bajará de 17 a 15 integrantes, de los que siete corresponderán a la Iglesia, cuatro a los impositores y uno a los trabajadores. La Diputación perderá dos de sus cuatro vocales y los municipios se quedarán sin uno de sus dos consejeros.

A su llegada al cónclave, el vicepresidente en representación de la Diputación, Antonio Fernández Poyato, aseguró asistir a un "funeral" en el que se atropellan, "con sepultura sagrada", los derechos de la Diputación, que verá como la Iglesia acumula las dos vicepresidencias. Fernández Poyato incidió en el "expolio de la representación pública", ya que "dos de cada tres" municipios cordobeses perderán su representación en la Asamblea General.

Fernández Poyato respondió al Ministro de Economía, Rodrigo Rato, que días atrás dijo que el proceso refuerza la profesionalización de la caja. En este sentido, el vicepresidente de la caja exigió al PP que explique "por qué va a ser más profesional, transparente y eficaz una caja en la que el cabildo tenga más control y la presencia pública se recorta".

El representante del PP por las corporaciones locales, Rafael Campanero expuso su satisfacción y la "paz y tranquilidad" que aportará a la caja su nuevo rumbo.

De otra guisa se mostraron los representantes de los municipios por parte de PSOE e IU. Antonio Fernández, alcalde socialista de Pozoblanco, recordó los documentos de fusión de 1995 en los que se acentuaba lo positivo de la presencia como cofundadora de la Diputación "para que ningún grupo dominara la caja de forma hegemónica". José Manuel Miranda (IU) recalcó que la nueva etapa esta llena de "sombras y dudas", que se abre un proceso en el que "habrá batalla" y confió en que los tribunales restablezcan la situación.

Pocas horas antes de que Castillejo anunciara la renovación de Cajasur, la Diputación presentó ante la Audiencia Nacional un recurso en el que pide la nulidad de la Orden del Ministerio de Economía en la que se autorizaba la modificación de los estatutos y la suspensión cautelar de esta disposición.