¡Buen golpe de estatuto!

Estas últimas semanas estamos asistiendo a la carrera de presentaciones de proyectos de bases de estatutos de autonomía por parte de las diversas fuerzas parlamentarias. Por una parte, las propuestas federalizantes del PSC-CpC; por otra, el soberanismo aprobado en Cardona por CiU, también el posible proyecto de Estado libre de ERC y los elementos que prepara ICV. Hasta aquí todo parece legítimo, más si tenemos en cuenta que hace poco se ha constituido, por primera vez en 23 años de legislaturas catalanas, una ponencia específicamente encargada de preparar la reforma del estatuto de autonomía vigente, el de 1979.

Sin embargo más de uno ya ha comentado si no estamos entrando en una fase de lucha política a golpe de estatuto. Y sobre esto intentaré situar cinco condiciones políticas, a mi modesto entender indispensables en su mayoría si de verdad se pretende llegar a algún punto concreto de avance en el tema del autogobierno. Que quede claro que aquí no se entra en los contenidos político-técnico-jurídicos de los textos presentados. Sobre ello creo que ha sido estudiado y publicitado prácticamente todo por aquellos expertos y quedan solamente las disyuntivas sobre algunos aspectos fundamentales, como son las vías de reforma, el uso o no de la disposición adicional primera de la Constitución española, la inclusión de un apartado de derechos y deberes, el régimen fiscal y la exigencia, o no, de alguna fórmula concertante, y la viabilidad de la presencia en la Unión Europea.

El estatuto avanzará si se aborda desde un sólido compromiso político, si se busca el más amplio consenso, si se cuenta con la colaboración de la sociedad, si se comprueba el grado de apoyo popular y si se presenta Cataluña con todo lo anterior, al unísono, ante la contraparte negociadora a nivel de Estado. Si no es así, o casi, se abrirán las puertas a un nuevo desengaño o a planteamientos situados unos pasos más allá.

1. De antemano, para iniciar este periplo, se requeriría un firme compromiso político. Sería fácil descalificar todas aquellas presentaciones como fruto del electoralismo de las diversas fuerzas. Y quede claro que sería legítimo jugar a ello. Pero quizá, si sólo fuese eso, sería lamentable. Es algo de bajo vuelo echarse propuestas estatutarias por la cabeza. Alguno podría pensar que así erosiona al adversario, o quizá que se le arrebata su terreno, o que se le traslada a otro campo de juego donde menos se ven las debilidades de los otros. Yo no creo que, más allá del debate esclarecedor sobre algunos puntos cruciales, ayude a la ciudadanía contemplar que cada uno va a las elecciones con su estatuto bajo el brazo.

2. Hablar de consenso es tocar un tema con cierta mala prensa, como mínimo entre portavoces oficiales. Uno de los posibles defectos de la etapa de autogobierno que se cerrará en las próximas elecciones es la escasa voluntad mostrada para alcanzar consensos en temas básicos, especialmente en el que nos ocupa. Incluso se puede justificar que no se ha buscado el consenso porque se conocía de antemano el anacrónico españolismo de los partidos estatales. Pero con todo se ha trabajado con ellos cuando se trataba de asegurar mayorías parlamentarias.

Consenso no significa unanimidad. Participa en aquél quien quiera, sin exclusiones. Y en una democracia madura todos los temas básicos, como es en Cataluña el régimen lingüístico o el autogobierno, se deberían enfocar desde la búsqueda del consenso. Hoy en el Parlament hay cuatro sobre cinco grupos parlamentarios, 123 diputados sobre 135, dispuestos a reformar el autogobierno. Ahora se debería hacer lo imposible para que la campaña electoral no lo estropease, se aprovechase el tiempo y, a ser posible, se reforzasen aquellas mayorías.

3. Algo con lo que hasta ahora casi nadie cuenta es la colaboración de la sociedad. Al contrario, algunos dicen que el estatuto no importa a nadie. Y lo dicen a priori, sin explicar siquiera el enorme alcance social de una reforma estatutaria. Creo que esto puede girar 180 grados. Soy firme partidario de que en esta tarea y en el estadio actual se abran los canales disponibles, utilizados o no, para consultar el alcance de la propuesta, debatir las disyuntivas, recoger opiniones y dinamizar el proceso con las aportaciones de los diversos sectores de la ciudadanía. Así se darían más argumentos al legislador, sin ningún afán de sustituirlo. Y también se prepararía el terreno para lo siguiente, la consulta popular.

4. Dadas las correlaciones de fuerzas de los últimos tiempos, creo que con mayor motivo no se debería excluir el recurso a la consulta popular previa a la discusión de los textos en las Cortes Generales. Es sabido que el estatuto de 1979 prevé un referéndum posterior a la aprobación de la ley orgánica especial, que es el estatuto, en las Cortes Generales. Aquí me estoy refiriendo a una consulta previa. A menudo se argumenta que en Madrid no hay mayoría para hacer avanzar el autogobierno de Cataluña. Y así se paraliza cualquier intento de plantear con fuerza propia aquel proceso. Sería un factor dinamizador el hecho de proponer una consulta sobre el grado de apoyo que merece una propuesta de incremento del autogobierno de Cataluña. Y se podría consultar con preguntas de formulación mucho más sencillas de lo que se hizo en Quebec cuando se planteaba el grado de apoyo a los acuerdos del Lago Meech o en Puerto Rico con las tres opciones (51º Estado, libre asociado o independencia) a la vez. Estoy convencido de que un alto porcentaje del electorado avalaría la tarea de los legisladores a favor de la reforma.

5. Con todo lo anterior se podría negociar ante las fuerzas presentes en las Cortes, y más aún, se podría lanzar una campaña de información pedagógica en el resto del Estado español. En la negociación pesarían los compromisos, el consenso, la colaboración social y el apoyo popular. Y en cualquier hipótesis se habría avanzado lo suficiente como para contemplar con serenidad desde Cataluña cómo se relaciona lo anterior con el necesario proceso de reforma del Estado y de la Unión Europea.

Rafael Ribó es presidente del grupo de ICV en el Parlament.