Cuatro ministros respaldan la gestión del Consell en actos restringidos para evitar protestas

Cuatro ministros del Gobierno central visitaron ayer la Comunidad Valenciana para respaldar la gestión del Consell de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo. Los actos, protagonizados por los titulares de Fomento, Ciencia y Tecnología, Justicia y Trabajo, se realizaron con un notable refuerzo de la vigilancia policial y con carácter restringido con el objetivo de evitar las protestas ciudadanas, que se han reproducido de manera sistemática en actos públicos de cargos del PP desde el inicio de la invasión de Irak.

Con más de medio centenar de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, el ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, inauguró ayer los poco más de tres kilómetros de la variante de Almassora, un vial de sólo dos carriles que llega a soportar el paso de 42.000 vehículos diarios. Más de una veintena de agentes de la Guardia Rural de la Guardia Civil (equivalentes a los Geos de la policía nacional) inspeccionaron y vigilaron ambos extremos del nuevo vial, mientras que otros tantos cubrían cada uno de los desniveles que el ministro recorrió. Con corte de cinta, carpa y vino de honor pero pocos invitados, Álvarez Cascos evitó hablar de la guerra pero sí de las consecuencias políticas y electorales que para el PP está teniendo. "No conozco ninguna encuesta municipal", contestó al ser preguntado por los últimos sondeos sobre intención de voto. Así, mantuvo que los sondeos sobre los supuestos resultados que su formación obtendría en el caso de celebrarse ahora las elecciones generales no son extrapolables a los próximos comicios autonómicos y municipales. "La intención de voto de las generales y el resultado de las municipales tienen poco que ver", señaló. "Las expectativas son muy buenas", añadió. "No creo que haya ningún motivo de inquietud y no esperamos grandes sorpresas" para que los electores "renueven la confianza en quienes se la merecen".

Horas antes, el ministro de Justicia, José María Michavila, y el de Trabajo, Eduardo Zaplana, acompañados del presidente de la Generalitat, José Luis Olivas, inauguraron el nuevo complejo de juzgados de Valencia, pese a que las obras están por acabar y no se podrán utilizar, al menos, hasta el próximo verano. El acceso a este acto de inauguración se realizó por estricta invitación, situación que evitó que las autoridades pudiesen escuchar las protestas de un grupo de padres que reclaman la custodia compartida en caso de separación, de los miembros de la plataforma por la televisión pública y en contra de la privatización de Canal 9, y de una docena de estudiantes contrarios a la guerra concentrados en los alrededores del nuevo complejo de juzgados.

En el interior del recinto, custodiado por decenas de agentes de policía, el boato del acto no pudo ocultar la falta de acabados y el retraso en la obra inaugurada. En los discursos -en los que Olivas repasó las inversiones en Justicia realizadas por el Consell desde 1995 y pidió que se revisen y amplíen las competencias en esta materia-, el ministro de Justicia, José María Michavila, inició su intervención felicitándose por la inauguración, repasando las dotaciones en infraestructuras de los últimos años (111 nuevos órganos, nuevos edificios y más de 1.500 funcionarios) y rebatió las declaraciones de Enrique Beltrán, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, que el pasado viernes advirtió de los riesgos de fracaso en la aplicación de los juicios rápidos por falta de personal. El ministro más madrugador, Josep Piqué, responsable de Ciencia y Tecnología, inauguró en el Palacio de Congresos de Valencia el I Congreso Iberoamericano de Centros Tecnológicos, donde aseguró que la posición del Gobierno en la guerra en Irak "no es por comodidad electoral", advirtió del riesgo de que el PSOE asuma planteamientos nacionalistas y defendió la gestión del Consell.