UGT plantea a la SEPI una fórmula para hacerse con Babcock sin asumir su propiedad

Los sindicatos saben que el acuerdo de privatización de Babcock & Wilcox, hoy Babcock Borsig España (BBE), autorizado por la Comisión Europea, impide que el capital vuelva a manos de la Administración y que entre más dinero público que el pactado en la venta. Ahora, prácticamente un año y medio después de la venta a la firma alemana Babcock Borsig, la empresa se encuentra al borde de la liquidación con el benepláccito de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). UGT ha presentado dos fórmulas jurídicas que permitirían a la sociedad pública controlar la empresa y sus acciones sin hacerse con la propiedad, algo que impide Bruselas, hasta que se encuentre un nuevo socio.

La SEPI ha abierto la puerta al cierre de la firma y se encuentra a la espera de las conclusiones definitivas de la consultora alemana Roland Berguer sobre el futuro de la planta vasca, que se conocerán el próximo 16 de abril. Ante el determinismo de la SEPI, la UGT decidió en la reunión del pasado jueves presentar dos propuestas jurídicas que no fueron bien recibidas. Babcock se ha convertido en un problema que dura ya demasiados años y la posibilidad de una venta a trozos y la salida de 400 trabajadores de los 672 actuales es una amenaza cada vez más cercana.

Los sindicatos creen que tener un accionista en suspensión de pagos y sin capacidad financiera resta confianza a los mercados. En esa situación, por mucho que la SEPI actúe como avalista de los contratos, las posibilidades de la firma son más bien escasas. La privatización, aún sin cerrar, dura ya cinco años como mínimo. Los trabajadores consideran que aguantar hasta el 16 de abril es una estrategia dilatoria, pues ya se conocen los planes de salida de Borsig y que esa fecha coincide con el comienzo de la Semana Santa. Los dos sindicatos representados en el Consejo de Administración (UGT y CCOO), creen que la única preocupación que queda en la SEPI es la cercanía de las elecciones.

Las dos propuestas que hace UGT para devolver el control a la SEPI pasan por respetar la imposibilidad de reversión del capital a la Administración, ya que ello sería considerado ayudas de Estado por la UE, y por la imposibilidad de meter más dinero que el que permite la propia privatización.

La primera idea es variar los estatutos sociales de BBE para que, en caso de prenda sobre las acciones (garantía legal que permite cobrar una deuda con las propias acciones), su titular ejerza los derechos del accionista.

UGT propone que Borsig reconozca en escritura pública su imposibilidad de cumplir los acuerdos de privatización y entrege las acciones a la SEPI en concepto de prenda sin perder su propiedad. Así, con el truco de la modificación estatutaria, el control de la sociedad sería de la SEPI. Borsig se comprometería también a firmar la compraventa del capital con el socio industrial que encuentre la sociedad pública. Con esta fórmula se evitaría el problema de la titularidad pública del capital.

Para salvar el problema de las aportaciones económicas extras, SEPI debería alcanzar un acuerdo con una entidad financiera para hacer los ingresos previstos en el plan industrial. La entidad tendría como garantía los títulos y el comprador que encontrara la SEPI le reembolsaría los pagos.

La segunda fórmula es un acuerdo a tres bandas (SEPI, Borsig y un tercero). Borsig también debe reconocer su imposibilidad para cumplir el plan industrial. Las aportaciones previstas en el plan industrial serían hechas por el tercero, que es el que toma las acciones en prenda mientras se busca nuevo socio.