Una operación de venta en manos del Gobierno central

Álvaro Ruiz de Alda, propietario de la empresa ceramista asturiana San Claudio, apenas ha durado tres años al frente de La Cartuja-Pickman. Un periodo del que los trabajadores de la fábrica hispalense no tienen buen recuerdo. Ya cuando Ruiz de Alda compró la histórica firma en marzo de 1999 el comité de empresa se enteró por teléfono, cuando daban por hecho el acuerdo con el Grupo Caballero, que garantizaba la continuidad de la plantilla. Con el empresario asturiano, el número de trabajadores bajó de 173 a 132.

De que Ruiz de Alda dejaba la empresa, los trabajadores se enteraron el pasado 5 de febrero por carta. En la misiva, el empresario les comunicaba que no había podido hacer frente a un préstamo hipotecario de 1,5 millones de euros contraído con Patrimonio de Rumasa (empresa estatal) en 1985. En diciembre pasado, un juzgado ejecutó la garantía hipotecaria, de modo que los terrenos de la fábrica y los "objetos muebles colocados permanentemente en ella" pasaron a titularidad de Rumasa.

Un año antes, cuando se inició el procedimiento judicial, Ruiz de Alda encargó un informe jurídico que avalaba que "el adjudicatario de los bienes hipotecados quedaría subrogado sin la más mínima duda en los contratos de trabajo de todo el personal". Una tesis que mantuvo en la carta remitida a los trabajadores, a los que aseguró que el nuevo titular de la explotación y, por tanto, el nuevo empleador, era Rumasa. Pero la sorpresa llegó cuando consultaron a la Seguridad Social: no estaban empleados por Rumasa, sino que Ruiz de Alda les había dado de baja.

Terrenos y marca

Los trabajadores se enteraron entonces de que la empresa estatal no admitía ser titular de la compañía, sino sólo de los terrenos. Fueron directos a la Inspección de Trabajo, que abrió un expediente por infracción muy grave a Ruiz de Alda, y a la Fiscalía de Sevilla, que ha archivado las diligencias y ha sugerido la opción del recurso ante el Juzgado de lo Social. Y comenzaron un rosario de protestas para tratar de salir de un limbo en el que se han tirado dos meses, sin cobrar ningún sueldo ni pedir la prestación por desempleo, por no considerarse despedidos.

Los trabajadores se saben ahora en manos del Gobierno central. "Tienen las dos llaves", asegura José Hurtado, del comité de empresa: Rumasa es la propietaria de los terrenos de la fábrica y la Seguridad Social, por más deudas de la empresa, tiene embargada la marca de La Cartuja. Terrenos y marca son los dos reclamos con los que cuenta la Administración para encontrar un nuevo Pickman que evite el cierre de la fábrica sevillana.