Amenaza de huelga del servicio de limpieza malagueño en Semana Santa
Los trabajadores del servicio de limpieza de Málaga acordaron ayer en asamblea que irán a la huelga en Semana Santa si el lunes no está firmado el convenio. La plantilla exige un 1,5% de incremento salarial por encima del IPC, un plus de 1,8 euro para los peones por lunes trabajado y otro suplemento de cuatro euros mensuales para los administrativos. Estas reivindicaciones rebajan la anterior plataforma, de la que han desistido los sindicatos, y coinciden con el acuerdo firmado en agosto pasado entre Limasa y el comité para el año 2003.
"Hemos dejado la plataforma de lado para que se vea que hay buena voluntad. La empresa dice que va a analizar nuestra nueva propuesta, pero qué tiene que analizar si es exactamente a lo que hace siete meses dijo que sí", se planteó el presidente del comité, Manuel Belmonte. Aquel acuerdo -alcanzado en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla)- puso fin a una huelga que duró una semana y derivó en disturbios.
Belmonte añadió: "El tope del 31 de marzo es innegociable. Si para entonces no se firma el convenio, habrá huelga. No vamos a admitir que el conflicto se eternice como ocurrió en 2001 y 2002". En 2001, los trabajadores cobraron las mejoras del convenio en noviembre y en 2002, en diciembre. Ahora también exigen que los atrasos que derivarían del convenio de este año se liquiden antes del 30 de abril. La asamblea, que duró unas dos horas y contó con la participación de más de 200 trabajadores, no definió la duración de la huelga.
"Fuego cruzado"
Limasa es una empresa participada en un 51% por sociedades privadas y en un 49% por el Ayuntamiento. Belmonte apuntó que el problema trasciende el conflicto laboral. "La empresa no marcha. Todos los años hay un fuego cruzado entre el Ayuntamiento y la parte privada que padecen los trabajadores y el pueblo de Málaga. La solución pasa por el alcalde", dijo en alusión a un posible rescate de la concesión.
Por su parte, el primer edil, Francisco de la Torre, sostuvo ayer: "No vamos a tolerar una huelga". Esta afirmación, según aclaró, no era un "desafío" hacia las partes, sino un "compromiso" de que el Ayuntamiento tratará de evitar esa situación. Según el alcalde, el Consistorio ha instado ya a la parte privada a acatar el acuerdo del Sercla.
La parte privada ha presentado dos demandas en la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el Ayuntamiento, por los gastos extraordinarios derivados de la mediación municipal en los conflictos de los años 2001 y 2002. En total le reclama 1.476.511 euros. En la demanda se apunta que "para el contratista no existe el deber de soportar los efectos de las decisiones de la alcaldía al imponer subidas de los costes salariales por encima del IPC", según recogió en su edición de ayer el diario La Opinión.
