De notas oficiales, desmentidos y negativas

El Gobierno de CiU emitió ayer un comunicado en el que sostiene que "no se detecta ninguna diferencia" entre el material que remitió al Parlament y el que difundió públicamente (véase texto íntegro), lo cual nunca ha sido puesto en cuestión.

Precisamente este periódico informó de que el material remitido al Parlament es incompleto: se habían extirpado 21 de las 46 preguntas del cuestionario original utilizado en el trabajo de campo. Las correspondientes a Artur Mas, Josep Piqué y Josep Antoni Duran se ocultaron y en cambio se remitieron notas sobre Josep Lluís Carod, Alberto Fernández Díaz y Rafael Ribó, por quienes no se preguntaba en el cuestionario original. El que se envió a la Cámara contiene además errores de bulto nunca subsanados.

Los comunicados oficiales sobre la mutilación de encuestas han insistido reiteradamente en que la información divulgada coincidía con la remitida a la Cámara. Cuando este periódico informó de que el Ejecutivo había mutilado una parte del sondeo sobre la construcción de la línea de alta tensión de Les Gavarres, Presidencia declinó dar su versión y un portavoz oficial de Industria aseguró que sus datos coincidían con los remitidos al registro público. Posteriormente, el Ejecutivo justificó el olvido con el argumento de que el margen de error era demasiado elevado para hacerse público.

Algo parecido sucedió con el comunicado elaborado por Presidencia para desmentir que el Gobierno había enviado incompleto un estudio sobre modelos electorales, del que se arrancaron las partes más políticas. También entonces la nota oficial esgrimió que la información remitida a la Cámara coincidía con la disponible en Presidencia.

La nota oficial difundida ayer subraya que el Gobierno no puede "proceder a una verificación completa" del cuestionario de julio de 2000 si EL PAÍS no remite una copia del material de que dispone, a pesar de que el Ejecutivo tiene en su poder el fichero de microdatos completo del estudio y no sólo el resumen elaborado por la Oficina de Comunicación que se difundió.

El Gobierno de CiU ha evitado reiteradamente hacer público dicho fichero. En los sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas cualquier ciudadano puede tener una copia íntegra de este tipo de ficheros, lo cual permite acceder a las entrañas de la encuesta abonando únicamente 40 euros.

La nota del Ejecutivo asegura que EL PAÍS "se ha negado desde el primer día a aportar" la documentación de que dispone. Este periódico ha mostrado en varias ocasiones al Gobierno catalán las tablas y los cuestionarios originales de los dos barómetros elaborados en 2000, pero rehusó entregar una copia para proteger a sus fuentes.

Fue a raíz de una de estas entrevistas, en la que participó el ex director general de Evaluación y Estudios, Josep Camps, que el Ejecutivo admitió que las tablas remitidas al Parlament correspondientes a enero de 2001 eran erróneas.

Posteriormente, las tablas y el cuestionario del barómetro de julio de 2000 en poder de este periódico también fueron mostradas en dos ocasiones a Jaume Montané, administrador de Line Staff, con quien se cotejaron y verificaron.