La Junta "culmina" su normativa social con una ley que regula desde pensiones a casas para inmigrantes

El consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, destacó ayer el proyecto de Ley de Inclusión Social como "la culminación" del proyecto legislativo en materia social en Andalucía. El citado proyecto de ley está dividido en una decena de títulos entre los que destacan los relativos a vivienda y prestaciones sociales. Así, recogerá la concesión de una ayuda social para los perceptores de pensiones no contributivas y asistenciales, medida que pretende contrarrestar la también futura ley estatal que impedirá la subida de estas pensiones por parte de las autonomías

El consejero de Asuntos Sociales puntualizó que las ayudas económicas a aquellos que reciben las prestaciones sociales mínimas (unas 150.000 personas en toda Andalucía) busca evitar la división de la sociedad entre los que tienen y los que no. En este punto -nacido de un compromiso electoral del PSOE, un acuerdo del Parlamento autonómico y otro de la Cumbre de Niza, según Saldaña- se eleva a la categoría de derecho la precepción de un mínimo asistencial, ya sea en forma de complemento de pensiones o de salario social u otras ayudas.

Pérez Saldaña recordó que la Junta ha aprobado la concesión de un complemento de las pensiones asistenciales (de las que se benefician unos 40.000 andaluces) desde 1990 y de las no contributivas desde 1999. La posibilidad de que el proyecto de ley a escala estatal al respecto "prohiba" a las comunidades autónomas conceder las ayudas que éstas consideren oportunas ha llevado a la elevación de las misma al nivel de derecho. Asimismo, el consejero de Asuntos Sociales no descartó ayer presentar un recurso ante la futura ley si comprende las medidas restrictivas previstas hasta el momento.

En lo que respecta al Salario Social, la nueva norma introducirá el requisito de la firma de un convenio de inclusión entre el beneficiario y la Administración autonómica. Así, ya no se evaluará la concesión de estas ayudas cada semestre, sino que será mes a mes y de manera individualizada.

La Consejería quiere que el Salario Social sea una tabla de salvación en momentos puntuales, no un nuevo pozo en el que se anegue el futuro de muchas personas con pocos o ningún recurso. Así, los beneficiarios estarán obligados a participar en cursos de formación, actividades de inserción o en acciones promovidas por ONG.

Para ello, también está previsto compensar económicamente a aquellas empresas que creen empleo en zonas con necesidades especiales. Según aseguró Saldaña, ya funcionan 24 de estas empresas en Andalucía aunque hasta ahora no disponían, legalmente, de beneficios fiscales específicos.

Entre los ambiciosos objetivos de esta norma está el de favorecer la convivencia "en seguridad" entre las distintas culturas o etnias. Se impulsará el conocimiento y el respeto mutuo. Aunque esta ley, según recalcó Pérez Saldaña, no busca una solución al problema de la inmigración ilegal, extiende sus beneficios a todos los residentes en la comunidad y, en casos de urgencia, a aquellos que permanezcan en ella de manera transitoria.

Se crearán los mecanismos necesarios para que los temporeros residan en viviendas normales -no locales sin acondicionar a pie de tajo o similares- y se incentivará el alquiler de inmuebles desocupados.

Entre los muchos puntos de la futura ley destacan el apoyo incentivado al abandono de la prostitución o la condonación de deudas con la Administración a cambio de inversiones en programas sociales.