En prisión tres funcionarios por vender a 'ilegales' permisos falsos

El juez ha decretado prisión incondicional para tres de los cinco funcionarios de la Oficina de Extranjería de Alicante detenidos por tramitar irregularmente permisos de residencia y de trabajo a inmigrantes a cambio de cantidades de entre 300 y 800 euros. Los otros dos funcionarios han quedado en libertad con cargos. Todos están acusados de un supuesto delito de falsificación, estafa y cohecho. En la operación, también fueron arrestados seis inmigrantes magrebíes. Dos de ellos han eludido la cárcel tras el pago de una fianza de 12.000 euros.

La operación policial, dirigida por los juzgados 4 y 5 de Instrucción, se desarrolló el viernes en las dependencias de Extranjería de la calles Pintor Aparicio y Campo de Mirra. En total, fueron arrestados cinco funcionarios -tres auxiliares administrativos y dos conserjes- y seis inmigrantes. La intervención policial se efectuó a instancias de la Subdelegación del Gobierno.

Fuentes judiciales han precisado que la trama de corrupción tenía dos ramas diferenciadas. Una de ellas, actuaba en las oficinas de Extranjería de Pintor Aparicio, órgano encargado de tramitar las solicitudes a extranjeros extracomunitarios. Allí, tres funcionarios, en connivencia con inmigrantes magrebíes establecidos en hoteles de la ciudad, según la policía, expedían supuestamente permisos de residencia y de trabajo, pese a que los demandamentes no cumplían los resquisitos oficiales ni aportaban en su totalidad la documentación exigida. La trama vendía los permisos a inmigrantes, la mayoría procedente de países árabes, a cambio de unos 800 euros. La investigación, a la espera de los resultados de una segunda revisión de los permisos expedidos por la Oficina desde 2001, carece de una estimación aproximada de la cifra de expedientes falsificados y, por tanto, del número de inmigrantes víctimas de la estafa.

Eludir redadas

La segunda ramificación de corrupción, aparentemente sin conexiones según las primeras indagaciones, la integraban dos conserjes de las dependencias de Campo de Mirra y dos inmigrantes, de origen magrebí. Los empleados públicos facilitaban a los extranjeros documentos con sellos oficiales que permitían a los poseedores acreditar que estaban en trámite de obtener los permisos de residencia. Con estos docmentos, que la red vendía a cambio de unos 350 euros, los inmigrantes ilegales eludían a la policía en caso de redadas. La red vendía básicamente los documentos falsos a las mujeres extranjeras obligadas a prostituirse.

Las dos oficinas en las que se ha consumado la estafa fueron habilitadas a raíz del proceso de regularización de 2001. El aluvión de solicitudes colapsó la hasta entonces única Oficina de Extranjería.

El senador socialista Ángel Franco, solicitará hoy la comparecencia del ministro del Interior para que aclare las supuestas responsabilidades políticas derivadas de este caso.