La ley de montes valora los bosques españoles en 164.100 millones de euros

Los terrenos forestales incendiados no podrán ser recalificados, los propietarios deberán restaurar las áreas afectadas y todos los montes habrán de contar con un plan de gestión. Así lo dispone el anteproyecto de Ley de Montes que ayer aprobó el Consejo de Ministros. La norma valora el patrimonio forestal español en 164.100 millones de euros, un cálculo realizado a partir del inventario de montes y mediante estimaciones sobre el precio medio de la hectárea forestal. En esta valoración no se tienen en cuenta la riqueza en biodiversidad o la capacidad como sumideros de CO2.

La Ley de Montes ocupó la agenda de la primera conferencia sectorial que presidía la nueva ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez Herrer. Fiel a su método expeditivo, acreditado en la Secretaría de Estado de Presupuestos, despachó el asunto en dos horas, cuando una ley básica como ésta suele consumir el doble. Las autonomías gobernadas por el PSOE que manifestaron su deseo de someter a votación el texto se quedaron a dos velas. Elvira Rodríguez dijo que el órgano sectorial era sólo consultivo y no había lugar a la votación.

Las votaciones y enmiendas a la ley se expresarán en el Parlamento adonde llega con muchos años de retraso. Siete comunidades autónomas ya disponen de ley propia. Faltaba una ley básica que sustituyera a la de 1957 (preconstitucional) y sirviera de paraguas a las autonomías que son las competentes en la gestión de los montes.

La nueva ley incorpora el criterio de sostenibilidad en el uso y aprovechamiento económico de los montes españoles que ocupan una superficie superior a los 26 millones de hectáreas, algo más de la mitad del territorio nacional. Sólo el 13% de los montes disponen de instrumentos de ordenación.

El Ministerio de Medio Ambiente confía en que la ley contribuya a incrementar ese porcentaje en los próximos años.

Los montes que contribuyan a la conservación de la biodiversidad biológica o los espacios propuestos para formar parte de la Red Natura 2000 entrarán a formar parte del Catálogo de Utilidad Pública. Estos espacios serán declarados de dominio público, lo que conlleva que serán inalienables, inembargables e imprescriptibles.

En este catálogo han figurado hasta ahora la mayoría de los montes situados en las cabeceras de las cuencas hidrográficas por su capacidad para regular el régimen hidrológico y los que protegen el suelo de la erosión. Para los montes de titularidad privada, que son la mayoría (un 72% de la superficie forestal), se crea la figura del monte protector, siempre que cumpla los requisitos de conservación incluidos en el catálogo.

En el corto periodo de debate al que se ha sometido este proyecto de ley desde su presentación (poco más de dos meses) el tratamiento fiscal y económico de estos montes ha sido una de las cuestiones más polémica. Inicialmente se apostaba por compensar a los propietarios de bosques con espacios protegidos, pero se ha desestimado por presiones de las comunidades autónomas.

Como muy pocos bosques españoles son productivos, también se había planteado ayudar a sus propietarios con beneficios fiscales a las rentas de explotación, porque los árboles no se generan en un año, sino en un periodo largo de tiempo. Se ha descartado tal posibilidad en la ley básica. Según la ministra de Medio Ambiente, las ayudas se aplicarán sobre aquellas inversiones destinadas a mejorar el mantenimiento de montes que gocen de algún tipo de protección o dispongan de un plan de ordenación y gestión. Expertos del sector estiman que de esta manera no se beneficiarán directamente los propietarios sino las empresas que intervienen como intermediarias. Una práctica muy extendida ya en las tareas de reforestación de cultivos abandonados financiadas con fondos de la Unión Europea.

Incendios forestales

La ley hace hincapié en que los montes afectados por incendios no se podrán recalificar como suelo urbanizable pero deja en manos de las comunidades autónomas la facultad de fijar plazos para esa posibilidad. Cristina Narbona, secretaria federal socialista de Medio Ambiente y Vivienda, asegura: "La ley debería ser muy taxativa y clara al respecto y no garantiza una gestión sostenible. Si se quiere atacar la especulación inmobiliaria hay que ser más rigurosos". Las autonomías gobernadas por socialistas estudiarán con lupa las disposiciones de la ley, algunas de las cuales ofrecen "indicios de inconstitucionalidad ya que aborda la planificación económica", según Narbona.

A este respecto, la representante socialista destaca la oportunidad de recordar a la ministra que la ejecución presupuestaria forestal heredada es mínima. "Desde que arrancó hace un año el plan forestal el grado de incumplimiento en relación a la aplicación de fondos europeos es bajísimo. En el caso de Extremadura apenas llega al 2%. La Junta le ha pedido una reunión urgente para tratar de actualizarlo".