Ilegalizaciones

El 17 de marzo de 2003 ha sido ilegalizada Batasuna. El 20 de octubre de 1931, el Gobierno provisional de la República española proponía a las Cortes Constituyentes el proyecto de Ley de Defensa de la República. La propuesta, promovida personalmente por Manuel Azaña, se inspiraba en la Ley de Defensa de la Democracia aprobada por la República de Weimar (Alemania) en 1925. Entre las once categorías de delito sujetas a su jurisdicción, incluía la "apología de la monarquía y el empleo de emblemas asociados a la misma", "actos de violencia contra las personas y las propiedades o incitación a ello", y, también, "incitación a desobedecer la ley". Azaña hubiera metido en la cárcel en 2000 al entonces consejero de Justicia, Sabin Intxaurraga, por aquella campaña de desobediencia civil contra las decisiones de la Audiencia Nacional.

Pero también hubiera ilegalizado Batasuna por "apología del terrorismo y el empleo de emblemas asociados a él" (hacha y serpiente) y por "incitación a actos de violencia contra las personas", y lo hubiera hecho por manifiesta "incitación a desobedecer la ley". Eso es lo que hubiera hecho sobre el papel. Lo cierto es que, aparte de algún incidente local (exilio interior de seis meses de un derechista maño por criticar a las Constituyentes, etcétera), apenas se hizo uso de aquella ley.

¿Tienen las democracias derecho a defenderse aplicando la ley? Creo que no cabe duda al respecto. ¿Es correcta la ilegalización de Batasuna? Desde luego, no cabe duda que está ajustada a ley. Pero, con Montesquieu, pensemos en el espíritu de las leyes, en la voluntad del legislador (¿la "voluntad general" de Rousseau?, ¿la voluntad ciudadana?), algo previo a la propia ley. Fue también Alemania la que inició una nueva tradición menos peligrosa para la libertad en el derecho constitucional. En el artículo 9.1 de la Ley Fundamental de la República Federal (1949) quedan prohibidas las asociaciones que vayan "contra el orden constitucional o contra la idea del entendimiento entre los pueblos". Se trataba de hacer imposible el resurgimiento del nazismo. ¿Es legítimo? Por descontado.

En esa idea se inspiró la Ley de Partidos Políticos (6/2002) del Reino de España. Puesta la bola a rodar, apenas hay nada que objetar. La ley se ajustaba al espíritu constituyente de impulsar en los territorios de España un sistema de defensa de la libertad y la democracia (contra las que atenta ETA con sangre, y su gente). El Tribunal Supremo no ha hecho sino aplicar esa ley, y bien está.

Sin embargo, puesto a observarlo con atención especial (todo y cada cosa merece una atención especial), preocupado por la cultura democrática, uno echa de menos la vía penal (no civil o política) practicada en territorios tan nuevos y conflictivos como son los EE UU. Allí se erradicó el Ku-Klux-Klan (los terroristas estadounidenses) sin necesidad de ilegalizar las asociaciones que lo protegían. Bastaron varias leyes de Derecho Civil que amparaban e igualaban al ciudadano de raza negra. Y, luego, la persecución penal implacable de quienes agredían la ley en sentido amplio. En general, y a pesar de Bush y las culturas puritanas y retroactivas yanquis, todo ello ayudó a fortalecer la cultura liberal del Este americano.

En España vivimos tiempos peligrosos; y en Euskadi, decisivos. El PP de Aznar ignora al Parlamento y a la oposición (véase su encuentro en las Azores), e invade al Poder Judicial. Malos tiempos para la lírica democrática. Contra ETA, todos. ¿Batasuna ilegalizada? Se lo han buscado. Las palabras de Otegi deayer suenan antes a las del matón de barrio que a las de un dirigente político. Sin embargo, hablemos con las palabras claras y nuestras del parlamentario José Antonio Labordeta. Batasuna ha sido ilegalizada: coño, ¿y a mí qué? Lo que deseo es la libertad para mí y los míos. Y para ello me molestan o me sobran las leyes ad casum, los entusiasmos gubernamentales y otras milongas que enturbian el clima de las democracias en momentos de excepción.