"El Gobierno sólo quiere mandar en la justicia sin aportar los recursos necesarios"

Núria de Gispert (Barcelona, 1949) regresó al Departamento de Justicia el pasado mes de noviembre, con motivo de la última reestructuración del Gobierno catalán, pero incluyendo también en esa cartera la de Interior. Cuando faltan unos meses para que concluya la legislatura, la consejera afronta un periodo en el que se deberá completar el calendario de despliegue de la policía autonómica y la construcción de nuevas prisiones para sustituir a los tres centros que hay en Barcelona

Pregunta. A la vista de la continua reducción del número de agentes de la policía y de la Guardia Civil, y de las quejas de los alcaldes por la situación creada, ¿se podría reconsiderar el calendario para completar el despliegue de los Mossos d'Esqudra en Cataluña antes de 2010?

"Cuando creamos que debemos hacerlo, anunciaremos dónde irá la nueva cárcel"

"Hemos propuesto que los Mossos d'Esquadra vigilen el recinto del Fórum en el año 2004"

Respuesta. El calendario ya se reconsideró para poner más énfasis en el área metropolitana y en Barcelona. Todo es reconsiderable, pero no se puede pensar en reducir la etapa de formación de los agentes ni en que salgan, como piden los socialistas, dos promociones extraordinarias al año. Las de ahora son de 1.100 y 1.150 agentes, y ya son promociones complejas. Necesitamos una buena preparación, buenos policías. Haremos todo lo posible por avanzar el despliegue, pero todavía no está sobre la mesa cómo, cuándo y qué coste tendrá. Es un tema complicado.

P. La fórmula aplicada en Tráfico para reservar el 15% de cada promoción a los guardias civiles ¿no podría ayudar a resolver el problema?

R. Es una posibilidad, porque la experiencia en Tráfico fue positiva y algunas de estas personas tienen una experiencia y querrán quedarse en Cataluña. Pero es un problema que supera el ámbito de Cataluña, porque el plan del Gobierno de crear 20.000 nuevas plazas de policías y guardias civiles tiene como objetivo cubrir un déficit histórico de más del 17% en el conjunto de España. No sé si sería fácil lograr ese 15% detrayéndolo de otros cuerpos. Ya se ha hablado de eso en alguna ocasión y el Ministerio del Interior no lo ve con buenos ojos.

P. ¿Ya está decidido si los Mossos se encargarán de la seguridad del Fòrum 2004?

R. En la próxima Junta de Seguridad se concretará qué han de hacer esos 700 u 800 mossos que se desplegarán en Barcelona el año que viene. Una posibilidad que hemos propuesto es que vigilen el recinto del Fòrum, pero también pueden colaborar con otros cuerpos en grupos de investigación.

P. La propuesta del Gobierno marroquí de repatriar a los niños de la calle ¿servirá para algo?

R. Es un poco tardía. Hace seis años que lo planteamos desde Cataluña y yo misma fui dos veces a hablar con el ministro de Justicia de Marruecos para abordar el problema, incluso ofreciendo ayuda para crear plazas residenciales.

P. Y las gestiones resultaron un fracaso.

R. Entonces no tenían voluntad política. Si ahora han cambiado, yo creo que donde mejor pueden estar esos niños es en su país, porque es allí donde tienen su cultura y sus familiares. La verdad es que la noticia de la posible repatriación tiene un efecto disuasorio, igual que las medidas cautelares aprobadas por el juez o el fiscal cuando se comete un delito. Creo que o ya no vienen tantos niños de la calle o los que vienen se adaptan mejor a las medidas de protección que se les ofrecen.

P. ¿Qué piensa de la aplicación del Pacto de Estado para la Justicia firmado hace 16 meses?

R. En aquel momento fue una apuesta real y positiva para modernizar la justicia, pero 16 meses después se ha demostrado que sólo ha servido para promover reformas legislativas mezcladas unas con otras. La reforma real de la justicia no se ha planteado hasta ahora. Ahora parece que hay un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que se refiere a la oficina judicial con el que la Generalitat no está de acuerdo tal como lo planteó el ministerio hace seis meses, porque invade competencias de las autonomías.

P. ¿La culpa siempre es del Gobierno español?

R. Tenemos bastante experiencia para saber cómo se debería enfocar una reforma de la oficina judicial, cómo racionalizar los recursos y cómo mejorar la imagen de la justicia, pero no nos lo permiten. Y si el Gobierno aprueba esa ley, interpondremos recurso de inconstitucionalidad porque tenemos unas competencias que nos reconoce el Estatuto. El ministerio debería dedicarse a elaborar leyes y lo que hace es ver de qué manera puede mandar sin aportar los recursos económicos necesarios. Las inversiones de millones y millones de euros que ha hecho el Gobierno de Cataluña se notarían mucho más si la competencia en materia de organización de justicia y de personal fuese plenamente del Gobierno de la Generalitat.

P. Una cuestión que sí depende exclusivamente de la Generalitat es el fomento del uso del catalán en la justicia. El presidente del Tribunal Superior, Guillem Vidal, se quejaba hace unos días de que ha servido de bien poco insistir tanto en que sea un mérito que un juez sepa catalán y afirmaba que es necesario que la Generalitat invierta más dinero para estimular su uso.

R. Comparto el criterio de que no por el simple hecho de que un juez conozca el catalán lo utilizará más. Si hubiéramos comenzado hace 15 años con el plan piloto que ahora estamos aplicando con éxito, entonces habría sido un fracaso y tendríamos críticas. En estos momentos tenemos un centenar de oficinas judiciales en las que entre el 75% y el 90% de los documentos que entran y salen están escritos en catalán. Esto es muy positivo. En 2003 se ampliará el plan y dentro de cuatro años en más del 60% de las oficinas se trabajará en catalán.

P. Para entonces ya deberían funcionar también las cárceles que han de sustituir a las tres que hay ahora en Barcelona ¿Cómo va el plan pactado en su día con el Ayuntamiento de Barcelona?

R. A finales de año se pondrá la primera piedra de Brians 2, un centro de entre 1.500 y 2.000 plazas que se construirá junto a la cárcel actual, en la finca de Can Margarit. Si la Modelo no creciese más en número de presos, sería suficiente para sustiuirla, pero hace falta otro centro porque las cárceles han de esponjarse y se prevé que aumente la población reclusa con las reformas legales en marcha. La ubicación del segundo centro ya está decidida, pero lo anunciaremos cuando debamos.

P. ¿Después de las elecciones municipales?

R. Hace una década se necesitaba conocer la localización con seis meses de adelanto para adaptar el proyecto al solar escogido. Con los avances en materia constructiva, ahora basta con dos meses y mientras se pide el permiso urbanístico al Ayuntamiento se puede adaptar el proyecto al solar. No hace falta decirlo con tanto tiempo. Si es un centro de penados, puede estar hasta a 50 kilómetros de Barcelona. Lo importante es que tenga una autopista cerca, pero necesitamos un mínimo de seis meses hasta anunciarlo.