Mas acudirá al Parlament para evitar la comisión de investigación

A falta de dimisiones, Artur Mas tomó ayer una inesperada medida como penúltimo intento para impedir que el Partido Popular (PP) acabe apoyando una comisión de investigación parlamentaria sobre la manipulación de sondeos. El conseller en cap anunció que este jueves comparecerá, a petición propia, en la Cámara catalana para dar explicaciones sobre los "errores" descubiertos en las encuestas y las medidas adoptadas por el Gobierno, y para denunciar la "campaña de intoxicación y erosión organizada" contra el Ejecutivo catalán.

Ayer por la tarde, la junta de portavoces del Parlament dio un primer paso para constituir una comisión de investigación sobre la polémica de los sondeos. La medida salió adelante gracias a los votos del PP, pese a los denodados esfuerzos del presidente catalán, Jordi Pujol, por impedirlo.

Pujol pasó buena parte de la mañana de ayer hablando por teléfono con el presidente regional del PP, Josep Piqué. Pujol anunció al ministro la inminente comparecencia parlamentaria de Mas y, a cambio, le rogó que el PP frenara en la junta de portavoces la comisión de investigación que deberá votarse en pleno la próxima semana. Pero Pujol sólo consiguió arrancar de Piqué la misma respuesta que en conversaciones anteriores: que Mas dé explicaciones convincentes sobre lo sucedido, identifique al autor de los "errores" y depure responsabilidades. Sólo así, según el PP, Convergència i Unió se libraría de la tan temida investigación parlamentaria.

Cincuenta y seis días después de que aflorara el escándalo de las encuestas, los parlamentarios podrán escuchar este jueves por primera vez la versión de los hechos en boca del conseller en cap. Hasta ahora han sido Jordi Pujol y el consejero portavoz, Felip Puig, quienes han rendido cuentas en el Parlament a raíz de las interpelaciones de la oposición y del Partido Popular.Artur Mas detalló ayer los cuatro objetivos que persigue con su comparecencia en el Parlament: dar explicaciones sobre los "errores" descubiertos en las encuestas y la voluntad de "enmienda del Ejecutivo", informar de las medidas adoptadas, constatar que la Generalitat es la administración más transparente en cuanto a publicitar las encuestas y denunciar la campaña de "intoxicación y erosión organizada contra el Gobierno de la Generalitat".

En una rueda de prensa dedicada casi exclusivamente a la polémica de los sondeos, Artur Mas se mostró muy receloso y se esforzó en esquivar cualquier pregunta sobre el asunto con el pretexto de su próxima intervención parlamentaria. De este modo, eludió concretar si este jueves anunciará más medidas con las que satisfacer las demandas del PP, por ejemplo la destitución de su hombre de confianza y secretario de Comunicación, David Madí, a quien la izquierda responsabiliza de la alteración de los sondeos. "Diga lo que diga [ahora], algunos ya tienen decidido el titular de mañana", respondió sarcástico.

Mas tampoco desveló si en el Parlament identificará a las personas o grupos que están al frente de la "campaña de intoxicación y erosión" contra el Gobierno catalán. A una pregunta de un redactor de este diario, respondió tajante: "Usted los conoce mejor que yo".

Tanto Mas como Felip Puig se limitaron ayer a informar de los acuerdos adoptados en el Consell Executiu con relación a las encuestas. El Gobierno catalán aprobó el decreto que transfiere al Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) las competencias de la extinta Dirección General de Evaluaciones y Estudios. Por otra parte, Puig anunció que CiU apoyará la proposición de ley de Esquerra Republicana para modificar la ley del Idescat y permitir que este organismo sea el futuro embrión del equivalente catalán del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

La proposición de Esquerra otorga al Idescat la competencia de la realización de sondeos, encuestas y estudios de opinión e incrementa el control del Parlament sobre todo el proceso y permite el acceso al público a toda la base de datos. No obstante, el Gobierno catalán quiere que la elaboración de las encuestas quede en manos de empresas externas a la propia Administración. El Departamento de Presidencia mantendrá algunas competencias sectoriales.

El grupo municipal socialistas del Ayuntamiento de Barcelona impidió ayer, con la abstención de Esquerra e Iniciativa, que en el próximo pleno se debata la creación de un registro público de estudios y encuestas. La petición surgió de los grupos de CiU y del PP.